El Congreso debate una moción de IU-ICV para fijar los derechos de los trabajadores y de la estructura de RTVE que debe respetar el gobierno antes de ejecutar su plan de saneamiento

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha registrado una moción a través de su diputada Isaura Navarro, consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno hecha el pasado miércoles, en la que se insta al Gobierno a “aceptar una serie garantías para mantener los derechos sociales y laborales de los trabajadores, puestos en serio peligro por el Plan de Saneamiento impulsado por el Ejecutivo a través de la SEPI y la dirección del Ente”, según palabras de Navarro.

También se persigue “garantizar el trabajo y las funciones de servicio público de los centros territoriales, algunos de ellos en peligro por los descabellados planes de recorte adelantados por los responsables de RTVE con la anuencia del Gobierno”, afirma la diputada.

Isaura Navarro recuerda que “mientras para todos, incluido el informe de los sabios previo al impresentable Plan de Saneamiento presentado, resultaba clave que se debía potenciar las funciones de los centros territoriales, planteándose incluso la creación de un Canal Interregional con programación desde los diferentes centros territoriales, resulta increíble que ahora sea Izquierda Unida quien se tenga que batir el cobre frente al Gobierno para que se garanticen estos puntos esenciales”. Además –añade-, con esta moción demostramos que daremos la batalla hasta el final para eliminar todo lo posible la externalización de producción a través de empresas privadas de programas que pueden realizar con gran calidad los profesionales de la casa. Esto incluye acabar con los resquicios, que los hay, para que incluso puedan externalizarse tareas que realizan los servicios informativos”.

Isaura Navarro destaca que “también intentamos acabar con la pretensión del Gobierno de llevar a cabo un plan de regulación de empleo con carácter previo a la implantación de la reforma prevista por el proyecto de ley que se viene tramitando desde hace semanas y que ahora se encuentra en el Senado”.

“No aceptamos ninguna medida que no haya sido negociada con los representantes de los trabajadores y ningún proceso de discusión del empleo que se establezca sin estar antes definido el nuevo modelo de radio y televisión públicas y aplicado el mandato marco que se establece en la ley”, sentencia la diputada de Izquierda Unida.

A continuación se reproduce el texto íntegro de lo Moción que será debatida mañana, incluidos al final los puntos básicos a los que se insta al Gobierno:

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida - Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Moción consecuencia de Interpelación Urgente sobre MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO DE RTVE.

El Proyecto de Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, que se encuentra en proceso de tramitación parlamentaria, afirma de forma expresa que recoge las principales propuestas del informe elaborado por el Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado (el llamado Consejo de Sabios). Resulta evidente y manifiesto que un aspecto clave contemplado en dicho dictamen es potenciar las funciones de los Centros territoriales, puesto que incluso se plantea la creación de un Canal Interregional, alimentado con programación desde los diferentes centros territoriales y en colaboración con las radios autonómicas. Los centros territoriales deben, por tanto, desempeñar un papel primordial en la función de un auténtico servicio público por parte de RTVE. Pero para ello es imprescindible, como afirma el dictamen: “enlazar más estrechamente al servicio público estatal y sus actividades descentralizadas (programaciones desconectadas), con la sociedad de cada Comunidad Autónoma”. Este aspecto, que no está recogido en el proyecto de Ley del Gobierno, supone además un grave retroceso respecto al vigente Estatuto de 1980.

En la mayor parte de las obligaciones específicas del servicio público que recoge el Dictamen se concretan, por otro lado, porcentajes de producción propia elevados y compromisos singulares de emisión de producción nacional y europea, acompasados a obligaciones precisas de inversión en la producción independiente. Pero esta propuesta, capital para la función que deberá cumplir la futura Corporación de RTVE, resulta inviable con la actual redacción del artículo 7, en sus apartados 5, que limita la producción propia a los servicios informativos.

Resulta muy preocupante la aparente pretensión del Gobierno de llevar a cabo un plan de regulación de empleo con carácter previo a la implantación de la Reforma. Un plan diseñado bajo el objetivo de reducir gastos pero sin contemplar la oferta que requerirá el nuevo modelo de servicio público ni la rentabilidad social agregada al mismo. En pura lógica, los procesos de discusión del empleo sólo pueden establecerse una vez definido dicho modelo y aplicado el mandato marco que se establece en la ley.

Sin posiciones cerradas respecto a un futuro plan de reestructuración o a un rejuvenecimiento de la plantilla hay que recordar que RTVE perdió ya en los años 90 más de un 30 por ciento de su plantilla, sin que ello aliviara sus problemas financieros, y que su plantilla actual (8.258 trabajadores fijos y 9.369 en total) es muy inferior a la de sus colegas europeos, aun considerando la población y la riqueza de cada país (unos 27.000 en el Reino Unido; más de 23.000 en Francia; 11.500 en Italia; casi 40.000 en Alemania). Además, si el informe de los expertos desaconsejaba los expedientes de regulación de empleo automáticos por edad, que vacían irracionalmente a una empresa de su riqueza productiva, parece evidente también que sólo con la aplicación fehaciente del nuevo modelo de servicio público puede estimarse la capacidad laboral y las categorías que se necesitan. En ese contexto resulta imprescindible plantearse la continuidad de la Orquesta y Coro, a la que el actual proyecto de ley no hace ninguna referencia.

Este Gobierno, por tanto, no puede cometer el error de cuestionar la viabilidad de la radiotelevisión pública y alimentar especulaciones sobre planes de ajuste absolutamente desorbitados, mientras la máxima expresión ciudadana a través de su Parlamento, está elaborando un marco legal y un modelo de servicio público que se concretará en un mandato marco a nueve años.

La actual disposición transitoria segunda en su apartado 2 es, además, confusa en su sentido jurídico y contradictoria con planteamientos de rentabilidad empresarial basados en el rejuvenecimiento de la plantilla, puesto que en ese proceso será inevitable, entre otras cosas, regularizar la situación del personal contratado que mantiene en la práctica una relación estable con la empresa. La utilización de los términos “convencional o extraconvencional” recogidos en el proyecto de ley son eufemismos que sólo aportarán interpretaciones jurídicas contradictorias y contraproducentes para la futura actividad empresarial de la nueva Corporación. No podemos ignorar que este Gobierno ha sido instado, a través de tres PNL a regularizar la situación del personal contratado sin que hasta la fecha se haya dado el menor paso para aplicar la voluntad expresada por el Parlamento.

Por otra parte, desde la aprobación en 1980 del vigente estatuto de la Radio y la Televisión, se ha ido generando en España un marco jurídico audiovisual que bien se pudiera definir como de “aluvión”, en el que se han ido incorporando nuevas y sucesivas leyes que regulando aspectos parciales de sector, han terminado generando una realidad de dispersión e inseguridad jurídica, que todos los sectores implicados, desde los telespectadores a los operadores de televisión consideran insostenible por más tiempo.

Es en el marco de una reforma global del sector audiovisual, que se entiende oportuna la adecuación de la prestación del servicio público radiotelevisivo tomado para ello como referencia ineludible, las conclusiones y recomendaciones del Consejo para la Reforma de los medios de comunicación de titularidad estatal.

Ahora bien, esta reforma no sólo se puede abordar parcialmente actuando sobre la Radio y Televisión pública estatal, haciéndose imprescindible el acometer la reforma global comprometida públicamente por el Gobierno y reiteradamente demandada por la sociedad española, que dote a nuestro marco jurídico de una Ley General Audiovisual en la que en ella o junto a ella mediante otra Ley, se cree el Consejo Audiovisual, como Autoridad independiente para este sector.

El texto de proyecto de Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, carece en su redacción actual de una definición del servicio público radiotelevisivo desde una perspectiva global, al encontrarse ésta en la redacción de la futura Ley General Audiovisual, en los términos que fue anunciada por el Gobierno. Así mismo, para la correcta aplicación de la futura Ley de la radio y Televisión de Titularidad estatal, se hace imprescindible la creación del Consejo Audiovisual independiente, también comprometido por el Gobierno, ya que de no verificarse la creación del mismo, la tan proclamada independencia de la radio y televisión pública, quedaría gravemente comprometida en tanto que el Gobierno retenga las competencias de la autoridad audiovisual.

La necesidad de un marco jurídico general y básico para todo el sector de la radio y la televisión, la necesaria adecuación de la legislación audiovisual que incorpore las nuevas realidades tecnológicas y de mercado al mismo, la necesidad de acabar con la dispersión normativa y la inseguridad jurídica que padece el sector radiotelevisivo, así como la urgente y necesaria creación del Consejo audiovisual independiente que garantice una vigilancia adecuada y separada de los gobiernos de turno, del cumplimiento de las obligaciones de los operadores de televisión tanto públicos como privados, hacen necesario que la reforma de la radiotelevisión público no termine siendo una pequeña isla aislada, en un océano de caos e inseguridad jurídica en el conjunto de la radio y televisión, para el perjuicio de los ciudadanos.

Por todo ello, presentamos al Pleno la siguiente:

MOCIÓN

“El Congreso de los Diputados Insta al Gobierno a:

1.Garantizar la existencia de una estructura territorial en el futuro diseño de la Corporación RTVE de modo que se asegure la correcta prestación y cumplimiento de las funciones del servicio público de radio y televisión estatal, la provisión de contenidos regionalizados a la realidad estatal y la contribución imprescindible al desarrollo de la cohesión interterritorial.

2.Garantizar la misión de servicio público en la producción de contenidos, desarrollar el talento interno e impulsar y asegurar un porcentaje mínimo de producción propia, de forma que ésta abarque la mayoría de los programas difundidos en cada ejercicio, sin computar la coproducción.

3.Presentar en el actual periodo de sesiones los proyectos de Ley General Audiovisual y de creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, en los cuales se recoja la regulación básica del sector audiovisual, por una parte, y la creación de una autoridad independiente al mismo, con el objeto de completar la reforma audiovisual (público y privado) y del servicio público radiotelevisivo.

4.Garantizar que cualquier propuesta del plan de saneamiento se enmarque en la negociación que se lleve a cabo con los sindicatos y esté sometida a los criterios establecidos en el proyecto de Ley, al modelo que desarrolle la nueva Corporación y, de forma expresa, al conjunto de directrices que contemple el mandato marco aprobado por el Parlamento.

5.Resolver la situación laboral del personal contratado en el marco del plan de saneamiento, dando cumplimiento a las proposiciones no de ley aprobadas en el Congreso de los Diputados.

6.Garantizar por ley la continuidad de la Orquesta y Coro de RTVE.”