Izquierda Unida exige la comparecencia urgente de Ábalos en el Congreso tras las revelaciones sobre el contrato secreto entre ADIF y DCN por la ‘Operación Chamartín’

•  En el acuerdo conocido ahora a través de la Prensa en vísperas de que se renueve el contrato se hace referencia a la venta de 1,3 millones de metros cuadrados de suelo público en Madrid a un precio fijado tres veces más bajo de su valor real

•  La empresa pública ADIF, que depende del Ministerio de Fomento, y la privada Distrito Castellana Norte (DCN), participada por el BBVA y la constructora San José, firmaron el acuerdo en secreto en 1993

•  Izquierda Unida presentó hace meses una proposición no de ley para debatir su contenido y ahora, a la vista del mismo, exige que Ábalos explique por qué mantiene un convenio al servicio de bancos y constructoras

Izquierda Unida considera “imprescindible” que se aclaren todos los términos del contrato secreto entre la empresa pública ADIF y la promotora privada Distrito Castellana Norte (DCN) para el desarrollo de la conocida como ‘Operación Chamartín’. Después de que los términos del acuerdo hayan sido desvelados hoy por la Prensa, IU ha registrado una solicitud de comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que detalle todos los pormenores de este polémico asunto.

El contrato entre la entidad pública ADIF y la privada DCN es la base para el desarrollo urbanístico-ferroviario Madrid Nuevo Norte, heredero de la ‘Operación Chamartín’. Este primer acuerdo se firmó en 1993 y en estos 25 años nunca se llegaron a desvelar los detalles del mismo. Ahora salta a la luz su contenido cuando está en vísperas de renovación.

IU considera que “el convenio contempla la venta de cerca de 1,3 millones de metros cuadrados de suelo público de ADIF a DCN en unas condiciones tremendamente ventajosas para la entidad financiera. El precio por metro cuadrado supone únicamente un tercio de su valor”. Además, la empresa privada pagará a la pública en 20 años, en lo que supone unos “muy cómodos plazos”.

Esta operación podría suponer una plusvalía inmediata para DCN cercana a los 1.000 millones de euros si materializara la venta de los suelos cuando entre en vigor el derecho sobre su propiedad.

Además de la petición de comparecencia de José Luis Ábalos, que firman el portavoz parlamentario y la diputada de IU, Alberto Garzón y Eva García Sempere, respectivamente, también se ha solicitado hoy que dé explicaciones en sede parlamentaria la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera Posada.

Izquierda Unida ya planteó hace meses en una proposición no de ley la necesidad de que se estudiara ese acuerdo, aún sin conocerlo en todos sus términos, dado que existían indicios suficientes de que se ponía “suelo público en manos de intereses privados sin atender al interés general”.

El actual desarrollo urbanístico-ferroviario Madrid Nuevo Norte ha registrado una cifra récord de alegaciones -más de 3.500- en el periodo de información pública. La mayoría de ellas han estado vinculadas a la edificabilidad prevista y a aspectos de dudosa legalidad relativos a la ordenación y a los criterios urbanísticos que se establecen. Con posterioridad se produjo la admisión a trámite del recurso contra el proyecto urbanístico ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Para Izquierda Unida, los últimos acontecimientos “abundan aún más en la necesidad de que ADIF renuncie a renovar el actual contrato con DCN, al tiempo que se debe  investigar todo lo ocurrido y que los máximos responsables hagan pública toda la documentación relativa al mismo”.

Izquierda Unida considera fundamental para abordar esta operación urbanística:

• Retirada del proyecto Madrid Nuevo Norte y finalización del acuerdo entre ADIF y DCN que deja en manos privadas el futuro de nuestra ciudad.

• Conservar la titularidad pública del suelo para ponerlo al servicio de las necesidades sociales.

• Priorizar la solución al déficit de dotaciones sociales y espacios verdes del entorno.

• Combatir la burbuja inmobiliaria construyendo mayoritariamente vivienda pública en régimen de alquiler a precios asequibles.

• Equilibrar el reparto de espacios destinados a uso residencial y a actividades económicas.

• Desarrollar un plan de fomento del transporte público y reducción del privado, en línea con las propuestas vecinales.

• Trasladar el modelo al resto de la ciudad, abandonando el modelo insostenible de desequilibrio norte-sur promovido por la derecha durante décadas.

Para Izquierda Unida, “el urbanismo, como herramienta de gestión pública, debe estar sometido al interés general. Este proyecto y este contrato están claramente en las antípodas de ello”, ya que “representan un ataque directo a las necesidades colectivas y al patrimonio público, mientras se regala un valioso suelo público a entidades financieras”.