IU reclama por carta a Felipe de Borbón que no “honre más al dictador” y suprima el Ducado de Franco para que no lo ocupe su nieta por ser un título “contrario a la legalidad vigente”

•    El diputado y portavoz de Justicia en el Congreso de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, recuerda al jefe del Estado que ya revocó en 2015 el Ducado de Palma a su hermana la infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarin, por el proceso de corrupción del ‘caso Nóos’ y que también sería “coherente” que actuara sobre este otro título nobiliario

•    Alberto Garzón y Sixto registran, además, en el Ministerio de Justicia un escrito de alegaciones formales sobre este asunto donde detallan que “la preservación de dicho título es un acto ilícito, incluso penalmente sancionable” y supone una evidente “humillación y menosprecio a las víctimas de la guerra y de la dictadura, incluidas las de las personas desaparecidas forzosamente”

Izquierda Unida, a través de su coordinador federal y de su portavoz de Justicia en el Congreso, Alberto Garzón y Ricardo Sixto, respectivamente, acaba de completar la batería de iniciativas políticas iniciada hace tiempo para frenar la sucesión del Ducado de Franco, con Grandeza de España, solicitado formalmente por la nieta del dictador, María del Carmen Martínez-Bordiú Franco, y eliminarlo definitivamente. Para lograr este objetivo, esta formación ha remitido una carta a Felipe de Borbón y ha registrado un escrito de alegaciones muy detallado ante el Ministerio de Justicia.

En concreto, Ricardo Sixto traslada en la misiva que dirige al jefe del Estado una copia de las alegaciones entregadas a Justicia dentro del plazo de un mes abierto por este departamento del Gobierno del PP sobre la sucesión del ducado. El diputado explica al hijo de Juan Carlos de Borbón que también le reclama directamente a él esta petición de eliminar el título nobiliario que creó su padre para honrar al dictador y a sus descendientes “seguro de que la inviolabilidad de su persona no será obstáculo alguno para alcanzar una decisión justa, legal y acorde con los principios democráticos de nuestro Estado social y democrático de Derecho”.

“Quería asimismo recordarle -añade la carta que firma el parlamentario- que el 12 de junio de 2015 usted, mediante el Real Decreto de número 470/2015 dirigido al Gobierno, revocó el Ducado de Palma a su hermana la infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarin. Según informaciones de los medios de comunicación, que citaban fuentes del Palacio de la Zarzuela, la decisión se debió al proceso por corrupción que en aquellos momentos se seguía a raíz del llamado ‘caso Nóos’”.

Desde Izquierda Unida “nos pareció acertada en aquel momento aquella decisión. Resultaría por tanto coherente con aquel decreto que usted revocase ahora un Ducado que honra la memoria del dictador Francisco Franco, cabeza de un régimen corrupto en sí mismo y, más aún, máximo responsable de crímenes de lesa humanidad”, recoge la misiva entregada a Felipe de Borbón el pasado viernes.

También se le hace constar al jefe del Estado con meridiana claridad que “la existencia y sucesión del Ducado de Franco es contraria a la legalidad vigente”  ya que, entre otras normas, este título vulnera de forma flagrante la conocida como Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007.

Sumada a esta acción, Alberto Garzón y Ricardo Sixto registraron el pasado martes, día 24, directamente en el Ministerio de Justicia las alegaciones formales sobre este asunto, de cuyo contenido informan también al jefe del Estado. Recuerdan en ellas que fue Juan Carlos de Borbón quien, el 26 de noviembre de 1975, apenas “seis días después del fallecimiento del dictador”, otorgó el título de “Duquesa de Franco, con Grandeza de España, a doña Carmen Franco Polo, Marquesa de Villaverde, dando muestra de su ‘Real aprecio’ a la misma y ‘en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren’”.

Ambos diputados, al tiempo que inciden en que “la concesión, por sucesión, de dicho título nobiliario es contraria a la legislación de nuestro país”, exponen que su intervención en el expediente sucesorio abierto por el Ministerio de Justicia hace algo más un mes obedece a su “interés legítimo en la defensa de los valores democráticos y la preservación de la dignidad de las víctimas de los graves crímenes contra la humanidad responsabilidad de Francisco Franco”.

Inciden en la primera de las alegaciones que “en el caso del denominado Ducado de Franco parece juicioso razonar que, bajo la denominación del apellido del dictador, la concesión del ducado lo que hace es honrar su memoria y glorificar, como grande de España, sus acciones públicas como caudillo del alzamiento militar contra el gobierno legítimamente elegido en las elecciones de 1936 y como posterior Jefe de Estado durante la dictadura. Una dictadura que, no debería olvidarse, es conocida dentro y fuera de nuestras fronteras con el propio apellido del Ducado, ‘Dictadura de Franco’”.

Los parlamentarios de IU apuntan que “no parece acertado, por tanto, que una vez abierta la sucesión a dicho ducado nuestras instituciones convaliden la continuación de dicho título nobiliario. Este es contrario a los valores democráticos que deben regir la vida de nuestro país”.

“Más aún -destacan- cuando existen diversas normas que en los últimos años hacen de la preservación de dicho título nobiliario un acto ilícito, incluso penalmente sancionable”.    

La segunda de las alegaciones de IU recuerda que la ‘Ley de Memoria Histórica’ establece ya en su artículo 1 entre sus objetivos “promover la reparación moral de las víctimas de la dictadura, así como adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales y democráticos”.

De ahí que Garzón y Sixto plasmen en su análisis que “desde luego, a todas luces la concesión del Ducado supone un acto incompatible con la reparación moral de las víctimas, la superación de la división entre ciudadanos y el fomento de los valores y principios democráticos”.

Por otra parte, el artículo 15 de esta misma ley 52/2007 dispone que las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

“Entendemos -indican los parlamentarios de IU- que la mera existencia de un Ducado de Franco resulta un elemento de exaltación de la persona más significativa de la sublevación militar de julio de 1936 contra el legítimo Gobierno de España, que provocó la Guerra Civil, así como del máximo responsable de la dictadura y de los crímenes contra la humanidad cometidos bajo ese régimen político comúnmente conocido como ‘Dictadura de Franco’”.

Otro de los puntos de las alegaciones de Izquierda Unida dirigidas al Ministerio de Justicia alude al Código Penal y, más concretamente, al contenido de su nuevo artículo 510 -introducido en la reforma de 2015- para “proteger la dignidad de las víctimas de crímenes contra la humanidad y los actos de humillación sobre las mismas”.

De acuerdo a esta norma, y también a lo denunciado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en su último informe de 7 de septiembre de 2017, Alberto Garzón y Ricardo Sixto entiende que “la sucesión en el Ducado de Franco supone un evidente acto de humillación y menosprecio a las víctimas de la guerra y de la dictadura, incluidas las de las personas desaparecidas forzosamente”.  

El escrito de alegaciones de IU sobre este polémico asunto concluye, por tanto, que dados “los anteriores razonamientos contrarios a la concesión y sucesión del Ducado de Franco, sustentados en el respeto a la legalidad vigente y en las obligaciones de nuestro Estado como defensor de los principios y valores democráticos, hacen inviable una motivación positiva a la concesión y sucesión del Ducado de Franco en la persona de Carmen Martínez-Bordiú Franco, siendo los responsables de las acciones y resoluciones favorecedoras a dicha concesión y sucesión conocedores de su arbitrariedad, injusticia e ilicitud penal”.

“Por todo ello, habiendo fallecido la hija del dictador que ostentaba el Ducado de Franco y estando sin resolver por el Ministerio de Justicia su sucesión, y según lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto de 29 de mayo de 1912 sobre concesión y rehabilitación de Títulos y Grandezas de España, resulta el momento adecuado para actuar en consecuencia, por encontrarse vacante, y suspender el proceso de sucesión y la supresión del Ducado”, se exige finalmente.