Izquierda Unida-ICV enmienda a la totalidad la reforma de la ley del menor por ser involucionista y alejarse del interés del menor

La diputada portavoz de Asuntos Sociales, Carme García, considera la propuesta del Gobierno “inoportuna e innecesaria”

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley por el que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores por considerar que esta propuesta “se aleja claramente del interés del menor, es involucionista y no contempla las medidas educativas y resocializadoras para reformar una respuesta penal sustentada en el aumento de penas”.

La diputada portavoz de Asuntos Sociales del Grupo Parlamentario, Carme García, ha calificado la reforma de “inoportuna e innecesaria” y ha destacado que se aborda “sin el consenso de los grupos parlamentarios y sin el diálogo con las Comunidades Autónomas, jueces, fiscales, asociaciones de protección y defensa de los derechos de los menores, el Defensor del Menor y demás agentes implicados en la Justicia de Menores”.

La enmienda a la totalidad que presenta IU-ICV se sustenta en la consideración de que el proyecto de ley del Gobierno “da una respuesta punitiva y vindicativa cada vez más próxima al derecho penal de adultos, con el único objetivo de satisfacer cierto ‘populismo punitivo’ relegando, los principios que contiene el art. 25.2 de la Constitución Española”.

Carme García explica que esta propuesta de reforma parte de un error de concepto entre adultos, como plenamente imputables, y menores con distinta imputabilidad. No marcar esta diferencia supone ir en contra de la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, así como las reglas de Naciones Unidas y las Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en orden a la consideración en estos procesos del llamado "interés del menor".

“Hay que tener en cuenta que la justicia de menores debe determinar el castigo atendiendo no sólo al hecho delictivo, sino también a las circunstancias del autor del mismo, por lo que la comisión de un determinado hecho, por grave que pueda ser, no debería predeterminar ni proponer una respuesta que corresponda a los adultos plenamente imputables como es la cárcel”, afirma.

De igual forma, la enmienda a la totalidad de devolución subraya que las reformas acometidas hasta la fecha en la Ley del Menor no han tenido como objetivo promover soluciones alternativas a la vía penal o dotar económicamente la ejecución de las medidas, especialmente aquellas no privativas de libertad.

El proyecto de ley apuesta, a juicio de IU-ICV por un modelo de política criminal sustentado en el incremento de los principios punitivos a través del aumento de la duración de las medidas, así como del periodo de seguridad y la respuesta carcelaria, en detrimento de las medidas de reinserción social esenciales en una Ley de esta naturaleza.

Asimismo, la enmienda se justifica por la ausencia de referencias a la necesidad de dotar de recursos humanos y económicos la Justicia de Menores para garantizar la eficacia de la ejecución de las medidas, verdadero “déficit” detectado por Jueces, Fiscales y demás profesionales, y , porque, además, en el Proyecto de Ley se desperdicia una oportunidad para regular un proceso de mediación para la solución extrajudicial de las pequeñas infracciones, en la línea de los modelos penales más avanzados de los países de nuestro entorno.

A continuación el texto integro de la iniciativa parlamentaria:

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente Enmienda a la Totalidad de devolución al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (número de expediente 121/000076)

Palacio del Congreso de los Diputados, Madrid a 14 de marzo de 2006

Enmienda a la Totalidad de devolución al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores

El Grupo Parlamentario de IV- IU – ICV no comparte los criterios ni el contenido de una reforma que consideramos inoportuna e innecesaria, que se aleja del consenso político y social inicial de una Ley aprobada con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios. Además esta reforma se aborda sin el dialogo ni la participación de Comunidades Autónomas, Jueces, Fiscales, asociaciones de protección y defensa de los derechos de los menores, Defensor del Menor y demás agentes implicados en la Justicia de Menores.

A nuestro juicio estamos ante un Proyecto de Ley claramente regresivo, que ofrece una respuesta punitiva y vindicativa cada vez mas próxima al derecho penal de adultos, con el único objetivo de satisfacer cierto "populismo punitivo", abdicando de, o al menos relegando, los principios, al parecer políticamente incorrectos hoy día, pero nítidamente progresistas, que contiene el art. 25.2 de la Constitución Española.

Afirmar que la LORPM promueve la impunidad o que no da respuesta a la comisión de delitos muy graves, es tan falso, como olvidar que detrás de los comportamientos violentos de algunos sectores de la juventud, hay causas sociales, para cuya remoción se precisa una intervención integral de los poderes públicos.

Como punto de partida se ha de señalar que esta reforma parte un error de concepto. Predicar la proporcionalidad en la LORPM como justificación de la reforma es desconocer la esencia del tratamiento diferente de los adultos (plenamente imputables) y los menores con una distinta imputabilidad (véase los arts. 19 y 69 del vigente código penal de 1995), y que por lo tanto han de tener un tratamiento penal distinto, y sobre todo, supone desatender los fundamentos en que se sustenta la LORPM, basada, entre otros textos, en lo que establece la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, así como las reglas de Naciones Unidas y las Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en orden a la consideración en estos procesos del llamado "interés del menor". Es decir, la justicia de menores debe determinar el castigo atendiendo no sólo al hecho delictivo, sino también a las circunstancias del autor del mismo, por lo que la comisión de un determinado hecho, por grave que pueda ser, no debería predeterminar, ni proponer, una respuesta que corresponda a los adultos plenamente imputables como es la cárcel.

A pesar, de que nuestro grupo parlamentario ha demandado al Gobierno un cambio en la orientación de la política criminal en reiteradas ocasiones durante esta legislatura, el Proyecto de Ley de modificación de la LORPM continúa la línea marcada por los anteriores gobiernos del PP en esta materia, alejándose del espíritu progresista que inspiró la propia Ley, así como del resto de la legislación relativa a los menores.

Desde la entrada en vigor de la Ley en el año 2000, la LORPM ha sufrido tres reformas en su articulado que consideramos un retroceso legislativo en la materia. Todas las reformas aprobadas por el anterior gobierno han ido encaminadas a alargar la duración del internamiento, endurecer las condiciones de vida de los menores privados de libertad, y a dar entrada a la vindicación en el proceso de menores alejándolo de posibles planteamientos educativos. Las reformas planteadas por el actual gobierno ahondan exactamente en el mismo camino.

Ninguna reforma de las acometidas, y ésta que ahora se debate tampoco, ha tenido como objetivo garantizar de manera efectiva los derechos de los menores infractores, promover soluciones alternativas a la vía penal, o a dotar económicamente la ejecución de las medidas, especialmente las medidas no privativas de libertad.

Entrando a valorar el texto del Proyecto de Ley, y en primer lugar su Exposición de motivos, se observan graves contradicciones en la pretendida justificación de la reforma cuando alude a un aumento de los delitos cometidos por menores y a la “preocupación social”. Esta justificación tan genérica como engañosa es desmentida categóricamente por los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial a través de su servicio de inspección. Pero no sólo estos datos, el estudio del Catedrático de derecho Penal D. José Luís Díaz Ripollés analizando la delincuencia de menores obtiene datos similares, que prueban la falta rigor en la justificación de las reformas propuestas del Gobierno, solo comprensibles desde la óptica de legislar “en caliente”.

Hemos de señalar igualmente que la exposición de motivos alude a una evaluación de la ley de la cual se ignoran, como mínimo, sus resultados. E incluso, se da la paradoja de que aún reconociendo que no han aumentado los delitos violentos se incrementa precisamente la penalidad para este tipo de delitos, sin atender otras soluciones, como las extrajudiciales, muy válidas para combatir “la sensación de impunidad de las infracciones más cotidianas”, es decir, la pequeña delincuencia en menores a la que hace referencia en la citada exposición de motivos.

Las modificaciones propuestas en el articulado del Proyecto de Ley objeto de la enmienda de totalidad, vienen a constatar:

1) La apuesta por un modelo de política criminal sustentado en el incremento de los principios punitivos a través del aumento de la duración de las medidas, y del periodo de seguridad (véase el art. 10), y la respuesta carcelaria (art. 14), en detrimento de las medidas de reinserción social esenciales en una Ley de esta naturaleza como la exposición de motivos expresa en los principios, criterios y orientaciones que le informan, en concreto su naturaleza sancionadora-educativa.

2) No trata el sistema de ejecución de medidas, donde se encuentra el principal, y quizás único, problema de la ley, esencialmente en la necesidad de dotar de los recursos económicos y sociales necesarios a las infraestructuras de ejecución de medidas (centros, formación de personal técnico en especial), así como regular adecuadamente la gestión de los centros de internamiento ahora en régimen de concierto con entidades privadas y que deberían permanecer exclusivamente bajo gestión pública teniendo en cuenta lo delicado de la función encomendada.

3) Otro factor importante es que el Proyecto de Ley, no observa el denominado “interés del menor”, determinante de la respuesta sancionadora de la ley y diferenciador del procedimiento de adultos. Este concepto definido en el art. 3.1 de la Convención de los derechos del niño (todo menor de 18 años), de 1989, y en los principios generales de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, se ve decisivamente alterado por las modificaciones legales que se proponen hasta el punto de desnaturalizar definitivamente la ley, para convertirla en una ley penal como la de adultos.

El interés del menor en el proceso de menores viene establecido en la necesaria valoración por el juez de sus circunstancias personales, sociales y familiares para adecuar la respuesta sancionadora. Sin embargo, bajo el pretexto de la mayor proporcionalidad entre la respuesta sancionadora y la gravedad del hecho delictivo, se introduce un incremento punitivo en la nueva regulación del artículo 10 del Proyecto de Ley que en relación con lo que establece el nuevo art. 14 que lleva a los menores a la cárcel desde los 18 años (excepcionalmente) y de los 21 (ordinariamente), nos acerca a un automatismo en la respuesta sancionadora propia del procedimiento de adultos, con la discrecionalidad judicial muy limitada y en consecuencia, no toman en cuenta el interés del menor sino la retribución en el castigo al hecho cometido.

Pero también, se ve comprometido el interés del menor por el establecimiento de periodos de seguridad (art. 10 1 b. 2º y 10.2.b) que impiden al juez modular la respuesta sancionadora en interés del menor, y de valorar su evolución, privando de sentido los proyectos educativos previstos por los equipos técnicos y recogidos en la sentencia, y convirtiendo en irrelevante el trabajo de formación que ha de acabar necesariamente en un centro penitenciario ordinario regido por lo establecido en la Ley General Penitenciaria (art. 14.2.y 3)

4) Incluso este Proyecto de Ley va más allá que la reforma del 2003 que establecía el régimen penitenciario para los mayores de 23 años. En esta ocasión, el Gobierno da una vuelta de tuerca más, además de establecer el régimen penitenciario para los mayores de 21 años carácter general, lo recoge para los mayores de 18 años, sí bien de manera excepcional. En definitiva, si analizamos los apartados 2 y 3 del artículo 14, el menor podrá ir al centro penitenciario a cumplir una pena de cárcel de hasta 10 años sin ser imputable con arreglo al Código Penal en el momento de cometer el delito, pero aún en el caso ordinario deberá pasar del centro de menores a la cárcel a cumplir la pena hasta el final frustrando toda opción de dar continuidad la proceso educativo y de inserción social, laboral o personal que se haya iniciado. En definitiva, el núcleo de la reforma posterga la respuesta sancionadora educativa, prevista en la ley, para convertirla en respuesta vindicativa y retributiva exclusivamente.

5) Igualmente supone una degradación del interés del menor la modificación introducida en el artículo 17.2 al regular la entrevista del menor detenido con su abogado al termino de la práctica de la toma de declaración, en contra del criterio interpretativo que hasta ahora se mantenía y que había sido resuelta en el ámbito del Ministerio Fiscal a través de la consulta 2/2005 de 12 de junio que concluye el reconocimiento del derecho del menor a entrevistarse reservadamente con su letrado, Incluso antes de prestar declaración en sede policial.

Pero no solo la justificación de la enmienda de totalidad se sustenta en la oposición a las modificaciones propuestas, sino que también encuentra un refuerzo en lo que podríamos denominar los “silencios” del Proyecto de Ley. Nada dice sobre la necesidad de regular la especialidad de los jueces de menores y su acceso a la segunda instancia. Nada dice de la necesidad de dotar de recursos humanos y económicos la Justicia de Menores para garantizar la eficacia de la ejecución de las medidas, verdadero “déficit” detectado por Jueces, Fiscales y demás profesionales. Y finalmente, en el Proyecto de Ley se desperdicia una oportunidad para regular un proceso de mediación para la solución extrajudicial de las pequeñas infracciones, en la línea de los modelos penales más avanzados de los países de nuestro entorno.

Todos estos extremos expuestos, valorados en su conjunto, definen una reforma conservadora, involucionista, que desvirtúa los principios rectores de la LORPM, alejándose del “interés del menor”, de las medidas educativas y resocializadoras para reforzar una respuesta penal sustentada en el aumento de penas, que por sí solos, justifican la enmienda de totalidad que presenta el Grupo Parlamentario de IV – IU- ICV.