Garzón y Maíllo denuncian la “vulneración de los derechos humanos fundamentales” por el uso de la cárcel de Archidona como CIE

IU estudia adoptar medidas judiciales y confía en que la actuación del Gobierno del PP no sea una maniobra “para instalar un CIE en Málaga

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, han mantenido esta tarde un encuentro en Málaga con colectivos sociales y organizaciones implicadas en el seguimiento del encarcelamiento de refugiados en la prisión de Archidona por parte del Gobierno del PP. Tras el mismo, ambos han denunciado las “irregularidades de procedimiento” en que han incurrido los responsables del Ejecutivo, y han incidido en la “vulneración de los derechos fundamentales” de estas personas, especialmente los menores.

Para Garzón, esta es la “vulneración de derechos más clara en España por culpa de un Gobierno del PP que ha dejado muy claro que entre sus prioridades no está el cumplimiento de los derechos fundamentales”, al tiempo que aseguró que IU “combatirá para que ésta no sea una vía de entrada para instaurar un CIE en la provincia de Málaga”.

El máximo responsable de Izquierda Unida consideró que estas políticas del PP suponen “un ataque a la mera condición de personas” y denunció que “son delito, no sólo por las irregularidades de procedimiento, sino por el hecho de que menores de edad siguen estando en una cárcel que comparten con mayores”.

Alberto Garzón recordó que el edificio “es una cárcel, no habilitada, en la que se ha detenido a personas, menores y mayores, sin ningún tipo de procedimiento judicial mediante y sin ningún tipo de garantía”, por lo que IU no descarta interponer algún tipo de medidas judiciales.

Por su parte, Antonio Maíllo subrayó que el Gobierno “se ha saltado todas las leyes en el procedimiento de expulsión de los inmigrantes que habían sido encarcelados” e incidió en el “trato a los menores”, con los se sigue “actuando de manera aberrante”.

El coordinador andaluz de IU ha exigido a la presidenta de esta comunidad, la socialista Susana Díaz, que si realmente está en contra del tratamiento que se da a los refugiados “que lo demuestre y obligue a que los procedimientos de las pruebas osométricas o radiológicas que se hagan en los centros de salud tengan un procedimiento que garantice los derechos de las personas, entre otros, que estén acompañados de letrados, lo cual no se está haciendo”.