El gobierno no descarta a IU-ICV que las abusivas subidas de la telefonía móvil por parte de las tres principales compañías hayan podido vulnerar la ley de defensa de la competencia

El Gobierno no descarta que lo que desde Izquierda Unida se ha calificado como “descabellada y coordinada subida de precios del 25% en el establecimiento de llamada y del 20% en otros conceptos”, llevada a cabo hace unos meses por las tres principales compañías de telefonía móvil, haya podido vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia, por lo que tiene varias investigaciones en marcha.

En una respuesta por escrito a la diputada de IU Isaura Navarro sobre este tema, el Ejecutivo recuerda en su respuesta el ámbito de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia (LCD), que en su artículo 1 prohíbe “todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir restringir o falsear la competencia…”

En este contexto, el Ejecutivo responde a la diputada Navarro que “de ello se deduce que, en el presente supuesto, si las compañías de telefonía móvil estuvieran adoptando un acuerdo o concierto común en respuesta a su pérdida de ingresos por redondeo, dicha postura estaría prohibida y por lo tanto sería perseguible” y añade que “de igual manera, sería sancionable la conducta abusiva de una empresa que ostentara posición de dominio”.

La diputada de IU pidió explicaciones al Gobierno para saber qué piensa hacer tras el anuncio coordinador de las tres principales compañías de telefonía móvil de subir sus tarifas para compensar la entrada en vigor de la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios, por la que han tenido que terminar con su abusiva práctica del redondeo.

Navarro registró en el Congreso una pregunta para su respuesta por escrito por el Ejecutivo en la que se interesó por saber si “¿Considera el Gobierno que las subidas de las tarifas telefónicas planteadas por los principales operadores de telefonía móvil encajan dentro del espíritu de la Ley 44/2006 de mejora de la protección de los consumidores y usuarios?”, así como si “¿Piensa el Gobierno intervenir si los operadores de telefonía móvil imponen subidas de tarifas abusivas e injustificadas?”

El Ejecutivo señala ahora que “en el ámbito de dicha Ley (por la LCD), la subida de tarifas por parte de una compañía para compensar las pérdidas de ingresos, salvo que pudiera calificarse de conducta abusiva por parte de la citada empresa, sería parte de su política comercial, cuya libertad defiende la LCD. Sin embargo, en el supuesto de que dicha medida se adoptara de manera conjunta o coordinada entre varias empresas se estaría ante una conducta tipificada en el artículo 1 de la LCD”.

El Gobierno detalla también a Isaura Navarro cómo dos ministerios, un organismo regulador como es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) tienen investigaciones en marcha sobre esta cuestión.

Así, y tras señalar que “según han manifestado los operadores de telefonía móvil, la modificación tarifaria va a tener un efecto neutro”, el Ejecutivo explica que “el Ministerio de sanidad y Consumo, a través del Instituto Nacional de Consumo, va a pedir información detallada a los operadores para poder verificar y comprobar que esta afirmación se ajusta a la realidad”.

Además, indicaba lo que el Gobierno ya ha llevado a cabo como es que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio solicite “a la Comisión del Mercado de la Telecomunicaciones que analice este aspecto concreto de la evolución de los precios de la telefonía móvil como consecuencia de los nuevos esquemas tarifarios”.

Por último, la respuesta a la parlamentaria de IU indica que “para que el Servicio de Defensa de la Competencia inicie un expediente sancionador por prácticas prohibidas en la LCD, es requisito ineludible que existan indicios de las citadas prácticas. Por ese motivo el SDC, ante las noticias aparecidas en este sentido en diferentes medios de comunicación ha iniciado una información reservada con el objeto de detectar la existencia de indicios si los hubiera