Isaura Navarro exige a Clos que "se ponga por una vez del lado de los consumidores y deje de defender la desmesurada subida de las tarifas de móviles"

La diputada de Izquierda Unida Isaura Navarro exige al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, que “deje ya de defender la desmesurada e injustificable subida de las llamadas de telefonía móvil hecha al unísono por las principales compañías telefónicas y se ponga a trabajar para, por una vez, dar respuesta a las razonadas demandas de los consumidores”.

Navarro, quien hace tres semanas pidió ya explicaciones por escrito al Gobierno para saber qué piensa hacer tras el anuncio coordinador de las tres principales compañías de telefonía móvil de subir sus tarifas para compensar la entrada en vigor de la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios, por la que tienen que acabar con la abusiva práctica del redondeo, entiende que “no vale con descargar responsabilidades en los distintos órganos reguladores y quedarse tan tranquilo en este tema. Al margen de lo que hagan el Tribunal de Defensa de la Competencia o Mercado de las Telecomunicaciones es competencia del Gobierno, y más si se dice de izquierdas, impedir que las grandes compañías interpreten la ley al límite y se rían en la práctica de esos mismos consumidores cuyas facturas les permiten engordar sus cuentas de resultados”.

A juicio de la diputada de Izquierda Unida, “siguen sin despejarse las serias sospechas sobre la rara habilidad de las tres compañías para hacer coincidir sus subidas en el tiempo y con la misma cuantía. La desmesura subida de tarifas parece cada vez más claro que viene motivada no por la elevación efectiva del coste de sus servicios sino para hacer frente a la nueva tarificación por segundos y la pérdida de ingresos que les supone el fin del abusivo redondeo. Frente a ello, el ministro Clos no puede seguir manteniendo en espera las llamadas y demandas de las asociaciones de consumidores mientras sólo da cobertura a las grandes compañías”.

“Ante la coordinada subida del 25% en el establecimiento de llamada –señala la diputada- y del 20% en otros conceptos, es también al Gobierno, y no sólo a los órganos reguladores de la competencia quien tenía que haber dado ya hace tiempo una respuesta efectiva y no escudarse en posibles investigaciones que se pueden demorar demasiado en el tiempo sobre los serios indicios de unas prácticas ilegítimas”.