Sixto logra sacar adelante en el Congreso una iniciativa para que los presos no trabajen en las cárceles para empresas que hayan ejecutado despidos o presentado un ERE 

El diputado de IU y portavoz parlamentario de Interior defiende la proposición no de ley de IU, ICV-EUiA, CHA que recoge varios ejemplos de acuerdos firmados con compañías que pagan a los reclusos unos tres euros por hora de trabajo para mantener su producción tras haber aligerado sus plantillas

El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, a través del diputado de Izquierda Unida y portavoz de Interior, Ricardo Sixto, ha sacado hoy adelante en el Congreso con sólo una abstención una iniciativa parlamentaria para que los presos no trabajen en las cárceles para empresas que hayan ejecutado despidos o presentado expedientes de regulación de empleo (ERE).

Sixto ha valorado durante su intervención en la Comisión de Interior de la Cámara Baja el trabajo de reinserción que se lleva a cabo con los penados, pero consideró que “no está justificado” que haya empresas con estas características que se aprovechen de las facilidades que otorga la reforma laboral y que, además, quieran seguir produciendo con los presos a “costes menores”.

El parlamentario de IU insistió en que “no se puede entender que se pueda proceder a aprovechar las reformas legales” emprendidas por el Gobierno en materia laboral para “acabar despidiendo a trabajadores que tienen un coste laboral determinado” y trasladar esa carga de trabajo a instituciones penitenciarias, “donde las condiciones de producción para la empresa tiene unos costes menores que en los centros de trabajo habituales”.

La proposición no de ley impulsada por Ricardo Sixto recoge en su exposición de motivos algunos ejemplos que ilustran el caso tratado, que en el año 2012 se plasmó en un programa en el participaron más de 3.100 reclusos y que “se ha convertido en algunos casos en un negocio lucrativo” para algunas de las empresas participantes.

El texto de IU, ICV-EUiA, CHA menciona el caso de la multinacional de piezas para autolavados de vehículos Istobal -denunciado por diversos sindicatos- que ha llegado a tener a 14 internos de la prisión valenciana de Picassent montando complementos (alfombrillas, aspiradores o pequeñas máquinas) de 9 a 13.30 horas, de lunes a viernes y algunos sábados, por entre 300 y 350 euros mensuales, unos tres euros por hora.

De esta manera, la empresa “se ahorra la luz, el agua, el teléfono e incluso parte de las cuotas de la Seguridad Social, que corren por cuenta de la Administración”, a pesar de que en 2013 ejecutó un ERE que afectó a 27 trabajadores, tras haber despedido a otros 53 dos años antes.

Hay otras empresas que se encuentran en situaciones similares, con convenios firmados con Instituciones Penitenciarias tras haber despedido trabajadores. Así, entre 50 y 60 empleados de la multinacional alemana Merak, con factoría en Getafe, trabajan cada día con los presos de Ocaña I y II (Toledo) en el ensamblaje de aparatos de aire acondicionado para trenes, a pesar de que dicha empresa despidió en 2009 a 73 de sus 450 trabajadores en España.

Ricardo Sixto concluyó la defensa de la iniciativa, en cuya tramitación aceptó una enmienda presentada por el PP, subrayando que la “línea” a seguir por la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario pasa por el hecho de que “no sean firmados más convenios” con empresas que realicen expedientes de regulación de empleo con estas características.