Garzón plantea una reforma fiscal que contempla bajar el fraude hasta un máximo de 3 puntos del PIB y reducir en 10 puntos la economía sumergida para lograr mas ingresos

El candidato de Izquierda Unida-Unidad Popular a la Presidencia del Gobierno supervisa la batería de propuestas fiscales de IU, que incluye la bajada del IVA y la reclasificación de tipos para determinados productos, así como una serie de tributos para conseguir una “justicia fiscal” a través de una “reforma fiscal justa, suficiente, equitativa y progresiva”

El candidato de Izquierda Unida-Unidad Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, ve perfectamente posible conseguir durante la próxima legislatura “reducir en 10 puntos de PIB la economía sumergida” (ahora está cerca del 25 %), además de “reducir el fraude fiscal hasta un máximo de 3 puntos de PIB, como primer paso para su erradicación”, así como que “puedan reducirse y reclasificarse” los tipo de IVA que soportan determinados productos, como por ejemplo el 21 % que soporta la Cultura, determinados productos alimenticios no transformados, las compresas y pañales o ciertos medicamentos. 

Estas propuestas están contenidas en la completa batería de medidas elaboradas por IU de cara a las elecciones generales del próximo 20D. Conocida la prioridad que da esta formación a la lucha contra el fraude para lograr recursos suficientes con los que poder invertirlos en políticas sociales y creación de empleo, la propuesta se completa planteando, entre otras cuestiones, “ampliar progresivamente” la prescripción de los casos de fraude y de delito fiscal “hasta los ocho años” y la creación con el dinero recuperado de un “fondo especial para el impulso de la contratación laboral y la economía real y sostenible”. Se calcula que este montante podría estar cercano a los 45.000 millones de euros anuales. 

Todo ello se completaría con la creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, “con la habilitación de los 8.500 técnicos del Ministerio de Hacienda para realizar funciones superiores a las actualmente encomendadas, incrementando así la eficacia en la prevención y reducción del fraude”. 

Las medidas sobre fiscalidad de IU plantean, a su vez, que en el IRPF las rentas del trabajo y del capital tributen en la misma base imponible para mejorar la progresividad, incluyendo las plusvalías generadas en menos de dos años, lo que se ampliaría a seis en el caso de los inmuebles. 

Sólo se considerará como renta del ahorro los incrementos generados a medio y largo plazo, ya que “no es justo ni equitativo” que se mantengan como tales “las ingentes plusvalías” derivadas de operaciones especulativas y que se beneficien de tipos impositivos diferentes a los de la tarifa general. 

Entre las nuevas formas impositivas que se recogen en la propuesta electoral de IU está la creación de un “impuesto especial sobre bienes suntuarios”, a aplicar a los productos y servicios considerados de lujo, y un Impuesto sobre la Riqueza, que sustituirá al actual Impuesto sobre el Patrimonio. Éste último tendría “mínimos exentos similares a los vigentes y tipos efectivos superiores para mejorar su progresividad”, así como la incorporación de fórmulas para que las grandes fortunas no puedan eludir la tributación. 

La filosofía que aplica IU a sus propuestas es la de conseguir una “justicia fiscal” a través de una “reforma fiscal justa, suficiente, equitativa y progresiva”. De ahí que se proponga tocar puntos muy complejos y con un gran alcance, con otras cuestiones que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía. En el primer grupo estaría la aplicación de un impuesto a las transacciones financieras “con una base impositiva amplia y que será sustituido, cuando proceda, por un tributo a escala de la Unión Europea”, en línea con la exigencia internacional mayoritaria que existe sobre esta materia. 

Como ejemplo del segundo estaría que aquellos inmuebles que estén desocupados de forma “permanente” vean incrementado un cien por cien el recargo de su cuota líquida en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), lo que debe ir acompañado de una “definición y reglamentación sobre bases objetivas de esta situación”. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales ya permite a los ayuntamientos establecer un recargo de hasta el 50 % de la cuota líquida del IBI en el caso de los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente. 

IU respalda también una profunda reforma profunda del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), con tarifas que oscilarían entre los 50 euros anuales “con carácter general” y del 1 por 1.000 hasta el millón de euros “de cifra de negocio de cada actividad.

Igualmente se plantea “por una sola vez” un “impuesto extraordinario sobre los incrementos patrimoniales obtenidos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015 para “hacer equivalentes las pérdidas salariales ocurridas durante la crisis con una contribución fiscal equivalente de los incrementos patrimoniales”. Para que no afectara a los más desfavorecidos, quedan exentos los primeros 100.000 euros y, a partir de esa cantidad, se tributaría con un tipo progresivo que va desde  un 5 % hasta el 15 % para quienes hayan incrementado su patrimonio en 5,1 millones de euros. A partir de esa cifra se establece un tipo único del 16%. 

Desde IU se busca también acabar con los “notorios abusos” de las sociedades de inversión de capital variable, las famosas Sicav creadas para eludir impuestos y que ahora tributan al 1 %. Aparte de trabajar en Europa por su eliminación, se prevé extender el límite máximo de participación individual (5 por ciento del capital) a éstas y a todas las modalidades de sociedades de inversión. 

Entre las propuestas se incluye establecer un tipo del 35 % en el Impuesto de Sociedades para aquellas empresas que ganen más de 1 millón de euros, además de limitar las bonificaciones y deducciones a un máximo del 3 % de la base imponible y a otro 5% como máximo en caso de creación de empleo estable, entre otras medidas.