IU busca que el Gobierno se pronuncie en el Congreso sobre su relación con la jerarquía de la Iglesia católica y qué piensa de “la impunidad frente a los abusos sexuales a menores”

•  Alberto Garzón y Ricardo Sixto firman la petición de comparecencia de la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, para que “aclare si el Gobierno va a denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede para buscar un nuevo marco de relaciones entre el Estado y la Iglesia católica compatible con los parámetros de un Estado aconfesional”

•  Eva García Sempere registra una serie de preguntas escritas para que el Ejecutivo del PSOE responda de la misma forma, entre otras cuestiones, para saber si “piensa requerir a la Iglesia católica española que promueva la realización de un informe sobre abusos sexuales contra menores cometidos por sus religiosos”

Izquierda Unida ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias para que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga que pronunciarse sobre qué orientación quiere dar a su relación con la jerarquía de la Iglesia católica y, más en concreto, sobre su postura ante “la impunidad de los cargos religiosos frente a los casos de abusos sexuales a menores”.

Esta actuación parlamentaria se concreta, en primer lugar, con la petición de comparecencia de la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, para que “aclare si el Gobierno va a denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede para buscar un nuevo marco de relaciones entre el Estado y la Iglesia católica compatible con los parámetros de un Estado aconfesional y acabar, en particular, con la impunidad de los cargos religiosos frente a los casos de abusos sexuales a menores”. Firman la iniciativa el portavoz parlamentario de Izquierda Unida y el de la Comisión Constitucional de esta misma formación, Alberto Garzón y Ricardo Sixto, respectivamente.

En el mismo sentido, la diputada Eva García Sempere ha registrado una serie de preguntas por escrito para que el Ejecutivo del PSOE responda de la misma forma, entre otras cuestiones, para saber si “piensa requerir a la Iglesia católica española que promueva la realización de un informe sobre abusos sexuales contra menores cometidos por sus religiosos” y si “considera el Gobierno que los Acuerdos con la Santa Sede son un obstáculo para acabar con la opacidad en la Iglesia y la falta de colaboración con la justicia en casos de pederastia”.

La parlamentaria de IU explica que según distintas informaciones, y encargado por la propia Conferencia Episcopal de Alemania, un “informe interno documenta un total de 3.677 casos de abusos sexuales cometidos por 1.670 religiosos católicos desde 1946 hasta 2014 en ese país. La mitad de las víctimas eran entonces menores de 13 años”.

“Mientras que la Conferencia Episcopal alemana al menos investiga los abusos a menores -constata- y traslada sus conclusiones al Papa Francisco, la Iglesia española oculta sin pudor los casos de pederastia”.

Un trabajo periodístico del diario ‘El País’ concluye que la Iglesia española ha silenciado durante décadas la mayoría de los casos de abusos sexuales a menores que conoció o juzgó en sus tribunales eclesiásticos. Ni comunicó estos abusos a la Fiscalía para ser juzgados ni hizo públicas las condenas impuestas a los sacerdotes pederastas.

Cabe recordar que el Código Canónico que aplican los tribunales eclesiásticos sólo prevé penas de privación del oficio de párroco durante un tiempo determinado o la expulsión del estado sacerdotal en casos muy extremos.

Se da la circunstancia, además, de que la formalización de estas iniciativas en el Congreso ha coincidido con el anuncio por parte de la Conferencia Episcopal española de su decisión de crear una comisión para revisar los protocolos de actuación ante los abusos sexuales. Eso sí, estará encabezada por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, que se ocupó de silenciar un caso de pederastia en La Bañeza (León)

Eva García Sempere advierte también de que esta opacidad en la Iglesia católica española y su ausencia de colaboración con la justicia “parecen buscar refugio en los Acuerdos con la Santa Sede de 1976, que sustituyeron al Concordato de 1953”. Dichos acuerdos establecen, en particular, que: ‘En ningún caso los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio’.

La diputada de IU concluye su iniciativa interrogando si “¿piensa el Gobierno denunciar los Acuerdos con la Santa Sede para revisar todo aquello que contraviene las esencias de un Estado aconfesional?”