IU exige responsabilidades por el "desastre social, ambiental y económico" causado por el vertido de fuel en la costa asturiana

Izquierda Unida Federal exige responsabilidades por el “desastre social, ambiental y económico” que afecta a la costa asturiana como consecuencia del vertido de fuel causado por la térmica de Hidroeléctrica del Cantábrico. Igualmente, esta formación  pide la creación urgente de una “comisión de investigación que depure responsabilidades” y reclama un Plan de Restauración Ambiental inmediato, que debe ir acompañado de las compensaciones económicas que den respuesta a la incidencia socioeconómica que provocará en la comarca afectada.

“Reclamamos -señala Adolfo Barrena, responsable federal de Energía y Medio Ambiente de IU, la asunción de responsabilidades, tanto al Gobierno del Principado como a la propia empresa Hidroeléctrica del Cantábrico, para lo cual es urgente abrir una investigación a fondo de la causa de los vertidos de combustibles”.

Barrena incide en que “resultan reiteradas las ocasiones en las que estos hechos se repiten, aunque no con la gravedad del sucedido ayer. Ello demuestra con claridad que la exigencia del cumplimiento de la normativa no está bien resuelto por el Gobierno de Asturias y que determinadas empresas incumplen reiteradamente los protocolos y las medidas de seguridad necesarias y obligatorias”.

Según datos aportados por los cargos públicos de IU de Asturias, el vertido ha obligado a cerrar al baño distintas playas justo en el inicio de la campaña turística de verano, lo que afecta gravemente a la economía local. “Por ello -señala Barrena- reclamamos, además de la investigación de los hechos, el mencionado Plan de Restauración Ambiental, así como medidas administrativas y económicas que compensen a la economía local de las afecciones provocadas por el vertido”.

Para el dirigente federal, “lamentablemente hechos como éste vuelven a poner de manifiesto las graves consecuencias de un modelo económico y productivo en el que la defensa del medioambiente  está sometida a los intereses económicos. Reclamamos que la empresa causante de los daños debe asumir sus responsabilidades civiles, administrativas, económicas y, si las hay, penales”.

En su opinión, “es tiempo ya de que la ciudadanía, los agentes sociales y económicos, así como las administraciones públicas asuman que las cuestiones ambientales deben ser tenidas en cuenta, incorporadas a la práctica diaria de la vida política, social y económica. Sólo así estaremos trabajando, de verdad, por un desarrollo económico sostenible que tenga en cuenta  el interés de la mayoría social, frente a los beneficios económicos de una minoría”.


(En la foto, Carreño, Asturias)