Taberna considera "insuficiente" la reforma constitucional "olvida reforzar los derechos sociales"

Félix Taberna, coordinador ejecutivo de Política Institucional y Modelo de Estado de Izquierda Unida Federal valora como “insuficiente” la reforma constitucional a la que el Consejo de Estado dio ayer su visto bueno tras la aprobación de un informe en ese sentido por amplia mayoría.

El dirigente de IU, pese a reconocer “la importancia de que el Gobierno haya abierto este debate constitucional, impensable con un gobierno de la derecha del PP”, considera que “el actual Ejecutivo ha centrado demasiado sus propuestas en el ámbito territorial, priorizando una reforma territorial sin tener para nada en cuenta los cambios que deben reforzar los derechos sociales y democráticos de los ciudadanos y ciudadanas”.

Frente a esta “tibia e incompleta” reforma de la Carta Magna que pretende el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero –centrada en la sucesión de la Corona, la adecuación de la normativa europea, la reforma del Senado y la denominación de la Comunidades Autónomas-, la dirección federal de IU tiene lista su propuesta de modificación constitucional que sí avanza en derechos sociales y democráticos. Esta organización considera que estas propuestas deben incluirse en el debate constitucional en los términos en que éste está planteado, así como para alcanzar fórmulas de consenso.

Taberna afirma que “reconocemos que nuestra propuesta es ambiciosa. Ttrata de encontrar un nuevo nexo entre cuestión democrática, cuestión social y reforma del Estado. Son propuestas que pretender profundizar en una democracia más participativa y abierta. Al mismo tiempo, orientan a los poderes públicos para avanzar en nuevos derechos, como el del salario social o el derecho de la dependencia. Además, contemplan la necesidad de perfilar el marco competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas”.

Entre las propuestas más destacadas están:

La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y, especialmente, para asegurar la de la mujer en régimen de paridad. Creemos procedente adicionarlo al artículo 23, que regula el derecho a la participación en asuntos públicos y el acceso a funciones y cargos públicos. Flexibilizar los requisitos de la iniciativa legislativa popular contemplada en el artículo 87 y las condiciones de consulta popular.

La regulación del derecho a la vida debe completarse con otro precepto que debe establecer el derecho a percibir unos ingresos mínimos o una renta básica suficiente para atender las necesidades básicas vitales. Los poderes públicos están obligados a garantizarlos a las personas que no disponen de ellos. En cualquier caso será un mínimo exento fiscalmente.

El artículo 130, cuya redacción actual no tiene apenas ningún efecto práctico, debería ser redactado de modo que se fijen los siguientes objetivos a la actuación de los poderes públicos en el ámbito económico:

a)Promover el aumento del bienestar social y de la cohesión social en un marco de desarrollo sostenible.

b)Promover la justicia social asegurando la igualdad de oportunidades.

c)Asegurar la eficacia y la eficiencia del sector público.

d)Asegurar el funcionamiento eficiente de los mercados, garantizando la adecuada concurrencia entre las empresas, combatiendo los abusos de posiciones dominantes u otras prácticas lesivas para el interés general.

Que el Estado español renuncie al uso de la guerra como instrumento de política exterior, tal como hizo la Constitución de 1931 siguiendo la línea del Pacto de la Sociedad de Naciones.

Los artículos 49 y 50, relativos a la atención a “disminuidos y la tercera edad”, debieran rehacerse para establecer el principio del derecho a la “atención de las personas con dependencia” para realizar las tareas cotidianas.

El Título VIII debería disponer un nuevo marco competencial del Estado y de las Comunidades Autónomas, revisando a fondo el artículo 149, con un reparto nítido de responsabilidades entre uno y otras, evitando el actual efecto de que prácticamente todas las materias son compartidas.

También debe suprimirse la prohibición contenida en el artículo 145.1, permitiendo la posibilidad de establecer lazos especiales de tipo federativo entre las Comunidades que así lo decidan.

Modificación del artículo 13 para extender el derecho al voto a todos los ciudadanos establemente residentes en España, al margen de su nacionalidad.