Garzón, Alonso y Pascual concretan la iniciativa para que el ministro de Fomento explique en el Congreso si piensa cesar a Juan Bravo, presidente de Adif e imputado en el ‘caso Lezo’

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar en enero en calidad de investigado al que desde hace años es un alto cargo de confianza del PP, además de a buena parte del resto del equipo de colaboradores de Alberto Ruiz-Gallardón, por las múltiples irregularidades en la compra de la sociedad colombiana Inassa por el Canal de Isabel II

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, encabeza la firma de la iniciativa parlamentaria registrada hoy para que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, comparezca en el Congreso para explicar qué “actuaciones y medidas va a adoptar relativas a la Presidencia de Adif, tras la imputación del actual presidente, Juan Bravo Rivera, en la ‘caso Lezo’”.

La petición de comparecencia la firman también Félix Alonso como portavoz parlamentario en la Comisión de Fomento del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, así como el diputado Sergio Pascual. Este grupo ya ha solicitado el cese de Bravo y registró ya una proposición no de ley en este sentido ante el reiterado silencio de Íñigo de la Serna en relación al máximo responsable del Administrador de Infraestructuras (Adif), empresa dependiente de este departamento que gestiona más de 4.000 millones de euros al año.

Los hechos del ‘caso Lezo’ que se investigan en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se refieren a una supuesta trama de desvío de dinero público de la Comunidad de Madrid por parte de altos cargos políticos en beneficio propio. En concreto, en lo que se refiere a Juan Bravo y a la más de una veintena de personas citadas a declarar el pasado martes para el mes de enero en calidad de investigados tiene que ver con la compra del 75% de la sociedad colombiana Inassa por parte de la empresa pública Canal de Isabel II, en 2001, por 73 millones de dólares (más de 61 millones de euros al cambio actual).

Bravo Rivera lleva algo más de un año al frente de Adif y la mayor parte de su carrera la ha desarrollado de la mano del dirigente del PP Alberto Ruiz-Gallardón. Éste contó siempre con él para cargos de responsabilidad tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de la capital, así como en el Ministerio de Justicia cuando estuvo al frente de este departamento.

En 2015 fue la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, quien le fichó para Metro de Madrid desde su anterior puesto en la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad, hasta que Íñigo de la Serna contó con él para ocupar la presidencia de Adif.

La decisión del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de ampliar la nómina de investigados se produjo pocos días después del informe elaborado por la Fiscalía Anticorrupción en el sentido de reclamar al instructor del ‘caso Lezo’ que hiciera lo propio con el equipo de colaboradores de Alberto Ruiz-Gallardón por las irregularidades en la compra de Inassa.