IU pregunta al Gobierno en el Congreso si posee “más pruebas para determinar si se cometía un delito” en el hecho relatado por Delgado en el que participaban jueces y menores

La diputada de Izquierda Unida Isabel Salud interroga también en su iniciativa sobre “¿por qué la ministra Delgado (entonces fiscal) no puso en conocimiento de las autoridades competentes aquellos indicios de posibles delitos que presenció en Cartagena de Indias?”

Izquierda Unida, a través de su diputada Isabel Salud, ha registrado hoy en el Congreso una pregunta escrita dirigida al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que, entre otras cuestiones, explique si “¿tiene el Gobierno o alguno/a de sus miembros en su poder más pruebas que puedan determinar si se estaba cometiendo un delito en el hecho relatado por la hoy ministra Dolores Delgado en Cartagena de Indias y protagonizado por jueces del Tribunal Supremo, catedráticos de Universidad y fiscales de la Fiscalía General del Estado?”

IU decide poner en marcha esta iniciativa parlamentaria ante las respuestas escuchadas hoy en el Congreso por parte de la propia ministra, otros miembros del Ejecutivo y de su partido sobre esta cuestión. Todas se han sucedido tras la publicación de las conversaciones producidas en el encuentro entre la actual ministra de Justicia y el entonces comisario José Manuel Villarejo -junto a otros comensales entre los que estaba el magistrado Baltasar Garzón-, en las que la entonces fiscal aseguraba haber sorprendido a jueces del Tribunal Supremo, catedráticos de Universidad y miembros de la Fiscalía General del Estado con jóvenes menores de edad en Cartagena de Indias.

En Colombia la edad mínima para el consentimiento sexual está en 14 años, penándose de 12 a 20 años a quien mantuviera relaciones sexuales con alguien menor de esa edad; en otro orden, la prostitución y la pornografía de menores de 18 años está perseguida, así como el turismo sexual.

Isabel Salud plantea también en su iniciativa la cuestión de “¿por qué la ministra Delgado no puso en conocimiento de las autoridades competentes aquellos indicios de posibles delitos que presenció en Cartagena de Indias?”

La parlamentaria constata en su exposición que en las grabaciones no se especifica mucho más, es decir, “no hay detalles para saber si se estaba cometiendo un delito según la legislación colombiana. Sin embargo, y como se recoge también hoy en Prensa, desde ‘Jueces y Juezas para la Democracia’ se considera que, aunque no estaba obligada a hacerlo, la ministra Delgado, entonces fiscal, sí podía haber denunciado y facilitado así el que se abriera una investigación ante los indicios de los que fue testigo”.   

La diputada de IU completa su iniciativa interrogando sobre si “¿tiene el Gobierno un protocolo específico para la prevención de la explotación de menores y el turismo sexual que pueda entregarse a los y las trabajadoras de la Administración, también la de Justicia, que realicen viajes al extranjero? Si no es así, ¿tiene pensado elaborar uno a la mayor celeridad?”

Instituciones y empresas internacionales, por ejemplo compañías aéreas, recogen protocolos específicos para la prevención de la explotación de menores y el turismo sexual. Se basan, generalmente, en el protocolo facultativo de la ‘Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía’, firmado por el Estado español. En algunos de ellos se especifica, por ejemplo, a sus trabajadores/as que deben ‘poner en conocimiento de las autoridades competentes, incluyendo las autoridades aeroportuarias y de policía aeroportuaria, cualquier hecho o situación que conozcan que sea sospechoso, que haya dado o pueda dar lugar a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, incluyendo la existencia de sitios relacionados con las explotaciones sexuales de niños, niñas y adolescentes’.