La propuesta constitucional de IU: reforzar los derechos sociales y democráticos de todos

Félix Taberna, Coordinador Ejecutivo de Política Institucional y Modelo de Estado de Izquierda Unida Federal ha manifestado ante la Agenda de Estado sobre Reforma Constitucional que el Presidente quiere impulsar, la necesidad de plantear una serie de reformas constitucionales cuya orientación básica sea avanzar en derechos sociales y democráticos. Estas propuestas deberían incluirse en el debate constitucional que se está planteando. Al igual que en algunas Comunidades Autónomas se ha avanzado en esas reformas mediante el consenso, también puede ser posible en el ámbito constitucional. Reconocemos que nuestra propuesta es ambiciosa; trata de encontrar un nuevo nexo entre cuestión democrática, cuestión social y reforma del Estado. Son propuestas que pretender profundizar en una democracia más participativa y abierta. Al mismo tiempo, orienta a los poderes públicos para avanzar en nuevos derechos como el del salario social o el derecho de la dependencia. Y por último, contemplan la necesidad de perfilar el marco competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las más destacadas son.

.-La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y especialmente para asegurar la de la mujer en régimen de paridad. Creemos procedente adicionar al artículo 23, que regula el derecho a la participación en asuntos públicos y el acceso a funciones y cargos públicos. Flexibilizar los requisitos de la iniciativa legislativa popular contemplada en el artículo 87 y las condiciones de consulta popular.

.-La regulación del derecho a la vida debe completarse con otro precepto que debe establecer el derecho a percibir unos ingresos mínimos o una renta básica suficiente para atender las necesidades básicas vitales, que los poderes públicos están obligados a garantizar a las personas que no dispongan de ellos y que en cualquier caso será un mínimo exento fiscalmente.

.-El artículo 130, cuya redacción actual no tiene apenas ningún efecto práctico, debería ser redactado de modo que se fijen los siguientes objetivos a la actuación de los poderes públicos en el ámbito económico:

a) Promover el aumento del bienestar social y de la cohesión social en un marco de desarrollo sostenible.

b) Promover la justicia social asegurando la igualdad de oportunidades.

c) Asegurar la eficacia y la eficiencia del sector público.

d) Asegurar el funcionamiento eficiente de los mercados garantizando la adecuada concurrencia entre las empresas, combatiendo los abusos de posiciones dominantes u otras prácticas lesivas para el interés general.

.-Los artículos 49 y 50, relativos a la atención a disminuidos y tercera edad, debieran rehacerse para establecer el principio del derecho a la atención de las personas con dependencia para realizar las tareas cotidianas

.-El Título VIII debería disponer un nuevo marco competencial del Estado y de las Comunidades Autónomas, revisando a fondo el artículo 149, con un reparto nítido de responsabilidades entre uno y otras y evitando el actual efecto de que prácticamente todas las materias son compartidas.

En cuanto a la reforma constitucional que tanto el PP y el PSOE consideran urgente para eliminar la prioridad del varón sobre la hembra en la sucesión monárquica, desde IU introduciremos, en el debate ante un posible referéndum, la necesidad de establecer la igualdad de derechos ciudadanos en el acceso a todos los cargos públicos no sólo para los infantes sino para todos los ciudadanos y ciudadanas.