IU registra urgentemente una iniciativa para que el Gobierno “cierre y desmantele ya” la nuclear de Garoña tras el aval del CSN para que opere más allá de 2030

 La proposición no de ley elaborada técnicamente por esta formación y que firman su portavoz parlamentario, Alberto Garzón, y los/as diputados/as Ricardo Sixto y Eva García Sempere, insta al Ejecutivo del PP a que “asuma la responsabilidad política y penal que pueda derivarse de cualquier decisión relacionada con su reapertura”

 La polémica decisión adoptada hoy por el CSN sienta un precedente histórico en el Estado español, primero porque se avala que una planta nuclear opere más allá de los 40 años de vida y, segundo, porque desliga la autorización para operar de la obligación de revisión integral de la seguridad de toda la instalación, que se ha de realizar cada 10 años y que ahora se extiende a los 14 años.

Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario y coordinador federal, Alberto Garzón, y también con las firmas de sus diputados/as Ricardo Sixto y Eva García Sempere, acaba de registrar en el Congreso una iniciativa parlamentaria en la que, entre otras cuestiones, insta al Gobierno del Partido Popular a “tomar las medidas necesarias para decretar el cierre y desmantelamiento definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña”, la más antigua de España, que opera desde 1970 hasta su parada parcial en 2012 y con un viejo reactor fabricado por General Electric, similar a la de la accidenta central japonesa de Fukushima.

IU pone en marcha esta proposición no de ley, en el marco del Grupo Confederal de Unidos Podemos, tras conocer que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado esta misma mañana un dictamen favorable a la apertura de esta planta nuclear burgalesa con el voto favorable de cuatro de sus consejeros, tres a propuesta del PP y una del PSOE. 

Esta polémica decisión del CSN sienta un precedente histórico en el Estado español, primero porque se avala que una central nuclear opere más allá de los 40 años de vida y, segundo, porque desliga la autorización para operar de la obligación de revisión integral de la seguridad de toda la instalación, que se debía realizar cada 10 años. El aval dado ahora es de 14 años y llega hasta 2031.

Por estas y otras razones, la iniciativa registrada por Garzón, Sixto y García Sempere reclama al Gobierno de Mariano Rajoy que, a partir de que dé el visto bueno definitivo a la decisión de hoy del CSN, “asuma la responsabilidad política y penal que pueda derivarse de cualquier decisión relacionada con la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña”.

La proposición no de ley elaborada técnicamente por Izquierda Unida, a través de su Grupo de Energía y su grupo técnico parlamentario, plantea también que el Congreso de los Diputados inste al Ejecutivo del PP a “elaborar un estricto calendario para iniciar el cierre y desmantelamiento progresivo del resto de centrales nucleares que permita la implantación de energías renovables que sustituyan la energía nuclear”.

Además, busca que el Gobierno central coordine “con las administraciones territoriales planes de dinamización de las comarcas afectadas por el cierre de centrales nucleares, cofinanciados por los Presupuestos Generales del Estado y las empresas propietarias de las centrales nucleares”.

Alberto Garzón tacha de “inaceptable” la maniobra orquestada por las empresas propietarias de las centrales nucleares para “alargar la vida productiva de sus instalaciones”. De igual forma, el máximo responsable de IU constata que el Consejo de Seguridad Nuclear “organismo que tiene como fin primordial velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas y del medio ambiente, se haya puesto del lado de los intereses mercantiles de las empresas y esté dispuesto a facilitar que centrales obsoletas, como la de Garoña y las próximas a agotar los 40 años autorizados, como Almaraz, sigan funcionando para producir energía eléctrica y aumentar así los beneficios de las grandes compañías del sector”.

Izquierda Unida denuncia también, y así lo plasma en su completa iniciativa, que la actual composición del CSN “no refleja la conformación del Parlamento y de la sociedad española a día de hoy, porque está controlado por el PP, con apoyos puntuales del PSOE, y se muestra en cada decisión al servicio de los intereses económicos de las empresas propietarias”.

Su objetivo es facilitar que, además de Garoña, las centrales nucleares activas (Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo y Vandellos II) puedan seguir activas más allá de los 40 años de vida útil permitida hasta ahora. Hay que recordar que las centrales se construyeron pensando en una vida útil de 25 años, que ya fue prorrogada en su momento a 40 y ahora se pretende extender a los 60 años. 

De igual forma, tanto Alberto Garzón como Sixto y García Sempere coinciden en advertir de que “añadido a las importantes deficiencias que tiene Garoña está que el cementerio nuclear temporal con que cuenta toda central ya está saturado, al estar dimensionado para 40 años de vida útil. Ello obligaría a construir otro cementerio nuclear en la propia central”.

“Por todo ello, esta central carece de viabilidad alguna por mucho que lo pretendan el CSN y el Gobierno del PP. Lleva años cerrada y no se ha conocido problema alguno en el suministro eléctrico en la zona que abastece, por lo que la necesidad técnica de su suministro es totalmente irreal, salvo la del negocio para sus propietarios a costa de la seguridad de los habitantes de la zona, de las provincias limítrofes y del claro riesgo para el medio ambiente”, denuncian los/as diputado/as de IU en un día tristemente histórico como el de hoy para la defensa de los derechos de la ciudadanía frente al peligro nuclear.