Llamazares denuncia la "campaña de acoso y derribo" contra las clínicas abortistas emprendida por "grupos ultraconservadores y apoyada institucionalmente por la derecha del PP"

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, ha denunciado hoy la “campaña de acoso y derribo” llevada a cabo en las últimas semanas contra las clínicas que practican “con profesionalidad” la interrupción del embarazo. El candidato a la Presidencia del Gobierno responsabilizó del origen de estos ataques a “grupos ultraconservadores que cuentan con el apoyo institucional de la derecha del PP y de muy específicos miembros de la Judicatura”.

Llamazares afirmó, además, que “el cerebro de esta operación está en la Comunidad de Madrid” y recordó la situación del caso de las sedaciones en el Hospital Severo Ochoa, en Leganés (Madrid), hace año y medio, con una “caza de brujas y de acoso similar” contra profesionales sanitarios que finalmente fue desestimada por la Justicia.

El cabeza de lista de IU a las Elecciones Generales realizó estas afirmaciones tras reunirse, junto con la diputada Monserrat Muñoz, con la presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), Eva Rodríguez Armario, la portavoz de la clínica ‘Isadora’ de Madrid, Marisa Castro, y otros representantes del colectivo afectado. Esta es la primera reunión que mantiene ACAI con una formación política, hecho que su presidenta agradeció especialmente.

Llamazares apuntó también que lo que se está poniendo en duda es “la profesionalidad” de los sanitarios por parte de “sectores ultraconservadores” que están “utilizando a las mujeres que abortan y a estas clínicas como rehenes”.

“Desde IU –subrayó- defendemos la Sanidad Pública y el derecho de las mujeres a dedicidir”, por lo que abogó por “despenalizar el aborto, sacándolo del Código Penal” y la elaboración de una “nueva y moderna ley de plazos” como la presentada por Izquierda Unida en el Congreso la legislatura recién concluida y que no pudo debatirse por el veto coordinado impuesto por el PSOE y el PP.

Además, Llamazares instó a la Fiscalía General del Estado “a no mirar para otro lado y no colaborar en esta campaña” y exigió a los Ministerios de Justicia e Interior que actúen de “manera decidida” y que asuman las “responsabilidades políticas” por su inacción ante el acoso judicial y político que sufren las clínicas y un número significativos de las mujeres que han interrumpido su embarazo.

Por su parte, la diputada Monserrat Muñoz señaló que “una ley de plazos proporcionaría la necesaria seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales” además de expresar su “profunda solidaridad con estas mujeres” y el respeto a su “libertad de decidir”.

La responsable de la clínica Isadora de Madrid, Marisa Castro, anunció que el próximo 30 de enero tendrán un encuentro con responsables de la Comunidad de Madrid, en concreto con los de la Dirección General de Calidad madrileña. "Vamos a exigirles responsabilidades por la persecución que estamos sufriendo, las inspecciones abusivas y porqué se filtran fotografías y datos confidenciales a los medios de comunicación", dijo, además de reprochar al Gobierno madrileño "la poca prisa que ha tenido para reunirse con la que está cayendo".