Ángela Vallina solicita a la Comisión Europea que investigue prácticas abusivas de los registradores y defiende que se equipare su régimen retributivo al del resto de funcionarios

La eurodiputada se dirigió hoy a la Comisión Europea denunciando el posible incumplimiento de varias normativas europeas, especialmente la Directiva sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y defiende el equiparamiento del régimen retributivo al del resto de funcionarios.

“Los registradores de la propiedad y mercantil son funcionarios públicos y su régimen retributivo debe estar equiparado al del resto de funcionarios, limitándose el ejercicio de su labor por el carácter de servicio público y no por el ánimo de lucro”, afirma Vallina en la pregunta parlamentaria que ha registrado hoy.

Los Registros ingresan al año alrededor de dos mil millones de euros -cerca del 0,2% de PIB español- los cuales, una vez deducidos gastos, son patrimonializados directamente por las y los registradores titulares de cada oficina a pesar de ser generadas por una Oficina Pública.

Además, la eurodiputada señala que “cuando la ciudadanía requiere de este servicio público es tratada en régimen de consumo con condiciones de mercado abusivas: paga por servicios que no puede eludir sin poder elegir quien le presta estos servicios y careciendo de cualquier tipo de control público sobre las cuentas de los Registros”, únicas oficinas públicas que no presentan cuentas ni se hallan sometidas al control del Tribunal de Cuentas.

De esta manera Vallina denuncia la situación de “cautividad absoluta” del ciudadano que, en muchos casos, se traduce en continuas subidas del coste final del servicio mediante la creación o multiplicación discrecional de conceptos exigibles por cada oficina.

Además de esta pregunta, la eurodiputada miembro de la Comisión de Peticiones ha anunciado que Izquierda Unida Asturias va a registrar una petición ante esta Comisión del Parlamento Europeo para que la Comisión Europea investigue las prácticas abusivas existentes y exija a las autoridades españolas competentes el equiparamiento de la actividad y el régimen retributivo y laboral de estos trabajadores al del resto de funcionarios y servicios públicos.

“Rechazamos cualquier liberalización y privatización de la actividad de los Registros pero creemos necesario que, para una mayor protección de la ciudadanía ante los frecuentes abusos y costes excesivos, se debe de mejorar el control público de su actividad y acabar con los privilegios de los registradores equiparando su régimen retributivo al del resto de trabajadores públicos”.

Por todo ello, la europarlamentaria asturiana solicitó a la Comisión Europea que investigue el sistema registral español para comprobar su adaptación a la normativa comunitaria, teniendo en cuenta especialmente la Directiva 93/13/CE, sobre cláusulas abusivas en los contratos, y la legislación sobre competencia profesional.