IU quiere que el Gobierno explique si investigará que las compañías eléctricas conviertan en una “práctica sistemática” conductas fraudulentas que solo se sancionan como leves

La diputada y portavoz en temas de energía de Izquierda Unida, Eva García Sempere, registra una iniciativa en el Congreso y advierte de que la reiteración de estos casos “refuerza la idea de que las sanciones que se imponen a las eléctricas son meramente cosméticas y que el ‘lobby’ eléctrico tiene incidencia suficiente para minimizar el impacto que tienen sus conductas”

Izquierda Unida, a través de su diputada y portavoz parlamentaria en temas de energía, Eva García Sempere, reclama que el Gobierno del PSOE explique si ha puesto en marcha o tiene previsto realizar “algún tipo de investigación” para saber si son ya una “práctica sistemática” determinadas conductas demostradas fraudulentas que realizan las grandes compañías eléctricas. Las multinacionales del sector apenas recibien algún tipo de sanción leve cuando las ejecutan, mientras sí acarrean graves consecuencias para sus clientes, como la pérdida de las protecciones del Bono Social Eléctrico.

García Sempere ha registrado una completa batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo a raíz de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impusiera una nueva sanción leve a la comercializadora en mercado libre, Endesa Energía, S.A. (perteneciente a la misma matriz, Endesa, que la comercializadora en mercado regulado, Endesa Energía XXI S.L.U.)  

Lo que ocurrió, y que la CNMC considera como ‘hechos probados’ aunque sanciona con apenas 30.000 euros, fue que la comercializadora Endesa Energía, S.A. procedió a dar de alta sin su consentimiento el contrato de suministro de un particular -que fue quien denunció- en el mercado libre, donde se sabe perfectamente que no es posible beneficiarse del Bono Social, por lo que el cliente perdió los beneficios de que disfrutaba.

La diputada de Izquierda Unida destaca sobre este caso que “es aún más sorprendente que, a pesar de la reiteración de conductas, sanciones y la enorme exposición a la que se sometió al denunciante al perder el Bono Social, la instrucción calificara solo como leves hechos constitutivos que fueron identificados previamente como infracción grave”.

Eva García Sempere advierte de que la reiteración de estos casos “refuerza la idea de que las sanciones que se imponen a las eléctricas son meramente cosméticas y que el ‘lobby’ eléctrico tiene incidencia suficiente para minimizar el impacto que tienen sus conductas fraudulentas. Las sanciones que reciben no significan nada en las cuentas de unas empresas con miles de millones de beneficios anuales”, 752 millones sólo en el caso de la matriz Endesa.

Por casos como el mencionado, la diputada de IU interroga al Gobierno en su iniciativa parlamentaria si “¿tiene constancia de que se vienen produciendo de forma fraudulenta traspasos de contratos del mercado regulado al mercado libre que ocasionaban la pérdida de la condición de beneficiario del Bono Social Eléctrico sin consentimiento de la persona titular?”

Además de exigir explicaciones sobre “si existe alguna investigación en curso por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas” por estos hechos, quiere que el Ejecutivo del PSOE diga también si “considera que una multa de 30.000 euros es seria para sancionar este tipo de conductas”.

García Sempere expone al Gobierno que debe ser “el propio Ministerio para la Transición Ecológica el que tome medidas para garantizar que quien ponga en riesgo las protecciones a consumidores vulnerables reciba sanciones disuasorias y que en el caso de ser recurrentes, conlleven la extinción de la licencia de comercialización”.

En esta misma línea, la portavoz parlamentaria de IU en temas de energía busca que el Ejecutivo aporte todos los datos que tenga cuando solicite a la CNMC “el número de traspasos de contratos del mercado regulado al mercado libre” por parte de las distintas comercializadoras que pertenecen a Endesa.

Plantea también la cuestión de “¿cuándo va el Gobierno a permitir que tanto en el mercado libre como en el mercado regulado pueda ofrecerse el Bono Social Eléctrico?”

Para Izquierda Unida es fundamental que “las administraciones públicas y los servicios sociales que dependen de las mismas, especialmente en los ayuntamientos, tengan dotación suficiente a través de los Presupuestos Generales del Estado para que las personas con vulnerabilidad energética dispongan de los derechos y descuentos reconocidos en la normativa vigente a través del Bono Social Eléctrico”.