IU traslada a los miles de investigadores a quienes han empeorado su contrato sin saberlo su “total disposición para poner en marcha iniciativas que solucionen el ataque a sus derechos”

La responsable federal de Ciencia y Universidad de Izquierda Unida, Carmen Domínguez, advierte de que “resulta especialmente grave que estos cambios afecten a un colectivo nada más y nada menos que de unas 10.000 personas, que no han tenido ningún aviso previo y que en ningún momento han podido expresar su opinión hasta que todo ya estaba en marcha”

Izquierda Unida, a través de su responsable federal de Ciencia y Universidad, Carmen Domínguez, traslada al colectivo de investigadores/as con contratos predoctorales su “total respaldo”, así como “la completa disposición de nuestra organización a estudiar todas las demandas en defensa de sus derechos y a poner en marcha las iniciativas políticas que sean necesarias en todos los ámbitos parlamentarios para buscar soluciones”. 

Domínguez denuncia así la situación en la que el Gobierno de Mariano Rajoy ha dejado a miles de doctorandos a quienes desde determinadas universidades de las que dependen sus contratos, en principio por orden de la Tesorería General de la Seguridad Social -dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de Fátima Báñez- se les ha cambiado sin su conocimiento ni consentimiento la codificación de sus contratos predoctorales. Este escándalo ha saltado a la luz cuando un buen número de estos investigadores han acudido a solicitar la tarjeta sanitaria europea para seguir con su formación fuera de nuestro país y han comprobado el cambio unilateral de contrato.

Se da el caso de que la Seguridad Social también está procediendo a aplicar esta modificación, además, con efectos retroactivos, modificando la vida laboral de los afectados y sin comunicárselo.

Domínguez advierte de que “pese a las excusas lanzadas desde el Gobierno del PP, no estamos ante un simple cambio de código en el contrato -que pasa del 401 al 420-, sino de una drástica modificación del mismo, que varía de obra y servicio a un contrato en prácticas, con lo que conlleva de importante reducción de los derechos laborales”.

Para la dirigente federal de IU, “resulta especialmente grave que estas modificaciones afecten a un colectivo nada más y nada menos que de unas 10.000 personas, que no han tenido ningún aviso previo de ello y que en ningún momento han podido expresar su opinión hasta que todo ya estaba en marcha”.

En esta misma línea, la responsable federal de Ciencia y Universidad de Izquierda Unida denuncia que “si ya es grave de por sí el oscurantismo administrativo con el que se ha ejecutado todo, lo son aún más las consecuencias prácticas que a corto y medio plazo tendría para los/as investigadores/as. Que los contratos predoctorales pasen a ser ahora en prácticas conllevaría: una duración máxima de dos años frente a los cuatro que dura un contrato predoctoral normal, que no tengan indemnización por fin de contrato o que no se pueda legalmente contratar personal con experiencia previa en el mismo campo”. 

Carmen Domínguez denuncia que “pese a su estado de propaganda permanente, el Gobierno de Rajoy demuestra en temas importantes como éste lo poco que de verdad les importa que avance la investigación en nuestro país y la situación laboral y personal de los/as investigadores/as. En lugar de mejorar y consolidar sus condiciones, se les precariza aún más y se echan por tierras las pocas mejoras conseguidas con mucho esfuerzo en 2012”.

“Ni el locuaz ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ni la triunfalista ministra de Empleo, Fátima Báñez, y no digamos nada del propio Rajoy, pueden sentirse muy orgullosos de cómo han gestionado no sólo este asunto, sino el conjunto de la investigación en nuestro país durante estos años de gobierno”.