El Área Federal de Migraciones de IU se congratula de la decisión del Juzgado de Instrucción de Melilla de imputar al mando de la Guardia Civil en Melilla por expulsiones irregulares

IU pide cumplimiento de las leyes y tratados internacionales y reitera la petición de cese o dimisión inmediata del Director General de la Guardia Civil y del Ministro del Interior

Desde el Área Federal de Migraciones de IU queremos mostrar nuestra satisfacción ante la decisión del Juzgado de Instrucción número dos de Melilla de imputar al comandante jefe de la Guardia Civil de la ciudad autónoma, Ambrosio Martín Villaseñor, por la presunta comisión de un delito de prevaricación por permitir las expulsiones inmediatas de inmigrantes en la valla melillense, ilegales según la Ley de Extranjería y el convenio bilateral hispano-marroquí, y que además vulneran toda legislación nacional e internacional en materia de derecho de asilo. Por tanto, creemos que se trata de una decisión absolutamente justificada y motivada.

Entendemos que el auto del juzgado desmonta jurídicamente la validez del "protocolo operativo de vigilancia de fronteras", una orden interna firmada por el imputado, que avala las devoluciones sin identificación previa de aquellas personas que no han superado la última alambrada, la más cercana a la ciudad autónoma. Como viene reclamando Izquierda Unida, el auto sostiene que la soberanía española recae sobre toda el área fronteriza, lo que viene a desmontar el argumento defendido por el Ministerio de Interior de que en la zona fronteriza rige un concepto difuso de soberanía, una especie de tierra de nadie donde la ilegalidad y la prevaricación se han convertido en norma. Es decir, un esperpento jurídico.

Como nos recuerda el auto, para el Ministerio del Interior el concepto legal de frontera vs territorio soberano se encuentra sometido, sin amparo legal, a una interpretación de carácter policial. Así, la resolución judicial pone de manifiesto que "nos encontramos ante dos conceptos de frontera diferentes, uno de naturaleza jurídica y otro de naturaleza operativa o funcional. El primero se acomoda a los Tratados Internacionales suscritos entre los reinos de España y Marruecos, mientras que el segundo parece responder a un criterio de gobierno, político, o de simple operatividad policial”, lo que evidencia que la actuación de nuestras autoridades no tiene apoyo legal alguno. Por ello, la resolución judicial supone un espaldarazo a todos aquellos que venimos denunciando la actuación ilegal y prevaricadora del gobierno en este asunto, además de asumir plenamente la argumentación jurídica de las dos querellas presentadas por las ONG Prodein, Andalucía Acoge y Sos Racismo.

Esta decisión del juez solo puede producir sonrojo e indignación a las autoridades españolas, ya que con la interpretación que desde el Ministerio del Interior se ha querido hacer sobre la entrada en territorio nacional de las personas que llegan a nuestras fronteras, sea por tierra o mar, tratando de dar carta de naturaleza legal a las llamadas “expulsiones en caliente”, se ha vulnerado toda la legislación aplicable a este tipo de situación, vulnerando además lo dispuesto en el propio Código Penal. Ante este constante quebrantamiento de la ley en Ceuta y Melilla, solo cabe mostrar nuestro apoyo a la decisión del Juzgado de Instrucción de Melilla de avanzar en la investigación e ir perfilando las responsabilidades penales que a tales actuaciones prevaricadoras puedan corresponder, aunque desde IU mantenemos que el avance en dicha investigación penal sobre los subordinados directos del Ministro del Interior y el Director General de la Guardia Civil no hace más que mostrar la urgente necesidad de que sean asumidas responsabilidades políticas y que dimitan o sean cesados los máximos responsables de Interior y de la Guardia Civil, todo ello sin obviar la propia responsabilidad penal en que pueden haber incurrido el Ministro del Interior y los altos mandos del ministerio que, al fin y al cabo, son los responsables de las órdenes cursadas.

En cualquier caso, dada la naturaleza y gravedad de los hechos que se vienen sucediendo en las últimas semanas, y más allá de las actuaciones penales y sancionadoras necesarias, reiteramos que la magnitud de lo que está sucediendo en Ceuta y Melilla exige la intervención de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para que de forma independiente evalúen la intensidad de la violación a los derechos humanos que se está produciendo y emprendan acciones concretas para la protección de los migrantes.