Llamazares advierte de que el nuevo Estatuto de la víctima del delito “distorsiona” la ley de violencia de género porque “disuade de la denuncia a las personas afectadas”

El portavoz de Justicia de IU defiende en el Pleno del Congreso las enmiendas de su grupo al proyecto de ley del Gobierno y avisa de que todo lo relacionado con el cumplimiento de las penas “debe seguir siendo potestad exclusiva del Estado”

El diputado de Izquierda Unida y portavoz parlamentario de Justicia de IU, ICV-EUiA, CHA, Gaspar Llamazares, advirtió hoy de que el nuevo Estatuto de la víctima del delito “distorsiona” la ley de violencia de género porque “disuade de la denuncia a las personas afectadas”. Defendió en el Pleno del Congreso las enmiendas de su grupo al proyecto de ley del Gobierno y avisó de que todo lo relacionado con el cumplimiento de las penas “debe seguir siendo potestad exclusiva del Estado”.

En su intervención en el debate de enmiendas procedentes del Senado a esta norma, el portavoz de Justicia de IU argumentó su valoración sobre que el artículo 35 que se presenta plantea una “distorsión” a la ley de violencia de género. Explicó que la nueva ley que impulsa el Ejecutivo de Mariano Rajoy incluye un apartado que “disuade” de denunciar a los afectados debido a la obligación que se establece de reembolsar las ayudas económicas recibidas por las víctimas de este delito que finalmente no obtengan la condena judicial de su agresor. “Esto es excesivo y disuasorio”, dijo.

Llamazares defendió una “presencia digna de las víctimas en el proceso penal, pero no omnipresente”, frente a los que hasta ahora defendían que la ausencia de un estatuto de la víctima en la legislación quedaba compensada porque la participación del perjudicado por el delito en el procedimiento penal es mucho más amplia que otros países de nuestro entorno. Indicó que “las víctimas han llegado para quedarse y hay que hacerles hueco en el proceso”.

Avaló que las víctimas tengan una presencia “equilibrada y equilibradora respecto de los sujetos clásicos del proceso acusatorio, el juez y el acusado”, y que también sea “respetuosa con los derechos y garantías del infractor”, lo que requiere “una regulación”. Sobre este punto, explicó que la intervención de la víctima en el proceso hasta la sentencia “ha de proporcionarle todo el protagonismo que merecen el daño y el dolor que ha sufrido”.

No obstante, dejó claro que “una vez seguido un juicio justo, dictada la sentencia y adquirida firmeza, la ejecución, los avatares de su cumplimiento, deben seguir siendo potestad exclusiva del Estado para procurar y asegurar su ejercicio sin perder de vista el fin constitucionalmente reconocido a las penas y medidas privativas de libertad, que no es otro que la reinserción del penado”.

Llamazares insistió en que las víctimas “tienen derecho a ser informadas y protegidas, pero eso no debería hacerse extensivo a reconocerles el derecho a determinar si procede o no un permiso, una progresión de grado o cualquier otra situación jurídica que afecte a la ejecución de la pena, que es potestad del Estado”.

Opinó que una intervención excesiva en esta fase “puede comprometer el cumplimiento de los fines constitucionalmente reconocidos a las penas y medidas de seguridad privativas de libertad, la resocialización del condenado, que interpelan y vinculan al Estado, y no a los particulares”.

El diputado de IU por Asturias insistió en su crítica al precepto que confiere a las víctimas “el derecho a intervenir en el régimen de cumplimiento de las penas privativas de libertad”, tanto porque las “legitima para impugnar determinadas resoluciones judiciales en fase de ejecución”, como para “solicitar que se impongan al liberado condicional determinadas medidas o reglas de conducta”, un precepto “rigurosamente cuestionado por el Consejo de Estado en su informe, que lo califica de ‘cuestionable’ e invita al pre-legislador a ‘replantearse esta opción legislativa’”.

Gaspar Llamazares, que anticipó la abstención de su grupo ante las enmiendas procedentes de la Cámara Alta, criticó su carácter meramente “técnico” y que sean “correcciones que no modifican sustancialmente el texto” que salió del debate anterior en el Congreso de los Diputados.