Garzón y Bustamante impulsan una iniciativa registrada hoy para evitar los recortes de derechos laborales en los contratos de los investigadores

El portavoz parlamentario y el diputado portavoz en la Comisión de Educación del Congreso de IU, Alberto Garzón y Miguel Ángel Bustamante, respectivamente, instan al Gobierno del PP a cumplir la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y también a “revocar la aplicación retroactiva que se haya podido formular sobre contratos firmados en la modalidad de obra y servicio determinado”

El portavoz parlamentario y el diputado portavoz en la Comisión de Educación del Congreso de Izquierda Unida, Alberto Garzón y Miguel Ángel Bustamante, respectivamente, han impulsado el registro hoy en la Cámara Baja de una iniciativa para “regular los contratos predoctorales de acuerdo con la Ley de la Ciencia”.  En su desarrollo, entre otras cuestiones, se insta al Gobierno del PP a “tomar las medidas oportunas para regular los contratos predoctorales de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”. 

Esta proposición no de ley, registrada a través del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, responde a las demandas expresadas por los/as cerca de 10.000 investigadores/as afectados por las maniobras del Ejecutivo de Mariano Rajoy, después de que desde varias universidades de las que dependen sus contratos -en principio por orden de la Tesorería General de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de Fátima Báñez- se les cambiara sin su conocimiento la codificación de sus contratos predoctorales.

De ahí que la iniciativa que firman, entre otros/as, Garzón y Bustamante destaque que a la tradicional falta de apoyo institucional a la investigación “se suma ahora la desprotección y la inseguridad jurídica a la que miles de investigadores se ven sometidos cuando se cambia de forma unilateral sus contratos de trabajo”.

Este escándalo saltó a la luz cuando un buen número de estos doctorandos han acudido a solicitar la tarjeta sanitaria europea para seguir con su formación fuera de nuestro país y han comprobado el cambio de sus contratos.

“Pero, además -completa la iniciativa-, la Tesorería de la Seguridad Social ha realizado este cambio con efecto retroactivo, modificando la vida laboral de las personas afectadas sin comunicación a los interesados ni a los representantes de los trabajadores”. Es decir, se ha cambiado el código 401, correspondiente a contratos por obra y servicio, por el 420, el de los contratos en prácticas.

De ahí que la parte propositiva de la iniciativa inste también al Ejecutivo del PP a “en todo caso, revocar la aplicación retroactiva que se haya podido formular sobre contratos firmados en la modalidad de obra y servicio determinado”.

Cuando en 2013 desaparecieron definitivamente las becas de investigación, pasando del régimen 2+2 (2 años de beca y 2 de contrato) a contratos laborales de cuatro años regulados por el artículo 21 de la Ley 14/2011, no se creó un código específico como era preceptivo, ya que estos contratos constituían una nueva modalidad. La Seguridad Social optó por asignar el código 401 y, en 2016, cambió de criterio y los reasignó al 420 de contratos en prácticas.

Izquierda Unida ya denunció el pasado viernes por boca de su responsable federal de Ciencia y Universidad, Carmen Domínguez, toda esta situación que, de no solucionarse, “conlleva una importante reducción de los derechos laborales. Que los contratos predoctorales pasen a ser ahora en prácticas conllevaría: una duración máxima de dos años frente a los cuatro que dura un contrato predoctoral normal, que no tengan indemnización por fin de contrato o que no se pueda legalmente contratar personal con experiencia previa en el mismo campo”.

Este cambio en la consideración del contrato predoctoral es contrario a la Ley de la Ciencia y al Estatuto de los Trabajadores, como han denunciado ya, entre otros, el sindicato CC.OO. Dado que esta norma se aprobó en 2011, Alberto Garzón y Miguel Ángel Bustamante consideran que “ha transcurrido plazo más que suficiente para que el legislador y el Gobierno hayan encontrado un encaje adecuado y ajustado a lo establecido en dicha disposición normativa, que se ajuste a la legalidad y no termine generando desprotección, inseguridad jurídica y mayor precariedad en quienes deberían ser un valor insustituible en nuestra sociedad”.