Llamazares reprocha a Dívar que en el ‘caso Garzón’ y de las víctimas del franquismo “el Supremo ha preferido escoger su prestigio corporativo frente a la verdad”

Texto íntegro de la réplica del portavoz parlamentario de IU en la Comisión de Justicia a la intervención del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, en su comparecencia en el Congreso para presentar la Memoria del CGPJ de 2010 (13-2-12)

Quiero agradecer la comparecencia del señor Dívar y también el reconocimiento del pluralismo político y de la opinión crítica, legítima, por parte de los parlamentarios, yo diría, más allá, por parte de la ciudadanía. Me ha llamado la atención, sin embargo, una referencia a la deslegitimación de las instituciones del Estado y, en concreto, a la deslegitimación del Tribunal Supremo.

En primer lugar, he de decir que me es muy difícil separar la presidencia del Consejo General del Poder Judicial de la presidencia del Tribunal Supremo, no tengo fe y, por tanto, no creo en esa materia, pero voy a intentar limitarme a su responsabilidad como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Aunque nos ha remitido, como está previsto, los dos informes, las dos Memorias -que quiero destacar de su intervención-, no ha hecho referencia -sí existe en la Memoria- a las resoluciones y al cumplimiento o no de las resoluciones del Congreso de los Diputados. Viene a ser una suerte de recurso formal que nosotros hagamos unas resoluciones y que el Consejo General del Poder Judicial haga un relativo caso de esas resoluciones. Le recuerdo, señor presidente, que, como usted bien ha dicho, son el órgano de gobierno de los jueces y no vienen aquí únicamente en función de una cuestión protocolaria, vienen aquí también para recibir la orientación del Congreso de los Diputados en una materia que no es jurisdiccional, en una materia que está sometida al control y a la orientación política de la Cámara.

Quería hacer una referencia al tono general de su presentación. Yo le agradezco que no haya hecho únicamente la presentación de la Memoria de 2010 porque realmente avergüenza tener que estar a estas alturas hablando de la Memoria de 2010 habiendo pasado ya el año 2011. Sin embargo, es una responsabilidad compartida, una responsabilidad que seguramente tenemos Congreso de los Diputados y Consejo General del Poder Judicial, pero, sin lugar a dudas, devalúa esta comparecencia y devalúa la Memoria.

Una Memoria anacrónica normalmente no permite intervenir en tiempo real sobre los problemas ni corregir suficientemente las insuficiencias. Yo quería transmitirle al presidente del Consejo General del Poder Judicial una honda preocupación por parte de mi grupo parlamentario, una preocupación por algo que probablemente compartamos el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y es una crisis de credibilidad profunda entre los ciudadanos, una crisis de credibilidad que tiene que ver con las deficiencias como servicio público en el caso del Poder Judicial; deficiencias que han resaltado los ciudadanos, aunque el presidente del Consejo General del Poder Judicial en su información considera que se van subsanando, son tan graves que los ciudadanos siguen considerando que estas deficiencias son inaceptables.

Es más, son unas deficiencias que se agrandan en condiciones de crisis, señor presidente, porque el sistema democrático es un sistema basado en la desigualdad, en una desigualdad profunda pero que tiene contrapesos a la desigualdad. Uno de ellos es la igualdad electoral, la igualdad de voto; otro es la igualdad ante la Justicia, y también la igualdad, llamémosle, en condiciones sociales básicas, la igualdad social.

Pero en esta crisis económica todos estos instrumentos se están viendo debilitados y lo que entonces eran poderes de compensación se han convertido en poderes débiles, poderes muy débiles: el poder débil de este Parlamento, el poder débil también de la Justicia. Pero eso no nos exime en absoluto de responder a la desconfianza de los ciudadanos. En primer lugar, yo creo que el presidente del Consejo General del Poder Judicial tendría que haber traído aquí una preocupación por la honda crisis que sufre el Poder Judicial como servicio público y como poder del Estado; una honda, una profunda crisis que ven los ciudadanos que son, en definitiva, de los que emana prácticamente el conjunto del sistema democrático y que deben ver también los órganos de gobierno de los jueces. Al parecer no es así, y parece que las cosas se mueven en un sentido favorable y eso permite no ver la crisis.

Hablaré de la crisis de servicio público, que viene siendo una crisis ya conocida y que los ciudadanos reiteran como preocupación en cada encuesta que se hace. Dicen que la Justicia es lenta, dicen que no entienden su lenguaje -un lenguaje abstruso- y dicen también que sus sentencias son arbitrarias y contradictorias. Si ese servicio público está así, algo tendremos que hacer y no solamente en materia de recursos, que es una materia muy importante, sino también en materia de voluntad política, de coordinación y de profundización en una Justicia más democrática y más cercana a los problemas sociales de este país.

Porque quien más sufre los defectos de la Justicia como servicio público -lo he dicho antes- son los sectores más frágiles de la sociedad española. No hay más que ver la población penitenciaria que tenemos para darnos cuenta de que la Justicia no es igual para todos. Nuestra población penitenciaria, como la de muchos países de nuestro entorno, es una población de un determinado estrato social y el delincuente de ‘cuello blanco’ prácticamente no pasa por el ámbito penitenciario. No les deseo ningún mal; les deseo en todo caso que la Justicia sea igual para todos.

Se ha dicho recientemente por parte de un vocal del Consejo General del Poder Judicial -seguramente lo interpretamos mal- que aunque es igual para todos ‘depende de las circunstancias’. Espero que no dependa también del rango, del estatus del justiciable. Creo que eso no es así y no me pasa por la cabeza que se piense de otra manera.

Señor presidente, me gustaría plantearle también la honda y profunda crisis, el entredicho en que se encuentra el Tribunal Supremo. Con su intervención de hoy me ha dado la misma impresión que me dio cuando vi la película ‘La reina’, sobre una de las crisis más importantes de la monarquía británica. ¿Se acuerda usted? Se marchó a Balmoral, no a reflexionar sino fundamentalmente a pasarlo bien. En su intervención de hoy sobre la crisis y la situación de entredicho del Tribunal Supremo creo que usted se ha ido a Balmoral. Diríamos en términos castizos a ‘Babia’, pero es una zona de Castilla y León, cercana a Asturias, tan bonita que prefiero hablar de Balmoral.

Señor presidente del Tribunal Supremo, usted tiene entre las manos un ‘caso Dreyfus’ en España y porque diga en esta Cámara que usted viene aquí únicamente en calidad de presidente del Consejo General del Poder Judicial no va a poder eludir su grave responsabilidad. Como en el ‘caso Dreyfus’, ustedes han escogido entre la verdad, el prestigio de la institución.

Ha prevalecido el prestigio corporativo de la institución -en el ‘caso Dreyfus’ fue el Ejército; en este caso se trata del prestigio corporativo del Tribunal Supremo- sobre la verdad. La verdad en relación con unas víctimas que tienen tanto derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación como cualesquiera otras, las víctimas del terrorismo o las víctimas del franquismo, y también la verdad en la lucha contra la corrupción.

Da la impresión de que el Tribunal Supremo y el conjunto de la Justicia española, como también probablemente el Legislativo, estamos dejando pasar un caso gravísimo de corrupción generalizada que finalmente está deteriorando de manera muy grave las instituciones. Decía Zola entonces que él no conocía a ninguno de los miembros del tribunal ni quería conocerlos, y que lo único que pretendía era la luz. Señor presidente del Tribunal Supremo, yo no conozco a ninguno de los miembros del Tribunal Supremo, no necesito conocerlos, creo que son profesionales que hacen su función, pero le digo al mismo tiempo que quiero que se haga la luz, y que en estos momentos usted tiene entre las manos un perjuicio irreparable no solamente a la Justicia, que es algo que también afectaría a los que estamos hoy en la Comisión de Justicia del Congreso, sino un perjuicio irreparable a la democracia española.

Está sentencia del juez Garzón avergüenza a los ciudadanos de este país, a la mayoría de los ciudadanos de este país. Las encuestas lo dicen así. Ustedes pueden ignorarlas si quieren. Esta sentencia es un escándalo internacional. Un escándalo que ha bajado nuestra justicia a un nivel mínimo, señor presidente. Por tanto, debe ser tenida en cuenta por parte de quien tiene la responsabilidad en el Consejo General del Poder Judicial. Yo, como diputado del Congreso, y como diputado y representante de los ciudadanos me atengo y tengo obligación de acatar la Justicia, pero no acato una sentencia injusta, no acato una barbaridad y no acato un escándalo. Ni la acato ni la respeto en estos momentos con mi representación del Congreso de los Diputados. Es superior en este caso mi representación de la verdad a mi defensa de la institución. Y la verdad, en estos momentos está contradicha por parte de la institución.

Señor presidente, en relación con el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial ha eludido otro de nuestros males, otro de los males de este país y otro de los males de la Justicia. Dice usted que en materia de nombramientos -creo que está al principio del prólogo del informe- han llegado a acuerdos y a consensos en el Consejo General del Poder Judicial. Bienvenido sea el fin del conflicto y de la bronca. Bienvenido sea. Ahora bien, a mí no me parece bien, ni a mi grupo tampoco, sustituir el conflicto como si el Consejo fuera un Parlamento bis por lo que podríamos llamar la ‘teoría del reparto’. A nosotros no nos parece bien la ‘teoría del reparto’, preferimos la transparencia, preferimos el método y la capacidad para los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y no estamos seguros de que esto esté prevaleciendo en estos momentos. Creemos que es al contrario, que es la ‘teoría del reparto’ la que prevalece. Hace menos ruido, pero hace tanto daño como la teoría del conflicto.

En segundo lugar, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, el aspecto relativo a la formación. Desde luego, uno de los problemas que tenemos en el desarrollo de la Justicia como servicio público es una formación memorística, una formación que selecciona élites y una formación que se distancia cada vez más de los ciudadanos. Yo le diría algo más respecto de la formación de los jueces y en la formación continuada. Se lo he dicho por carta, pero se lo voy a decir también personalmente: Es una información sesgada. Por ejemplo, en materia de aguas, ustedes contratan con la empresa principal gestora de aguas de este país un informe prácticamente para esa materia. Yo le pido, señor presidente, si ustedes tienen esa voluntad de equilibrio, que también se hagan informar por parte de las organizaciones ambientalistas, organizaciones ecologistas, para al menos tener distintas concepciones. Pero yo alerto en la formación al igual que en mi profesión. Ha sido tan nefasta en mi profesión la formación patrocinada, que yo alerto al Consejo sobre la formación patrocinada como una formación sesgada, muchas veces alejada de los intereses de los ciudadanos y cercana, por supuesto, a los intereses de unos pocos.

Señor presidente, tampoco estamos satisfechos en materia de inspección. Nos movemos a veces en una sensación de que la inspección y las sanciones funcionan muy deficientemente -se ha dicho aquí por parte de diversos portavoces de los grupos parlamentarios-, pero, como he dicho antes, no tenemos ninguna intención de que el funcionamiento de la Justicia se haga en base a inspecciones y sanciones. Por otra parte, tenemos también la interpretación de que a veces la inspección se utiliza para mermar la autonomía de un juez, para mermar la independencia del Poder Judicial. En ambos casos nos parece negativo, creemos que son excesos que no deberían producirse y, en ese sentido, también le traslado mi preocupación.

Señor presidente, asimismo nos gustaría que los gastos de las vocalías del Consejo tuvieran en cuenta la situación de crisis que vivimos y, por tanto, estuvieran también de acuerdo con la política de austeridad. No parece que sea así por los datos que nosotros tenemos y sí le traslado también que esa austeridad es también un tinte de honor en este caso, también de credibilidad, para el propio Consejo General del Poder Judicial.

Le traslado asimismo la preocupación de mi grupo parlamentario por materias –vuelvo a repetir- que son de honda sensibilidad social. Materias como la corrupción, la corrupción en nuestro país, que necesita una actitud activa por parte de los distintos poderes del Estado para que no se deslegitime nuestra democracia. Y, por otra parte, todo lo relativo a la cuestión social o a los menores y la violencia de género. Para nosotros son aspectos muy importantes, así como todo lo relativo a la vigilancia penitenciaria, a la justicia penitenciaria, que es tal como le he dicho antes el reflejo, la representación de la profunda desigualdad que vive nuestro país.

Termino, presidente, gracias por su generosidad. Termino, presidente del Consejo General del Poder Judicial –también, gracias por su comparecencia- alertando sobre los poderes políticos. La última reflexión es que cuando los poderes democráticos vemos que nos está siendo hurtado prácticamente nuestro poder por parte del poder económico, tenemos una cierta tendencia a compensar nuestra falta de poder con sobreactuación; con una enorme sobreactuación. Yo les alerto –y también alerto a mis propios compañeros del Legislativo- para que no sustituyamos esa impotencia, o esa sensación de impotencia, por un poder ensimismado o por un poder soberbio. Yo creo que el Poder Judicial debe estar también alerta para no ser un poder ensimismado o un poder soberbio.

En la foto Gaspar Llamazares interviniendo en Comisión parlamentaria.