Llamazares reclama al Gobierno que informe sobre el "balance de las ayudas e indemnizaciones" de los dos decretos ley aprobados en 2011 y 2012 para paliar los daños de los terremotos de Lorca

Coincidiendo con el segundo aniversario de los seísmos que asolaron la localidad murciana el diputado de IU registra una batería de preguntas escritas dirigidas al Ejecutivo de Rajoy ante “la situación desalentadora que viven miles de personas, que siguen pendientes de las ayudas prometidas que no se han cumplido”

El diputado de Izquierda Unida y portavoz adjunto en la Comisión de Fomento del Congreso, Gaspar Llamazares, ha solicitado hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que informe sobre el “balance de las ayudas e indemnizaciones establecidas en el Real Decreto Ley 6/2011 y el Real Decreto Ley 11/2012” para dar respuesta a la catástrofe ocasionada por los terremotos que asolaron la localidad murciana de Lorca hace dos años y que causaron 9 víctimas mortales, además de centenares de heridos y cuantiosos daños materiales en viviendas particulares, edificios públicos y en su patrimonio histórico.

Llamazares concreta esta iniciativa parlamentaria a través de una batería de preguntas por escrito dirigida al Gobierno registrada hoy en la que, además, pide al Ejecutivo central del PP que dé explicaciones sobre cuestiones muy concretas como “¿Qué grado de ejecución ha tenido hasta ahora la línea de crédito ICO-Lorca?, ¿A cuántos damnificados se les ha pagado indemnizaciones públicas, de todos los expedientes resueltos por la Comisión Mixta? y ¿A cuánto ascienden las ayudas entregadas a los damnificados, de lo recaudado y administrado por la Mesa Solidaria?”

Para el parlamentario de IU “la situación de miles de personas dos años después de esta tragedia continúa siendo desalentadora. Muchos no han podido volver a sus casas. Hay personas cuyos negocios siguen cerrados. La realidad es que más de 5.000 damnificados siguen pendientes de ayudas”.

Señala que “a la situación de dejadez y desamparo administrativo contribuyen hechos como que muchos de los vecinos afectados por el terremoto han recibido hace poco un SMS de la Consejería murciana de Obras Públicas pidiéndoles que volvieran a presentar en el Ayuntamiento toda la documentación ya entregada para poder recibir las ayudas públicas de urgencia para alquiler de viviendas sustitutivas de las que quedaron inhabitables por los seísmos”.

Además, según las distintas cifras que se barajan, se está reconstruyendo sólo un tercio de las 1.152 viviendas demolidas y quedan otras 110 en ruina económica y sin derribar.
Los cálculos más optimistas hablan de un éxodo de entre 2.000 y 3.000 personas que han abandonado la ciudad, además de los 1.000 lorquinos y lorquinas que continúan desplazados fuera de la localidad. El 25% del comercio afectado no ha vuelto a abrir.

Las ayudas públicas para poder pagar los alquileres de otras viviendas donde vivir siguen sin llegar: sólo un 25% de las 1.150 familias que vieron sus hogares demolidos han recibido el adelanto para alquiler de los cuatro primeros meses tras el terremoto. El resto, el 75%, no recibió nada. Y, desde noviembre de 2011, tampoco se ha pagado la renta a esa cuarta parte supuestamente afortunada que tuvo la suerte de cobrar algo.

En esta misma línea, Gaspar Llamazares destaca que poco antes de este segundo aniversario, y con un retraso descomunal, el Gobierno de Rajoy hizo público el ‘Plan Lorca +’, decepcionante, escaso y con objetivos muy a largo plazo, puesto que reduce de forma sustancial la previsión económica inicial planteada por el PP en 2011, al pasar de los anunciados 1.650 millones de euros a los 1.202 que prevé ahora, y sobre los que ni siquiera existen garantías de que vaya a cumplirse”.

Para el diputado de IU, “la comisionada del Gobierno para los asuntos del terremoto es una de las responsables del mal funcionamiento de la tramitación y retraso de las ayudas, así como del incumplimiento del compromiso del Gobierno de construir 300 viviendas, porque no está claro cómo se resolverá definitivamente el pago de los derribos fuera de plazo”.

Por ello, pregunta también al Ejecutivo en su iniciativa si “¿piensa cesarla dada la ineficacia de su gestión?”