Expertos en medios reclaman a RTVE durante las jornadas organizadas por IU que regule el derecho de acceso a los medios de comunicación públicos antes de los 6 meses que marca la Ley

Expertos del mundo académico y profesional de los medios de comunicación reunidos por Izquierda Unida en el Congreso en las jornadas "El derecho de acceso a los medios de comunicación" reclamaron hoy la regulación de este derecho de los ciudadanos en torno a un planteamiento "global" de los contenidos de las televisiones y por medio de espacios específicos. De esta forma se daría cumplimiento a lo establecido en el artículo 20.3 de la Constitución.

La ley de reforma de RTVE establece que en el plazo de seis meses, el Consejo de Administración de la Corporación debe redactar un reglamento que desarrolle este derecho, que ya se recogía en el Estatuto de RTVE de 1980, pero nunca llegó a cumplirse.

Para el cumplimiento de este mandato, que atañe a todos los medios de comunicación públicos, RTVE anunció ayer la creación de una Comisión de trabajo sobre el Servicio público y el Derecho de acceso.

A la jornada de debate, organizada en el Congreso por el Grupo Parlamentario de IU-ICV, asistieron el catedrático de la Universidad Complutense Enrique Bustamante, el profesor de la Carlos III Agustín García Matilla, y Javier Callejo, profesor de la UNED. También intervinieron Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), y profesionales de RTVE como Manuel Aguilar y Julio Ignacio Ruiz. Todos coincidieron en que es un derecho "fácil" de hacer cumplir y que su desarrollo sólo depende "de la voluntad política". La responsable de Comunicación de Comisión Permanente de IU, Inés Sabanés, actuó como moderadora.

Bustamante se mostró, no obstante, "muy escéptico" acerca de la posibilidad de que el derecho llegue a desarrollarse: "Estamos acostumbrados a que, en materia audiovisual, en España no se cumple ni una ley", dijo.

Recordó que en la actualidad este derecho sí está regulado para la Iglesia Católica, en virtud de los acuerdos con el Vaticano. Por ello, reclamó una "iniciativa parlamentaria clara, para que se cumpla en todas las televisiones", que establezca un derecho "global" de participación de asociaciones en la programación y espacios propios elaborados por profesionales de las cadenas.

A la hora de definir las asociaciones que ejerzan este derecho, Bustamante defendió que sean "entidades significativas en torno a las que se articula la sociedad real" y no "la voz abstracta del conjunto del pueblo". Asimismo, propuso que los espacios se sitúen en franjas horarias "accesibles y atractivas" y, en consecuencia, que en el presupuesto de estos espacios se incluya el "lucro cesante" que dejaría de ganar la cadena en concepto de publicidad para su financiación directa por las cuentas de la Administración pública.

Todos los participantes también apuntaron la necesidad de que los espacios fueran producidos y realizados por profesionales de las cadenas para lograr mínimos de calidad, continuidad de formatos, y supervisión de los contenidos, que, en todo caso, serían a libre elección de las organizaciones o asociaciones.

Para el profesor García Matilla, esta experiencia supondría para los profesionales que dieran voz a los distintos colectivos un "ejercicio de periodismo facilitador y mediador", lo que representa el "cumplimiento de los ideales de la profesión" y el abandono "del periodismo rastrero de comunicadores que justifican a políticos".

El presidente de la AUC, Alejandro Perales, abogó por que este derecho se ejerza por medio de espacios de "interés", algo que, a su juicio, es la tarea del periodista, "que puede dar relevancia y visibilidad a organizaciones y problemas sociales".

"El criterio es dar interés para la audiencia lo que es, además, importante", dijo perales, que puso como ejemplos de esta posibilidad incluir estos problemas en los guiones de las series. "Es una decisión política que devolvería el prestigio y la visibilidad, a la sociedad civil, lo que es fundamental", añadió.

Javier Callejo abundó en el problema de la "categoría de grupo social" y se preguntó si en ella se incluyen "sindicatos, asociaciones profesionales, comunidades religiosas o sectas". Comentó las dificultades de definir la "presencia" en los medios de estos grupos y la complicación de definir los tiempos cuantitativamente.

Por su parte, Julio Ignacio Ruiz, profesor del Instituto Oficial de Radiotelevisión (IORTV) pidió que la formulación del reglamento incluya los medios digitales y las nuevas tecnologías, como la "web 2.0", dominada por fenómenos sociales como "Myspace", "Youtube" o "Wikipedia", que son la puerta de entrada al "periodismo ciudadano".

Manuel Aguilar, trabajador de RTVE y colaborador del consejo de expertos para la reforma de RTVE, defendió la necesidad de la articulación de este derecho "como ocurre en todo el mundo".

"No estamos locos, no es una idea peregrina que se nos haya ocurrido, sino que este derecho está regulado de forma precisa en Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Suiza o Australia", citó. En el caso español, recordó que está explícitamente recogido en el artículo 20.3 de la Constitución, incluido en la Transición "para impedir la manipulación de los medios públicos".

Durante el debate estuvo presente la consejera de la Corporación RTVE a propuesta de IU, Teresa Aranguren, que aseguró que la plasmación del reglamento es "bastante factible". Explicó que "no veía problemas para que se vote en contra de esta iniciativa", porque es una contribución a hacer una "comunicación más democrática basada en valores solidarios". En cambio, aseguró que esta no es "su mayor preocupación", sino que ésta es "el cumplimiento de los requisitos de servicio público, que es todas las actitudes que impregnan la programación". "Hace falta conseguir unos valores de calidad que sean referencia, y así conseguiremos que se sumen las privadas", afirmó.