La comisión europea admite que puede haber malinterpretado legislación española sobre el impuesto que favorece a la iglesia

El pasado 9 de febrero, el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer interpeló de nuevo a la Comisión Europea por un impuesto que favorece a la Iglesia Católica y es contrario al Derecho Comunitario.

Meyer ya habían interpelado el pasado año a la Comisión Europea junto al eurodiputado italiano Marco Cappato sobre un impuesto municipal que recibe la Iglesia católica española, y que podría violar el derecho comunitario.

La cuestión versa sobre el impuesto municipal sobre "Construcciones, Instalaciones y Obras" (ICIO) que grava la realización de obras.

En el año 2001 a través de una Orden Ministerial "la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones, las Ordenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas (...)" quedan total y permanentemente exentas de dicho Impuesto.

En la pregunta a la Comisión se señalaba que "el estado español está concediendo la exención a obras relacionadas con actividades económicas en las que la Iglesia católica actúa como empresa, es decir, a explotaciones comerciales que realizan en clara competencia con otras empresas privadas que sí están sujetas al ICIO". Y esto -según Meyer- "es incompatible con el mercado común porque distorsiona la competencia y el principio del Derecho comunitario por el que las empresas deben competir sobre la base de sus propios esfuerzos".

La Comisión en respuesta a la primera interpelación interpuesta por los dos diputados señaló que "la exención del ICIO se limita a las actividades puramente religiosas, no afecta a “empresas” en el sentido del Derecho de la competencia".

En cambio los diputados, en su segunda interpelación, insistieron y documentaron que dichas construcciones están relacionadas con actividades "total y absolutamente ajenas al culto católico y que tienen por objetivo la obtención de ingresos" dando como ejemplos la construcción de escuelas privadas, universidades privadas, hospitales privados, obras en emisoras de radio privadas, entre otros.

La respuesta de la Comisión a esta segunda pregunta es bien distinta, ya que la propia Comisión admite que podría haber malinterpretado las disposiciones fiscales españolas pertinentes que regulan el ICIO, y se compromete a pedir a las autoridades españolas que aclaren el ámbito de aplicación de la exención en cuestión