IU, ICV-EUiA, CHA registra su Enmienda a la Totalidad de devolución al proyecto de Ley de Seguridad Privada

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, presenta la siguiente Enmienda a la Totalidad  de devolución al Proyecto de Ley de Seguridad Privada (121/000050)
 
ENMIENDA A LA TOTALILDAD DEL PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD PRIVADA

La exposición de motivos del Proyecto de Ley de Seguridad Privada  destaca los “notables avances en la consideración ciudadana y en replanteamiento del papel del sector privado de la seguridad, reconociéndose la importancia, eficacia y eficiencia de las alianzas público – privadas como medio para hacer frente y resolver los problemas acuciantes y variados de seguridad que se producen en la sociedad.”. A juicio de nuestro Grupo Parlamentario, este breve párrafo condensa la finalidad perseguida por el Gobierno en todo el texto del Proyecto de Ley, que no es otra que la de abrir la puerta a la privatización de la Seguridad Pública. Los argumentos de eficiencia y eficacia de las alianzas público- privadas para resolver los problemas de seguridad, junto a una demanda social inexistente, no difieren en mucho a los ya esgrimidos para justificar las privatizaciones que están llevando a cabo los Gobiernos del PP en sanidad, educación o justicia.
 
En este contexto, y de forma coherente con nuestra posición, solo cabe reiterar nuestro rechazo absoluto a la política de privatizaciones emprendida por este Gobierno con la seguridad pública. Al mismo tiempo, no puede obviarse que el extraordinario desarrollo que en los últimos años ha experimentado el sector privado de la seguridad responde directamente a decisiones políticas que se han tomado desde las distintas administraciones públicas, pero no a la existencia de una demanda social real. España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, y sus ciudadanos no perciben la delincuencia como uno de los problemas más importantes.

El Gobierno apoya esta reforma de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada, y su desarrollo - ciertamente disperso - en una premisa que no podemos compartir y que consideramos radicalmente falsa. No existe una demanda social que justifique la prestación de nuevos servicios de seguridad privada, o lo que es lo mismo, para que las empresas del sector amplíen su campo de negocio.
 
Basta comparar someramente la norma vigente en la actualidad, Ley 23/1992, con el presente Proyecto de Ley para comprobar que el Gobierno pretende privatizar una gran parte de la seguridad pública, llegando hasta el punto de convertir la seguridad privada en una especie de ‘Policía Privada’, lo cual es sumamente preocupante y muy perjudicial para el Estado de Derecho. El Proyecto de Ley de Seguridad Privada, así entendido, determina una mayor privatización de la Seguridad Pública, y ahonda en un efecto discriminatorio en la ciudadanía, que podría traducirse en que tendrá seguridad “quién pueda pagársela”
 
Por otro lado, las prerrogativas que señala el Proyecto de Ley para las empresas de seguridad privada (en vigilancia e investigación), se ven ampliadas en gran medida, lo cual significa un incremento del control social, absolutamente injustificable. En el binomio de libertad-seguridad, siempre inestable, se descompensa de nuevo hacia la seguridad, entendida como mayor represión (aunque sea con la apariencia de "prevención", situacional y/o disuasiva especialmente).
 
El Proyecto de Ley incide en todo momento en la complementariedad de la seguridad privada respecto a la pública, como así lo refleja en su exposición de motivos y en su artículo 1, insistiendo también en que la seguridad privada debe ser un “recurso externo” de la pública. Así lo recoge el artículo 4, cuando se establecen los fines de la seguridad privada, se explicitan sus objetivos, y entre ellos se recoge el de complementar la seguridad privada: “complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública”. Eufemismos todos ellos cuyo fin primordial es justificar que la seguridad privada desbanque y sustituya a la seguridad pública cada vez en más sectores y áreas.
 
Resulta incongruente que en la exposición de motivos se afirme que “la seguridad no es solo una valor jurídico, normativo o político, es igualmente un valor social, es uno de los pilares primordiales de la sociedad, se encuentra en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos”, para a continuación poner ese valor esencial o pilar fundamental en manos de empresas privadas cuyos fines son lógicamente comerciales y sus criterios de actuación son básicamente economicistas.
 
La invasión de áreas de la Seguridad Pública por parte de la seguridad privada, la pretensión de situar a las empresas de seguridad privada en pie de igualdad - complementarias y colaboradoras - con los cuerpos policiales; o la consideración de "agentes de la autoridad" para empleados privados – entre otras cuestiones, pueden contravenir la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en algunos casos, son de dudosa constitucionalidad.
 
Más paradójica aún resulta aludir a la eficiencia, cuando precisamente la eficiencia del sistema de Seguridad Pública se resiente gravemente cuando se subdividen los elementos que intervienen en el mismo (falta de coordinación), como ocurre actualmente. Con la actual ley de Seguridad Privada, más restrictiva para las empresas de seguridad privada, los casos de división y de oscurantismo han proliferado, sin que el Proyecto de Ley aporte ningún elemento novedoso para corregir esa experiencia negativa. Ni siquiera determina un método de supervisión eficaz.
 
El Proyecto de Ley desarrolla conceptos sobre la relación entre las empresas privadas y la Seguridad Pública (desde complementariedad a subordinación), que permitiría a las empresas privadas situarse en un plano de igualdad, en sus funciones, con los cuerpos de Seguridad Pública. Si su capacidad lo permite,  operarán en consecuencia, al máximo de su potencial. A juicio de nuestro Grupo Parlamentario, estas empresas privadas han de ser "auxiliares" en la Seguridad Pública siempre.
 
El entramado de múltiples dependencias en el control de las empresas de seguridad privada, con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en el ámbito estatal, y las Policías Autonómicas en sus ámbitos competenciales, determina en el Proyecto de ley una compleja organización falta de coherencia. La experiencia de la realidad actual ya ha demostrado casos de graves disfunciones, por lo que una nueva normativa debe facilitar una mejor articulación, desde el máximo respeto a las competencias que sobre esta materia tienen atribuidas las Comunidades Autónomas y los Municipios.
 
Especialmente preocupante resulta además la ampliación de servicios de vigilancia y protección en espacios o vías públicas. En este apartado no podemos obviar el impacto en el ámbito de Instituciones Penitenciarias, dónde se ha dado el primer paso de privatización en la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios, bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, con el rechazo total de los sindicatos del sector, que alertan sobre el temor a que este sea sólo el primer paso para la privatización de las seguridad en los centros penitenciarios.
 
El resultado del incremento de la privatización que representa este Proyecto de Ley dificulta la elaboración de una Política Criminal consistente democráticamente. Una parte relevante de esa Política Criminal corresponde a los servicios y agentes de seguridad, cuyos efectivos de empresas privadas van camino de superar en número y capacidad tecnológica a los dispositivos públicos. El proyecto de Ley, en este sentido, no solo no corregirá tal despropósito, sino que agravará el mismo.
 
Es más, la nueva regulación, origina una diversificación privatizadora inaceptable para una política pública de promoción de la seguridad. La ampliación de la intervención de las empresas privadas en la Seguridad Pública va en detrimento de la dirección oportuna de la misma. Ni las condiciones que establece el Proyecto de Ley, ni la experiencia de este modelo privatizador (EEUU, Bélgica, etc.), avalan la mejora de la seguridad, sino todo lo contrario. Países que han ahondado en la privatización de la seguridad han empeorado sus indicadores delincuenciales, como en las comunidades autónomas de España que más empresas de seguridad privada intervienen observamos los índices de delincuencia más altos (los datos señalan que a más seguridad privada más delincuencia)- añadimos que más control privado y menos libertades.
 
En definitiva, con la presentación de este Proyecto de Ley, el Gobierno antepone las demandas de un sector determinado a la necesidad real de abordar un nuevo sistema de policía descentralizado, civil, dotado de medios técnicos adecuados, que resuelva la preocupante falta de coordinación de las distintas Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, las duplicidades y afronte con decisión la necesaria modernización de los mismos, que es una asignatura pendiente desde hace muchos años.
 
Por último, debemos mencionar las importantes carencias del Proyecto de Ley en el reconocimiento de la profesión y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector. Concretamente el Proyecto de Ley requiere una profunda revisión en cuestiones tan importantes como la formación, tanto reglada como continua y ocupacional, la aplicación efectiva del derecho de huelga en el sector, ampliación del derecho de huelga de los/as vigilantes y garantizar su respeto pleno tanto por las empresas como el Ministerio de Interior a  fin de evitar la fijación de servicios mínimos abusivos, la delimitación exhaustiva de  la prestación de servicios para las empresas de  Seguridad Privada, el régimen de sancionador más estricto con el incumplimiento que en ocasiones realizan las empresas en perjuicio de los derechos laborales o  la falta de medidas efectivas contra el intrusismo.