Sánchez Mato refuerza la exigencia de IU al Gobierno sobre la “imperiosa necesidad” de acabar con la regla de gasto y “otros límites que impiden a los ayuntamientos atender a la ciudadanía”

El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida señala que “aunque tenemos posiciones muy diferentes en el diagnóstico y las políticas económicas que se requieren para atender las necesidades de la mayoría social, estamos seguros de que se pueden acordar con el nuevo Ejecutivo del PSOE muchos aspectos de las aspiraciones que persigue el municipalismo”

El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, refuerza las exigencias que mantiene esta formación en materia de municipalismo y recuerda al Gobierno de Pedro Sánchez la “imperiosa necesidad de eliminar los devastadores efectos de la regla de gasto y las limitaciones presupuestarias que impiden a las Administraciones Públicas, especialmente a las locales, cumplir con su obligación de atender a la ciudadanía en condiciones”.

Sánchez Mato fue uno de los integrantes de la amplia delegación de cargos municipales de IU que en la tarde de ayer participó en una reunión en dependencias del Congreso -que califica como “productiva”-  entre representantes de las formaciones que integran el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos y portavoces de algunos de los más importantes ‘ayuntamientos del cambio’. Entre ellos se encuentran Madrid, Barcelona, Zaragoza, Córdoba, A Coruña, Cádiz, Santiago de Compostela  y Rivas Vaciamadrid, que suman una población cercana a los siete millones de habitantes.

El dirigente federal de IU y concejal del Ayuntamiento de Madrid apunta que “aunque tenemos posiciones muy diferentes en el diagnóstico y las políticas económicas que se requieren para atender las necesidades de la mayoría social, estamos seguros de que se pueden acordar con el nuevo Ejecutivo del PSOE muchos aspectos de las aspiraciones que persigue el municipalismo”.

Confía en que “el amplio conocimiento de la situación que nos consta que posee este Gobierno le permita una actuación enérgica y decidida para eliminar el corsé que limita a los ayuntamientos de nuestro país. Por ello, debe conocer también que Izquierda Unida no cejará en exigir aquellos recursos que permitan una financiación local previsible y estable, además de un marco competencial más amplio que devuelva la autonomía local a las administraciones más cercanas a la gente”.

La mencionada reunión se produjo el mismo día en que también lo hacía la Comisión de Haciendas y Financiación Local de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que analiza cómo lograr que desde La Moncloa se suavicen las normas en vigor sin aplicar un cambio total.

Carlos Sánchez Mato recuerda que “durante toda la tenebrosa etapa para las corporaciones locales del Gobierno del PP y su aliados de Ciudadanos llegamos a consensos con el PSOE sobre la necesidad de modificar de manera inmediata la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.

“De hecho -detalla-, la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sufrió también la asfixia que los continuos ataques de Cristóbal Montoro suponían para las comunidades autónomas.

Montero llegó a afirmar que no era baladí que las exigencias a Andalucía por parte del Ministerio de Hacienda se produjeran precisamente tras la intervención al Ayuntamiento de Madrid y criticó también la falta de transparencia en la interpretación de la regla de gasto.

Esta regla de gasto impide a las corporaciones locales invertir buena parte sus ahorros en servicios sociales aunque tengan las cuentas saneadas. Hasta ahora Hacienda sólo autoriza a que hagan un uso parcial de los ahorros del año anterior y destinarlos a la denominada ‘inversión financieramente sostenible’, es decir, la que no genera gastos corrientes o que puede autofinanciarse en los años siguientes.

Los ayuntamientos acumulan más de 35.000 millones de euros en depósitos bancarios procedentes de los superávits acumulados en los cinco últimos ejercicios. Desde 2014 tienen la capacidad de destinar parte de estos ahorros a partidas para saneamiento, tratamiento de residuos, alumbrado o vías públicas.