IU arranca el compromiso del gobierno para restringir quien puede organizar e impartir cursos de formación para abogados y procuradores

El Grupo Parlamentario de IU-ICV, a través de su diputada Isaura Navarro, ha arrancado al Gobierno el compromiso para realizar una modificación fundamental en la próxima tramitación del Proyecto de Ley sobre el acceso a la profesión de abogado y procurador de los Tribunales. Así, en el capítulo dedicado a la “Obtención de la capacitación profesional” se eliminará la posibilidad de que “otros centros de formación práctica profesional para Graduados de Derecho”, como viene redactado ahora, puedan organizar e impartir “cursos de formación para abogados y procuradores”.

De esta forma, esta posibilidad de completar la formación de los letrados, tal y como ha venido reclamando Izquierda Unida, sólo la tendrán las Universidades públicas y privadas, y un número muy limitado de Escuelas de Práctica Jurídica, circunstancia que ya recoge la ley.

Isaura Navarro destaca que “tras haber logrado esta importantísima modificación, largamente reivindicada desde Izquierda Unida y uno de nuestros principales puntos de rechazo a esta iniciativa de Gobierno, decidimos retirar la enmienda a la totalidad presentada al proyecto de ley, que se iba a debatir hoy en el Pleno”.

En opinión de la diputada de IU, “logramos así cerrar la puerta al intento de convertir la formación de los abogados y procuradores en un claro negocio de formación privada, dirigido por centros de dudosa capacitación académica y que sólo aplicarían criterios empresariales. También quedan excluidos los grandes bufetes de abogados, que en algunos casos podrían tratar de aplicar criterios endogámicos o restrictivos para acceder a los centros que ya habían anunciado que estaban dispuestos a crear”.

Para Isaura Navarro, “equiparar a las universidades con este tipo de entidades privadas, además de ir en contra del espíritu de armonización puesto en marcha por la UE, hubiera supuesto una injustificable delegación de competencias del poder público en materia tan sensible como es el control de calidad de aquellos que quieren acceder a las profesiones de abogado y procurador”.

Además de esta medida, que supondría un agravio en favor de aquellos licenciados con mayor poder adquisitivo, que sí se podrían costear cursos de formación privados, IU-ICV ha arrancado también el compromiso del Gobierno de mejorar la cantidad y la cuantía de las becas que se ofrecerán para la formación de postgrado.