Propuestas programáticas en materia de empleo, protección al desempleo y pensiones.

Encuentro de Sindicalistas con Izquierda Unida

PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS EN MATERIA DE EMPLEO, PROTECCIÓN AL DESEMPLEO Y PENSIONES

La creación de empleo estable y de calidad y la plena protección social deben ser el objetivo prioritario de la política económica, hasta conseguir el Pleno Empleo con derechos. Las desregulaciones laborales, practicadas por los gobiernos, en la última década, han tenido un efecto negativo en los intereses de los trabajadores; además, no crean empleo, lo precarizan y contribuyen a procurar distribuciones regresivas del Producto Social, desincentivan los esfuerzos en formación, y afectan negativamente a la productividad.

En la creación de empleo influyen, básicamente, la orientación de la política macroeconómica, las decisiones empresariales sobre inversión y gestión del excedente empresarial, o el reparto de las mejoras de la productividad.

Una condición necesaria, para crear empleo de calidad, es que la política macroeconómica adquiera un carácter más flexible, abandonando ciertos fundamentalismos que hoy inundan el pensamiento económico. Esta cuestión exige referirse a la UE, donde la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros no puede basarse en una interpretación restrictiva del Pacto de Estabilidad, y donde la política monetaria debe considerar el pleno empleo como uno de sus objetivos.

NUESTRAS PROPUESTAS:

I. PLENO EMPLEO ESTABLE, SEGURO Y CON DERECHOS

  • Participación de los trabajadores en la gestión del excedente empresarial para asegurar suficientes recursos dirigidos hacia la formación de capital fijo generador de empleo en actividades económicas, social y medioambientalmente útiles, y avanzar en la democracia económica dentro de las empresas.
  • La reducción de la jornada laboral a 35 horas, sin merma salarial, está íntimamente relacionada con lo anterior. Es una propuesta que persigue distribuir de forma más justa (y de manera más beneficiosa para el empleo) los incrementos de productividad entre salarios y excedente empresarial.

Aplicación de la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales sin reducción salarial, para el conjunto de trabajadores dependientes de las administraciones públicas, organismos públicos y empresas públicas. Extensión paulatina a las empresas que ejecutan servicios dependientes de la actividad pública, con el propósito final de generalizar por ley la jornada laboral de 35 horas semanales.

  • Paralelamente, es preciso un control efectivo por parte de las organizaciones sindicales y reforzar, con mayores recursos humanos y competencias legales, el papel de la Inspección de Trabajo. Hoy es vital cercar el abuso sistemático en la utilización de las horas extraordinarias, que en la práctica supone un alargamiento cotidiano de la jornada laboral, que contribuye a precarizar las condiciones laborales, a incrementar el riesgo de accidentes de trabajo, e impide un crecimiento mayor del empleo. Igualmente, es necesario y urgente incrementar con garantías una cultura empresarial de cumplimiento de la norma laboral en las relaciones laborales, para frenar paulatinamente los elevados niveles de fraude laboral existentes en nuestro mercado laboral, y para conseguir una reforma democrática de la empresa, como cuestión pendiente de la democracia.
  • Los servicios sociales, escasamente desarrollados en nuestro país, son parte fundamental en el desarrollo de una visión amplia para la creación de empleo. Proponemos un Programa Social que mejore nuestro sistema de protección social, dirigido a la atención de personas con dependencia, asistencia a mayores y servicios de atención a la infancia o discapacitados, potenciando ciertas prestaciones económicas, ampliando la oferta de algunos servicios públicos y desarrollando medidas complementarias. El objetivo esencial es atender múltiples carencias de nuestro sistema de Bienestar, pero hay que añadir que el incremento de la cobertura pública de programas y servicios sociales resulta ser una importante fuente de ocupación (de empleo directo) y tendría otros efectos positivos, como crear condiciones más favorables para la incorporación de la mujer al mercado laboral, aumentando las tasas de actividad femenina, y eliminar obstáculos objetivos a la libre opción por la maternidad.
  • El problema del paro (fundamentalmente femenino y juvenil) y la precariedad en el empleo, son muy superiores en nuestro país con relación a la UE. Favorecer de modo especial a jóvenes y mujeres en materia de empleo significa abordar la cuestión de la precariedad y la desregulación laboral. Reducir la precariedad en el empleo implica frenar el abuso en la contratación temporal por parte de los empresarios, favoreciendo el cumplimiento normativo en materia de contratación, utilizando correctamente el sentido de cada contrato. No obstante es inevitable, para paliar los elevadísimos niveles de temporalidad, racionalizar y ordenar la entrada en el mercado laboral, revisar las modalidades de contratos temporales, fomentando la causalización de los contratos, para minimizar el fraude, favorecer la contratación estable y aumentando las cotizaciones sociales o la indemnización por finalización del contrato. Abordando, tan solo, los contratos temporales irregulares, se podría reducir la tasa de temporalidad en casi 8 puntos porcentuales.
  • Tal como vienen demandando las organizaciones sindicales de nuestro país, es urgente un mayor control y limitación de las contratas y subcontratas con una regulación legal, actualizada y de carácter general, que evite los sistemáticos abusos que se vienen produciendo y que de forma específica se ordene y racionalice esta forma de contratación en sectores como la construcción o los servicios.
  • Las ETT´s y las empresas de servicios están dañando de forma contundente la calidad y estabilidad de nuestros empleos. Son necesarias reformas legales que limiten de forma contundente la contratación diferida, impidiendo que por esta vía se pueda ceder mano de obra para emplearla en actividades propias y habituales de la empresa contratante, contemplando la cesión de mano de obra de forma exclusiva en tareas muy especializadas y ajenas a la actividad habitual de la empresa, en la orientación de la eliminación legal de las ETT´s.
  • También es preciso corregir la precariedad laboral en la Administración, acabando con la amortización de empleo público.
  • Una política efectiva en la prevención de riesgos laborales, garantizando su cumplimiento legal en los centros de trabajo, aumentando la responsabilidad penal de quien la incumple de forma flagrante y peligrosa, e incrementando las competencias legales de las organizaciones sindicales en los sectores y empresas donde tiene lugar un elevado número de accidentes laborales.

A su vez, entendemos necesaria la existencia de una Fiscalía específica contra la siniestralidad laboral, incrementando el conjunto de recursos públicos a favor de la prevención de riesgos, donde nuestro país se sitúa lamentablemente a la cabeza de la UE. Volvemos a insistir en la necesidad de incrementar los recursos de control, ampliando el número de Inspectores de Trabajo, equiparándolo con la media de la actual UE (15) donde por cada 7.000 trabajadores hay un Inspector, una presencia casi 4 veces superior a la existente en nuestro país. Con una dotación de recursos humanos técnicos y presupuestarios suficientes, para diseñar un Plan de choque global organizado territorial y sectorialmente, concertado con los agentes sociales, las Comunidades Autónomas y la Administración Central.

La primera medida urgente, para atajar los elevados índices de accidentalidad, además del exigible cumplimiento legal, no es otra que mejorar la calidad del empleo, incrementando de forma sólida la contratación indefinida, penalizando la contratación eventual injustificada, persiguiendo de forma real el fraude en la contratación temporal y en la rotación ilícita, y favoreciendo legalmente la contratación indefinida, causalizando la contratación.

Una segunda necesidad es la ejecución de una acción de formación integral para la prevención de riesgos. Ejecutando un Plan Nacional de Formación, que afecte al conjunto de sectores, especialmente en las empresas con mayor riesgo y PYMES, dirigido a los trabajadores y empresarios, con los medios humanos y materiales necesarios, y con recursos presupuestarios suficientes.

  • Creación de la figura del Delegado Sindical Sectorial y Territorial de Prevención de Riesgos Laborales. Elegido por las organizaciones sindicales más representativas, para poder actuar en las empresas que por su tamaño o situación, no tienen representación legal de trabajadores. Los derechos y la capacidad normativa serán idénticos a la de los delegados sindicales de prevención de riesgos, que sí son elegidos en sus empresas. Extendiendo las facultades de los delegados de prevención de las empresas principales a las empresas contratistas o subcontratistas.
  • Desarrollo e impulso de iniciativas sociales, sindicales y políticas tendentes a favorecer la igualdad en el plano social y laboral de los trabajadores inmigrantes que trabajan en nuestro país.
  • Proponemos la mejora real de los salarios, con crecimientos superiores al IPC real y la existencia de cláusulas de revisión salarial. Los trabajadores deben recuperar poder adquisitivo y participar del crecimiento de la economía, de la mejora de la productividad y de los altos los beneficios empresariales. Igual salario a igual trabajo, sin discriminación salarial de la mujer.
  • Progresiva equiparación del SMI al 60% del salario medio, situándolo en una cantidad cercana a los 660 euros mensuales, cumpliendo así las recomendaciones de la Carta Social del Consejo de Europa que nuestro país ratificó en 1980.
  • Política de impulso Industrial basada en la apuesta por la especialización e innovación tecnológica para el desarrollo de una actividad industrial activa y diversificada.
  • Incorporación de la mujer al empleo estable. Acompañado de un impulso de la Red Pública de Escuelas Infantiles en la Región. Medidas formativas específicas para mujeres con especiales dificultades para el acceso al empleo digno. Ayudas económicas, fiscales y subvenciones específicas.
  • Dignificación del empleo de los jóvenes, con medidas concretas para los sectores de la juventud que con formación específica son subempleados, y medidas formativas que favorezcan el acceso al empleo estable y con derechos.
  • Plan de acceso al empleo de calidad de trabajadores con minusvalías. Haciendo vinculante el cumplimiento de contratación mínima legal de trabajadores con minusvalías, en todos los niveles de la Administración, empresas públicas y en el conjunto de empresas privadas. Con acciones formativas específicas para cada realidad. Con ayudas específicas para la adaptación de las empresas para el acceso profesional avanzado de los trabajadores y trabajadoras que padecen algún tipo de minusvalía.
  • Reflotamiento de la economía sumergida, por sectores y territorios específicos. Abordando el problema desde su raíz, con acciones ordenadas por sectores que partan desde un mayor control real del fraude y abuso en la contratación, cercando el encadenamiento no lícito de los contratos eventuales. Con alternativas económicas y productivas posibles.

  • Acción para la Formación Integral que unifique toda la oferta de las diferentes enseñanzas, reglada, ocupacional y continua, con participación e implicación real y directa del conjunto de agentes económicos y sociales; con una coordinación y planificación de las políticas formativas y del conjunto de recursos económicos, instalaciones, programas y conjunto de acciones, buscando el mayor grado de cooperación entre el conjunto de agentes actuantes.

 

II. MEJORAR LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO

  • Potenciar los Servicios Públicos de Empleo en su labor de intermediación laboral. Impulsando un auténtico servicio público de empleo más activo y dinámico, verdadero catalizador de las ofertas y demandas de empleo, con políticas reales de planificación y prospectivas de las necesidades profesionales actuales y futuras de la economía del país. Dinamizando la contratación en nuestro país, agilizando el concierto entre oferta y demanda de trabajo, personalizando el itinerario profesional de los desempleados.
  • Mejorar la protección por desempleo realizando una verdadera reforma que aborde los requisitos de acceso a la prestación y la cuantía y duración de la misma.
  • Cualquier exceso o superávit en el INEM procedente de las cuotas por desempleo debe destinarse a mejorar la protección. Es una prioridad, ampliar la cobertura para los parados de larga duración con cargas familiares.
  • Elaboración y aprobación legal de un Código de Derechos de los Desempleados que recogerá, entre otros aspectos, el reconocimiento de las personas en desempleo como sujetos de acciones formativas, de orientación e inserción, con acceso a las subvenciones que dichas acciones lleven aparejadas; y la garantía de recibir ayudas que compensen, total o parcialmente, gastos de transporte público, educación, medicamentos, vivienda, etc., en función del nivel de renta y situación familiar de la persona desempleada.
  • Incrementar el gasto en políticas activas de empleo, revisando y reduciendo dentro de éstas, el coste de las bonificaciones a las empresas por contratos fijos. Las políticas activas en general, y las bonificaciones coyunturales y centradas en ciertos colectivos de la contratación estable, en particular, se financiarán con aportaciones del Estado.
  • Acción política para el empleo de trabajadores y trabajadoras, mayores de 45 años, que han perdido su empleo y padecen dificultades para la reincorporación profesional, con acciones formativas específicas y la readaptación profesional, con medidas de apoyo en los sectores profesionales afectados.

 

III. POR UNAS PENSIONES DIGNAS

El sistema público de pensiones en nuestro país tiene un carácter vertebrador en una sociedad avanzada. Ante las amenazas interesadas al sistema público y de reparto que cuestionan la viabilidad de este, nuestra apuesta es nítida, la potenciación, mejora y dignificación del actual sistema, en esta orientación proponemos:

  • Mejorar la cuantía de las pensiones más bajas, estableciendo una pensión mínima de 660 euros al mes.
  • Asegurar el calendario de separación definitiva de fuentes de financiación como mecanismo de transparencia y clarificación del gasto social. Pero explicitando sin ningún género de dudas que, si en algún momento las cotizaciones no bastan para cubrir las prestaciones, la financiación está asegurada por parte del Estado.
  • Los excedentes del tramo contributivo no podrán destinarse a partidas distintas a gastos de la Seguridad Social ni a reducir las cotizaciones sociales. La prioridad será mejorar las pensiones y, en segundo lugar, nutrir el Fondo de Reserva.
  • Contemplar 15 años para el cálculo de las pensiones, pero elegidos en su historial laboral por la trabajadora o el trabajador.
  • Consideración de las cotizaciones como bienes gananciales, con el fin de que se puedan cubrir los períodos de carencia necesarios con las cotizaciones del cónyuge, devengándose las pensiones como bienes gananciales.
  • Avanzar en la equiparación de la cotización a los salarios realmente percibidos.
  • Convergencia de los regímenes de la Seguridad Social, en la próxima legislatura, estableciendo uno para trabajadores autónomos y otro para trabajadores por cuenta ajena.
  • Reducir la edad legal de jubilación de forma flexible, el reconocimiento de la jubilación anticipada como derecho voluntario de la trabajadora o del trabajador, la disminución de los coeficientes reductores, y establecer mecanismos para penalizar la expulsión de trabajadoras y trabajadores de más edad.
  • Revisar el gasto fiscal por aportaciones a planes privados de pensiones de tal forma que el límite máximo de la deducción en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se reduzca y opere en la cuota del tributo.
  • Introducir el derecho universal a la atención de las personas dependientes, mejorando los Servicios Sociales y ampliando la cobertura de prestaciones de la Seguridad Social al seguro de dependencia.
  • Inclusión del Régimen Especial Agrario en el Régimen General de la Seguridad Social, equiparando en prestaciones y cotizaciones a los trabajadores del sector agrario con los del Régimen General.
  • Apostamos con firmeza por el total reconocimiento de las prestaciones por desempleo de los trabajadores del sector agrario, fijos discontinuos sean o no periódicos, y eventuales en las mismas condiciones que los referidos del Régimen General.

 

IV. ECONOMÍA SOCIAL, PYMES Y AUTÓNOMOS

El modelo de política económica que propugnamos se basa en el impulso de medidas de apoyo al tejido empresarial básico de nuestro país, ya que es éste quien más empleo ocupa y el que mayor potencialidad de crecimiento de empleo tiene. Desde esta apuesta proponemos medidas concretas que supongan una vertebración empresarial comprometida con la sociedad y sus necesidades. Para ello, planteamos un decidido apoyo, técnico, fiscal, comercial, financiero, político e inversor a la Pequeña y Mediana empresa, empresas de la Economía Social y Trabajadores Autónomos desde un concierto estable con las CC.AA. que contemple de forma activa, en su proyecto empresarial, el respeto al medio ambiente y los recursos naturales y favorezca el empleo estable y de calidad, y la prevención de riesgos laborales en sus centros de trabajo. Creando un Fondo Regional de Apoyo a la puesta en marcha de nuevas iniciativas de economía social y autoempleo.

  • Creación de estructuras y espacios comunes, sectoriales y territoriales, de apoyo a la investigación profesional, comercial y productiva para las PYMES, Trabajadores Autónomos y Cooperativas y empresas de Economía Social.
  • Fomentar la creación de las empresas de economía social a través de una política de autoempleo y desarrollo de la cultura cooperativa y de cooperación entre empresas.
  • Mejora efectiva del acceso a la financiación impulsando instrumentos de financiación alternativa para la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras de carácter social.
  • Discriminación positiva en el plano fiscal, simplificación de su regulación administrativa, apoyo a su participación en la demanda pública y medidas de asistencia técnica y consultoría especializada, y de apoyo a las asociaciones más representativas de la economía social.
  • Promover la participación pública en aquellas empresas y asociaciones que tengan como objetivo el desarrollo local y la provisión de bienes y servicios a colectivos especialmente necesitados.
  • Asegurar suficientes recursos al Consejo para el Fomento de la Economía Social, que debe participar activamente en el desarrollo de una política para su promoción.
  • Apoyo a iniciativas que faciliten la incorporación de desempleados como socios trabajadores en sociedades laborales y cooperativas, la implantación de nuevas tecnologías de la información, la financiación de proyectos de inversión, o el desarrollo de la integración empresarial.
  • Sensibilizar e informar a la sociedad en general, y a los jóvenes en particular, sobre la economía social y el cooperativismo como alternativa de empleo bajo valores y principios solidarios. La escuela, la universidad y los poderes públicos deberán difundir los valores de la cooperación.
  • Dedicar más esfuerzos a la cualificación profesional de los cuadros y técnicos que gestionan empresas de la economía social.
  • Especial atención a las cooperativas de iniciativa social reforzando la coordinación y colaboración con el Sector Público. Asegurar una total transparencia y control en los recursos públicos dedicados a financiar con suficiencia estas iniciativas privadas. Transparencia y claridad a la hora de establecer los criterios por parte de la Administración en la colaboración, o en su caso, en la concertación de servicios con la iniciativa privada, fundamentalmente sin ánimo de lucro. La Administración fijará con claridad los criterios para la homologación de los servicios, las normas básicas de calidad, o el control e inspección de la gestión privada.
  • Reconocimiento de las organizaciones de autónomos y pequeñas empresas, independientes de la gran patronal, como legítimas representantes del sector y su incorporación a los órganos que contemplan la participación de las fuerzas sociales.
  • Marcos específicos de financiación (micro créditos, fondos de garantía y avales) y sistemas de cooperación y asociacionismo empresarial para potenciar economías de escala, ahorrar costes y lograr verdaderas ganancias de competitividad en las pequeñas empresas y trabajadores autónomos.
  • Medidas para asegurar la formación, reciclaje profesional, incorporación de nuevas tecnologías y gestión empresarial.
  • Favorecer, a través de las propias asociaciones en colaboración con la Administración, la implantación de una estructura de oficinas de gestión administrativa para lograr una mayor eficacia gerencial y transparencia fiscal de la actividad empresarial.
  • Adaptar la fiscalidad a la realidad empresarial del trabajo autónomo, adecuando los sistemas de declaración directa en el IRPF, y revisando los regímenes de estimación objetiva en el IRPF y especiales del IVA, eliminando el del recargo de equivalencia.
  • Estatuto del Trabajador Autónomo como norma básica de derechos y obligaciones en el ámbito civil, laboral y mercantil. Avanzar en la homogeneización del sistema de prestaciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con el Régimen General de la Seguridad Social.
  • Estudiar la moratoria indefinida sobre nuevas aperturas de grandes superficies comerciales, promocionando Centros Comerciales Abiertos desarrollados y gestionados por pequeños empresarios. Limitación del horario de apertura en domingos y/o festivos a un máximo de ocho días al año.

Adhesión a este documento:
Remitir un correo electrónico con nombre y D.N.I