Sixto reclama al Gobierno de Sánchez que aclare “cuáles son sus planes” en el ‘caso Castor’ y, en especial, si “piensa reclamar la indemnización de 1.350 millones” ya pagados a la concesionaria

El diputado valenciano de Izquierda Unida registra una iniciativa en el Congreso donde recuerda que el Tribunal Constitucional “ya declaró nulos los artículos del Real Decreto-ley que preveían la indemnización por la paralización de este proyecto y también puede entenderse que deroga todos los efectos que pueda haber producido, en particular la propia indemnización”

El diputado valenciano de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, ha registrado una iniciativa en el Congreso para que el Gobierno aclare “cuáles son sus planes en el ‘caso Castor’” y, especialmente, si el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene intención de “reclamar la indemnización pagada a la concesionaria de la plataforma Castor”.

A finales de 2017 el Tribunal Constitucional anuló varios artículos del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, que dio cobertura al cobro inmediato por parte de la mercantil Escal UGS de una indemnización de más de 1.350 millones de euros tras la paralización del almacén submarino Castor. Escal UGS es una empresa española integrada por ACS, su principal accionista, Enagás y su socio canadiense CLP.

Poco después de que el Gobierno del PP abonara a toda prisa esta multimillonaria cantidad de dinero público a las compañías privadas que participaron en el proyecto, “el Tribunal Constitucional sentenció que no fue correcto utilizar un real decreto-ley para fijar la indemnización y proceder a su pago, al no existir justificación para no recurrir a una norma ordinaria”, recuerda Sixto.

La construcción de un depósito estratégico artificial de gas natural situado frente a las costas de Castellón y Tarragona, conocida como proyecto Castor, fue suspendida tras centenares de pequeños y sucesivos terremotos desencadenados precisamente por la inyección de gas en el antiguo yacimiento de petróleo.

Para el diputado de IU, “parece claro que la sentencia del Constitucional anula toda la parte del real decreto-ley que calculaba la cuantía de la indemnización y fijaba el mecanismo de pago y lo concretaba. Es decir, declara nulos los artículos que preveían la indemnización y también puede entenderse que deroga todos los efectos que pueda haber producido, en particular la propia indemnización”.

La suma de 1.350 millones de euros ya entregada a las empresas fue financiada por distintas entidades financieras y, junto a los correspondientes intereses, suma carca de 4.700 millones de euros a devolver en los próximos 30 años por el conjunto de usuarios de gas en España a través de sus recibos.

Por todo ello, Ricardo Sixto pregunta por escrito si “¿ha considerado el Gobierno promover algún tipo de auditoría para evaluar las posibles negligencias y responsabilidades en la plataforma Castor?”