IU lleva al Congreso que el Gobierno suprima la venta de juegos de la ONCE por canales ajenos a su plantilla y mejore las condiciones de los trabajadores con discapacidad

Entre las medidas que recoge la proposición no de ley que impulsa la diputada Isabel Salud hasta la eliminación total del denominado ‘canal físico complementario’ está que “la ONCE vendrá obligada a contratar a toda persona ciega que no esté incapacitada o inhabilitada legalmente para ello”

La diputada y portavoz parlamentaria de Discapacidad de Izquierda Unida, Isabel Salud, ha registrado una proposición no de ley para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso con el objetivo de que el Gobierno del PP desarrolle “las acciones oportunas para preparar la supresión del denominado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) como canal físico complementario”, es decir, la venta de productos de juego por canales ajenos a su plantilla de personas con discapacidad, entre ellos estancos, kioscos de prensa, gasolineras y hasta supermercados. Además, la iniciativa plantea una serie de condiciones hasta la desaparición definitiva de este sistema.

Isabel Salud recuerda en su iniciativa que mientras desde 2010 la dirección de la ONCE “ha venido profundizando en la autorización de venta de juegos fuera de plantilla”, llegando más recientemente hasta a las oficinas de Correos, lo llevan a cabo sin poner a estos nuevos ‘vendedores’ “condicionante alguno”, mientras que sí modifican y endurecen la “política laboral y comercial” de su plantilla.

A modo de ejemplo, la diputada de IU recuerda que se condicionan “las nuevas contrataciones y renovaciones de contrato a cifras de productividad semanal por encima incluso de los mínimos tasados en convenio. Y ello a pesar de que es la ONCE quien decide unilateralmente el punto de venta, el horario, los descansos o los juegos que se asignan”.

Señala también que se penaliza “incluso con expedientes disciplinarios por baja productividad, a los vendedores que no alcanzaban los mínimos de convenio (210 euros diarios) durante dos meses consecutivos” o se “suprimen como derecho estatutario la concesión como empleo de la venta a toda persona ciega”.

Salud recuerda que tras la comparecencia el pasado 17 de mayo en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso del vicepresidente primero del Consejo General de la ONCE en relación a la repercusión de este ‘canal físico complementario’ en su plantilla de personal vendedor “puede concluirse que existen personas ciegas a las que no se les concede la venta; que existen personas con otras discapacidades a las que no se les renueva por no alcanzar las ratios de venta que fija unilateralmente la dirección; que no existe límite geográfico ni de distancia entre los puntos de venta de plantilla y los del canal físico complementario; que han existido sanciones por la denominada ‘baja rentabilidad’ o que la recaudación por ventas de la ONCE ya está en crecimientos significativos según los cierres de 2015 y 2016”.

Por todo ello, además de reclamar su supresión, la proposición no de ley que IU ha registrado a través del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos plantea también como medidas transitorias hasta que esto ocurra que “ningún establecimiento del canal físico complementario podrá operar en localidades con más de cinco vendedores de plantilla” o que “no podrán existir establecimientos del canal físico complementario a menos de dos kilómetros de puntos de venta de plantilla”.

Además, se indica también que “no podrán denegarse renovaciones de contrato por no alcanzar productividad semanal cuando las cifras sean iguales o superiores a los mínimos diarios establecidos por el XVI Convenio, ni materializar extinciones o despidos esgrimiendo baja rentabilidad”, así como que “la ONCE vendrá obligada a contratar a toda persona ciega que no esté incapacitada o inhabilitada legalmente para ello”.

Estas demandandas van en consonancia con las que viene reclamando desde hace tiempo la plantilla de vendedores de juegos de azar de esta organización, que tienen previsto defender en movilizaciones el próximo fin de semana.

Izquierda Unida recuerda que “corresponde al Gobierno ejercer la tutela de la ONCE a través del Consejo de Protectorado, cuya presidencia recae en la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Es a este Consejo de Protectorado a quien compete las autorizaciones y modificaciones de las modalidades de juego y condiciones de comercialización de la ONCE, correspondiendo al Consejo de Ministros la aprobación del que ha venido en denominarse como acuerdo ONCE-Gobierno”.