La ilusión de las rebajas en los impuestos

El debate fiscal carece de sentido si no se ponen en relación las propuestas sobre los distintos tributos con el gasto público que se pretende financiar. Visto así, la ciudadanía ha de considerar que bajar o subir impuestos tiene una correlación inmediata con las políticas públicas, los servicios sociales, la educación, la sanidad, o las infraestructuras. Además, habrá que analizar la distribución de la carga fiscal, que impuestos suben o bajan, y a quién se beneficia o perjudica en términos relativos.

Para medir el esfuerzo que se exige a una sociedad para financiar el gasto público hemos de relacionar los ingresos públicos con la riqueza producida. De esta forma, se puede utilizar la presión fiscal como indicador, definida como la proporción de la suma de impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales sobre el PIB; o la presión impositiva, que mide la proporción de impuestos directos e indirectos sobre el PIB.

Pese a la propaganda oficial, ambos indicadores han aumentado en nuestro país. En el conjunto de la Administraciones Públicas, la presión fiscal representaba en 1996 el 33,7% del PIB, y en 2002 el 36,2% (un incremento de 2,5 puntos porcentuales). Y la presión impositiva (que no considera la evolución de las cotizaciones sociales) significaba en 1996 el 20,5% del PIB y el 22,7% en 2002 (2,2 puntos de aumento). Es evidente, pues, que desde que gobierna el PP han aumentado los impuestos.

Los impuestos directos representaban en 1996 el 10,3% del PIB y el 11% en 2002 (0,7 puntos de aumento), y los indirectos el 10,2% en 1996 y el 11,7% en 2002 (un aumento de 1,5 puntos). Esto significa que el aumento de la presión impositiva se explica en un 68% por la imposición indirecta.

Una primera conclusión es incontestable: los ciudadanos han pagado más impuestos con relación a la renta producida y lo han hecho en mayor proporción por la vía de los tributos indirectos, que no consideran la capacidad económica de contribuyente. La carga fiscal se ha hecho más regresiva.

Una segunda conclusión no es menos importante. La mayor presión fiscal no se ha utilizado para mejorar nuestra protección social o avanzar en capítulos importantes de la necesaria convergencia real con la UE. No se ha avanzado lo suficiente en potenciar nuestro nivel de capital público, el gasto público en investigación e innovación continua instalado en niveles reducidos, ocurre lo mismo con el gasto público en educación y formación, y el gasto social ha ido perdiendo año tras año participación en el PIB.

El aumento de la presión fiscal no ha sido incompatible con las rebajas que el gobierno ha llevado a cabo en el IRPF porque se ha aprovechado el ciclo económico expansivo para enjugar su coste. Esta cuestión es importante y merece algunas aclaraciones para hacer frente a la propaganda oficial sobre las bondades de los recortes en el IRPF.

El gobierno transmite la idea de que las reformas en el IRPF y el equilibrio fiscal han sido responsables directos del crecimiento de nuestra economía. Una afirmación interesada y alejada de la realidad.

En primer lugar, el equilibrio fiscal no es tal porque la contabilidad creativa y la opacidad en las cuentas públicas han permitido ocultar un ligero déficit público que es el que, en todo caso, ha contribuido al crecimiento de la demanda interna y del PIB. En segundo lugar, el crecimiento económico de los últimos años no puede entenderse sin considerar, además, las transferencias de fondos recibidas desde Bruselas, el aumento sostenido del beneficio empresarial alimentado por la moderación salarial (expansión del Impuesto sobre Sociedades), o la pujanza del consumo final y la inversión en vivienda favorecidos por los reducidos tipos de interés (expansión del IVA). Sin olvidar que la inflación ha sido una gran aliada del gobierno para sostener, pese a las rebajas fiscales, la recaudación.

Solo hay que pensar que entre 1996 y 2003 el PIB nominal (crecimiento real más inflación) ha crecido a una tasa media anual del 6,4%, lo que significa un crecimiento acumulativo del 64,5%. En términos reales el PIB ha crecido en esos años a un promedio del 3% anual, lo que arroja un crecimiento acumulativo del 27%. En otras palabras, casi el 60% del crecimiento nominal de la economía en esos años (la base de la recaudación tributaria) se debe a la inflación.

Las reformas en el IRPF han reducido la tributación a la mayoría de los contribuyentes (los que por su nivel de ingresos están sujetos al impuesto), pero las personas y familias de mayor capacidad económica son las más beneficiadas por las disminuciones de los tipos y tramos de la tarifa, la aplicación del tipo único a las plusvalías, y el traslado de algunas deducciones a la base del tributo. El tipo marginal máximo se ha reducido desde el 56% al 45% actual (11 puntos), y el mínimo desde el 20% al 15% (5 puntos). Es preciso aclarar que la disminución del tipo marginal mínimo afecta a todos los contribuyentes por su primera porción de renta, no solo a los de menor capacidad económica, y la bajada del marginal máximo es a beneficio exclusivo de las rentas de mayor capacidad económica.

El tipo único de las plusvalías (15% en la actualidad) supone que las ventajas se concentren en las personas con mayor renta, porque este tipo de rendimientos significa cuantías muy reducidas sobre los ingresos de la mayoría de los contribuyentes. Aproximadamente, el 10% de los contribuyentes más ricos concentra el 70% de las plusvalías que se declaran en el impuesto.

Las rebajas en el IRPF suman hasta la fecha un coste anual de, aproximadamente, 8.600 millones de euros. Este coste global supone una merma importante de recursos que no pueden utilizarse para mejorar la provisión de bienes públicos, pero la mayoría de los ciudadanos ahorra con las rebajas cantidades poco representativas en términos reales porque el gobierno se ha encargado de no actualizar con la inflación las reducciones y las tarifas del tributo. Según el Ministerio de Hacienda, no actualizar el tributo con la inflación supone anualmente 1.200 millones de euros.

La mayoría de los ciudadanos deberían plantearse que por un ahorro medio que puede oscilar entre 200 y 300 euros anuales en sus declaraciones del IRPF, se está hipotecando el futuro de la sanidad pública, la educación para sus hijos, cuidados dignos a las personas dependientes, viviendas accesibles, o mejores prestaciones por desempleo.

Así las cosas, el candidato del PP Mariano Rajoy anuncia un nuevo recorte en el IRPF, con una bajada del tipo marginal máximo hasta el 40% y del marginal mínimo hasta el 12%. El tipo único de las plusvalías también se reduciría hasta el 12%, se establece un mínimo exento para los rendimientos del capital de 300 euros y se aumentan las deducciones familiares.

El coste de esta nueva reforma no será inferior a los 4.000 millones de euros, de tal forma que, de llevarse a cabo, la pérdida estructural de recursos acumulada de las reformas podría ascender a 12.600 millones de euros, el 1,7% del PIB. Con estos recursos podríamos, por ejemplo, comenzar a cerrar el diferencial que nos separa de la UE en gasto social en atención a la familia (que asciende a 1,6 puntos del PIB), en sanidad (1,4 puntos del PIB), o en educación (1 punto del PIB).

La nueva reforma supondría, de nuevo, mayores beneficios para las rentas más altas y las derivadas de ganancias patrimoniales (plusvalías), acentuando la regresividad del tributo. En conjunto, el tipo marginal máximo habría descendido 16 puntos (desde el 56% anterior a la primera reforma), y el mínimo la mitad, 8 puntos.

La reforma añade continuismo al ideario fiscal del PP que, en materia del IRPF, significa recortar la progresividad, beneficiar en mayor proporción a los contribuyentes más ricos y a los rendimientos del capital, y utilizar las reducciones impositivas como instrumento de política económica y social. Un instrumento, en nuestra opinión, más ineficiente que el gasto público directo.

Es, por tanto, altamente deseable que el PP no tenga la oportunidad de aplicar un nuevo recorte de estas características, y trabajar para conformar una alternativa que potencie la suficiencia de recursos y la equidad y progresividad de nuestro sistema fiscal. Pero una sorpresa desagradable nos la ha ofrecido el PSOE que, en un terreno que debería ser ajeno al pensamiento de izquierdas, no duda en competir con el PP ofertando también rebajas fiscales.

La propuesta del PSOE lo es a grandes rasgos, pero reducir más aún los tramos en el IRPF, acercar los tipos al de Sociedades, que también pretenden reducir, o aumentar el mínimo exento, son propuestas que anticipan un coste muy elevado en términos de recaudación y que nada hacen por recuperar la progresividad perdida.

Si sumamos a todo ello los coqueteos del PSOE con el déficit cero y el equilibrio presupuestario, y sus propuestas de congelar el gasto público donde lo ha situado el PP (40% del PIB), nos encontramos con que así será imposible reducir de forma sensible los déficits sociales de nuestro país y acercar el gasto público en protección social al promedio comunitario. En realidad, ni siquiera el PSOE se aclara con su oferta programática en materia social, que recientemente ha revisado a la baja.

Por el contrario, Izquierda Unida intenta plantear una propuesta coherente en materia fiscal. Pretendemos superar el dogmatismo del déficit cero de tal forma que se definan escenarios plurianuales para lograr la convergencia real con la UE. En el plazo máximo de dos legislaturas, la política presupuestaria debería orientarse a cerrar el diferencial que mantiene nuestro país en gasto social con relación al actual promedio comunitario (7 puntos del PIB). En presión fiscal también mantenemos un diferencial que ha de superarse recaudando más y con mayor equidad. La presión fiscal de nuestro país es inferior a la media comunitaria en casi 6 puntos del PIB y la mayor brecha se establece en los impuestos directos (3,4 puntos del PIB).

Dedicando los recursos humanos y técnicos necesarios es posible obtener más recursos de la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Las últimas estimaciones del Instituto de Estudios Fiscales (organismo dependiente del Ministerio de Hacienda) traducen que el fraude fiscal no deja de aumentar año tras año. Estas estimaciones, y otras similares, permiten evaluar, en una estimación conservadora, el volumen de potenciales recursos fruto de la lucha contra el fraude entre 24.000 y 30.000 millones de euros (4 y 5 billones de antiguas pesetas). Supondría aflorar recursos que se situarían entre el 3 y el 3,8% del PIB.

También planteamos una reforma en el IRPF que asegure la progresividad de la tarifa, con más tramos y tipos más elevados para los contribuyentes de mayor capacidad económica, mejorando de forma efectiva el tratamiento fiscal de las rentas del trabajo de menor cuantía, equiparando la tributación entre rentas del trabajo y del capital, e igualando las deducciones personales y familiares para todos los contribuyentes.

En el Impuesto de Sociedades pretendemos revisar y reducir los beneficios fiscales para lograr una mayor aportación de las rentas del capital empresarial al sostenimiento del gasto público, y en los impuestos cedidos sobre el Patrimonio y Sucesiones y Donaciones creemos preciso potenciar su recaudación en lo que respecta a las grandes fortunas.

Por último, en el ámbito comunitario, somos partidarios de introducir tributos de aplicación ecológica de carácter finalista, y de reducir los tipos en el IVA a ciertos bienes y servicios de primera necesidad.

En suma, se trata de conformar un sistema tributario más justo y progresivo que reequilibre la relación impuestos directos/indirectos a favor de los primeros. Teniendo siempre presente que los impuestos son la única garantía para sostener unos niveles dignos de protección social.