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LEY DE CALIDAD EDUCATIVA PARA LA IGUALDAD Y SU FINANCIACIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


La Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, junto con la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), han concretado aspectos básicos para el ejercicio del derecho fundamental a la educación, reconocido como tal en la Constitución española, y entre los que cabe destacar, por un lado, el sistema de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en el control e intervención en la gestión de los centros; y por otro, la extensión de las enseñanzas obligatorias comunes hasta los 16 años.

Por otra parte, la LOGSE, en sus Títulos IV y V, De la calidad de la enseñanza y De la compensación de las desigualdades en la educación, plantea la necesidad de que los poderes públicos presten una atención prioritaria a los factores que inciden en la calidad y mejora de la enseñanza (artículo 55), y encomienda a dichos poderes la misión de proveer recursos económicos suficientes para llevar a cabo acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones de desventaja. Todo ello con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación (artículo 63).

Los doce años transcurridos desde la aprobación de la LOGSE vienen a coincidir con la generalización casi completa del sistema educativo en ella establecido, dado que ha sido en el curso 2001-2002 cuando se ha completado la implantación del último curso del nuevo Bachillerato, quedando aún pendiente la puesta en marcha de determinados ciclos de Formación Profesional Específica de grado superior. El tiempo transcurrido no permite, por tanto, hacer un balance completo de las nuevas enseñanzas, ni mucho menos aconseja plantear modificaciones sustanciales de las mismas sin hacer previamente una evaluación rigurosa y coordinada por parte de las administraciones educativas, y proporcionar a la sociedad un diagnóstico fiable de la situación de nuestro sistema educativo.

No obstante, en el proceso seguido se han constatado algunos problemas asociados a la implantación de la mencionada Ley que conviene identificar y subsanar cuanto antes. Tanto los sucesivos retrasos en el calendario inicial de aplicación de la LOGSE, como una implantación deficiente y muy desigual de la misma, especialmente de la Educación Secundaria Obligatoria, se han debido principalmente a la ausencia de una financiación adecuada, sobre todo para la educación pública, que se ha ido agudizando en los últimos años con la disminución progresiva del gasto público educativo, justo en el momento en que las reformas en marcha exigían un esfuerzo económico considerable para poder atenderlas adecuadamente.

La insuficiente cobertura financiera no ha permitido realizar las requeridas actuaciones de formación del profesorado; de dotación de recursos materiales a los centros; de disminuciones de ratios en zonas, centros o grupos de especiales circunstancias; de aplicación de las medidas de atención a la diversidad previstas; de extensión y mejora de la red pública para atender la demanda de plazas escolares, especialmente en Educación Infantil y en Formación profesional de grado superior; o de fomento de la participación democrática en los centros y consejos escolares. Actuaciones que hubieran sido imprescindibles para mejorar nuestra enseñanza pública y para permitir a la sociedad tener una visión más optimista sobre el funcionamiento del servicio educativo.

El incumplimiento global de lo previsto en la Adicional 3ª de la LOGSE sobre equiparación del gasto público educativo a la media de la UE, así como la desigual distribución de dicho gasto entre las diferentes Comunidades Autónomas, vienen a constatar que habría sido necesaria una Ley de financiación de la educación pública, que asegurase recursos suficientes para la misma y compensase desigualdades dentro y entre las distintas Comunidades Autónomas del Estado. En este sentido, hay que lamentar la negativa de las sucesivas mayorías parlamentarias a tramitar y aprobar dicha Ley, promovida en su día como Iniciativa Legislativa Popular por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras.

Por otra parte, las transformaciones sociales, económicas y culturales experimentadas por nuestra sociedad en la última década y la situación derivada de la propia ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años, plantean nuevos retos y mayores exigencias a las que es necesario dar respuesta para mejorar la calidad de la educación pública.

Avanzar en la calidad supone apostar por una educación cuyo principal objetivo consista en asegurar, a todos y cada uno de los alumnos y alumnas, el logro de unos aprendizajes que les permitan for¬¬marse co¬mo personas capacitadas para participar autónoma y críticamente en el marco de una sociedad democrática. Se trata pues de una concepción de la calidad asociada ineludiblemente al principio de igualdad de oportunidades en el acceso, en el proceso y en los resultados; porque, en lo que concierne a la edu¬¬cación obligatoria, una edu¬cación de calidad o sirve para que el conjunto de la población escolar logre las capacidades básicas requeridas o no es de calidad.

En la actualidad, el sistema educativo español sigue presentando carencias importantes en cuanto a su capacidad para responder a las diversas necesidades educativas que presentan los alumnos y alumnas a lo largo de su escolaridad. Siguen siendo demasiados los que no progresan en sus aprendizajes lo suficiente para alcanzar los objetivos previstos en las etapas obligatorias; siguen siendo excesivas las cifras de estudiantes que finalizan su escolaridad obligatoria sin lograr la titulación correspondiente. En definitiva, nuestro sistema educativo sigue siendo manifiestamente mejora¬ble en cuanto a su ca¬pacidad para responder de forma adecuada a las diferentes necesidades educativas del alumnado

En consecuencia, el problema de cómo mejorar la calidad de nuestra educación escolar se centra hoy en definir las acciones y medidas que se deben emprender para que la escuela pública logre asegurar unos aprendizajes comunes, o lo que es lo mismo, el desarrollo de unas capacidades básicas a todos los alumnos y alumnas sin excepción a lo largo de su escolaridad obligatoria.

Para ello se plantea esta Ley articulada que, manteniendo la estructura del sistema educativo establecido por la LOGSE, recoge en un mismo corpus legislativo las principales necesidades constatadas desde la promulgación de dicha Ley. Por un lado, se desarrollan líneas de actuación, apuntadas en los Título IV y V de dicha Ley, sobre calidad de la enseñanza y compensación de las desigualdades; y por otro, se atiende a la necesidad de financiar adecuadamente las correspondientes actuaciones, en condiciones de igualdad, en los distintos territorios del Estado.

La presentación en una misma Ley de los aspectos señalados facilita la imbricación necesaria entre cada una de las acciones de calidad que se regulan y la definición de su soporte financiero. Se pretende evitar así lo que ha ocurrido en la aplicación de la LOGSE, que muchas de sus intenciones más acertadas y más ajustadas a las necesidades educativas de los colectivos con más dificultades han quedado desvirtuadas por la ausencia de los correspondientes recursos.

Poner en marcha actuaciones efectivas para la mejora de la calidad educativa exige previamente contar con un diagnóstico compartido y ajustado a las características y necesidades de cada ámbito territorial. Ello requiere a su vez promover el debate social pertinente en cada Comunidad Autónoma, con vistas a detectar e identificar con precisión tanto las dificultades como los avances que se vienen produciendo en los distintos territorios desde que se inició la implantación generalizada del sistema educativo establecido en la LOGSE. Por ello, la condición previa para desarrollar las líneas de intervención que se recogen en esta Ley consiste en elaborar sendos Libros Blancos que aporten datos contrastados, basados en estudios actuales y de evolución, sobre la situación del servicio público educativo en las diferentes Comunidades Autónomas.

La culminación del proceso democrático que abre esta Ley debe ser la aprobación, en cada Comunidad Autónoma, de su propia Ley de Calidad de la Educación Pública, en la que se concreten las correspondientes actuaciones, el calendario de aplicación y el compromiso financiero para asegurar su puesta en práctica.

Así pues, la finalidad de la presente Ley de Calidad Educativa para la Igualdad y su Financiación es determinar, por una parte, líneas básicas de intervención para una mejora efectiva de la enseñanza pública en condiciones de igualdad; y por otra, establecer mecanismos y compromisos de cofinanciación, a través de los Presupuestos Generales del Estado y en un calendario de cuatro ejercicios presupuestarios, para asegurar los recursos suficientes.

El articulado de la Ley se estructura en un Título Único que especifica los principales factores de calidad educativa junto a las actuaciones que se han de llevar a cabo para desarrollarlos. Se incorporan asimismo una serie de Disposiciones Adicionales que establecen el procedimiento y el sistema de financiación para completar las acciones previstas en el plazo de seis años. Por último, las Disposiciones Transitorias regulan, hasta tanto se modifique la legislación correspondiente, lo relativo a las condiciones de impartición de la enseñanza religiosa, así como los requisitos y circunstancias para la posible aplicación del contenido de esta Ley a los centros privados sostenidos con fondos públicos.

Título I. De los factores de calidad

Artículo 1. Factores de Calidad


Los Poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad y mejora de la enseñanza, en especial a:

a) La enseñanza básica común para todo el alumnado. b) La suficiencia de la oferta educativa en la red pública de centros. c) La atención a la diversidad para garantizar la igualdad de oportunidades a lo largo de todo el proceso educativo. d) Las acciones de carácter compensatorio. e) La capacitación del alumnado para acceder y aprovechar la información utilizando las fuentes clásicas y las nuevas tecnologías. f) La formación, reconocimiento social y condiciones de trabajo del profesorado. g) La autonomía, participación democrática y apertura al entorno de los centros educativos h) La evaluación y control del sistema educativo

Artículo 2. De la enseñanza básica común

1. A lo largo de la enseñanza básica se garantizará una educación común para todo el alumnado, sin perjuicio de una opcionalidad creciente de contenidos en la Educación Secundaria Obligatoria. Dicha opcionalidad, que se introducirá gradualmente a lo largo de la etapa, deberá servir para dar respuesta a las diversas motivaciones, expectativas e intereses del alumnado. En ningún caso supondrá la configuración de itinerarios predeterminados, ni condicionará estudios posteriores, siendo única la titulación al término de la etapa.

2. La gratuidad de la enseñanza básica comprenderá la de los libros y materiales didácticos que deba utilizar el alumnado de los centros públicos. Para ello las Administraciones educativas podrán crear bibliotecas o centros de recursos de aula, así como arbitrar fórmulas de cesión temporal de libros de texto y material a los alumnos.

3. Los alumnos tendrán derecho a permanecer en los centros ordinarios, cursando la enseñanza básica, hasta los dieciocho años de edad.

Artículo 3. De la suficiencia de la oferta educativa

1. Las Administraciones educativas llevarán a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la suficiencia de la red pública de centros, en su extensión y oferta educativa, para satisfacer el derecho a la educación en todas las etapas educativas, tanto en las enseñanzas de régimen general como en las de régimen especial.

2. Para favorecer la escolarización temprana, en su doble función de contribuir al mejor progreso escolar en etapas educativas posteriores y como factor compensador de desigualdades, las Administraciones educativas ampliarán la oferta de plazas públicas para garantizar la generalización del segundo ciclo de Educación Infantil a toda la población y para atender toda la demanda del primer ciclo.

3. Las Administraciones educativas crearán, en el periodo de aplicación de esta Ley, las plazas públicas necesarias para llevar a cabo, en los centros públicos que impartan la Educación Primaria o la Educación Secundaria, las acciones previstas en el artículo 4 y 5 de esta Ley.

4. Las Administraciones educativas garantizarán una oferta pública suficiente y diversificada para que las personas adultas puedan obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria, preparar las pruebas de acceso a las enseñanzas de Bachillerato, Formación Profesional Específica o estudios universitarios, así como seguir programas formativos de enseñanzas no regladas acordes con los intereses y demandas de este alumnado.

5. Las Administraciones educativas crearán, en el periodo de aplicación de esta Ley, las plazas públicas necesarias para satisfacer la demanda de ciclos de grado medio y superior de Formación Profesional específica. El perfil de ciclos tendrá en cuenta las demandas del alumnado junto a las necesidades de formación derivadas del correspondiente análisis de las expectativas de empleo.

6. Las Administraciones educativas crearán, en el período de aplicación de esta Ley, las plazas públicas necesarias para atender la demanda de enseñanzas de régimen especial.

7. Para la distribución geográfica de la creación de plazas en los supuestos de los apartados 2, 3, 4, 5 y 6, y con el fin de rentabilizar los recursos educativos, las Administraciones competentes podrán crear distritos escolares, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58, punto 5, de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo.

Artículo 4. De la atención a la diversidad del alumnado

1. Las Administraciones educativas, al objeto de garantizar una educación común para todo el alumnado en condiciones de igualdad, proporcionarán recursos suficientes para que todo alumno, a lo largo de la enseñanza básica, reciba los apoyos necesarios y las adaptaciones curriculares pertinentes para progresar de acuerdo a su ritmo de maduración y aprendizaje. A tal fin dichas administraciones establecerán las disposiciones y recursos para garantizar que el alumnado de la enseñanza básica reciba los refuerzos necesarios en las capacidades instrumentales de cara a su adecuado progreso, así como el apoyo específico a aquellos alumnos que presenten problemas de aprendizaje

2. Para la mejor atención educativa al alumnado de zonas o centros donde se constate una mayor incidencia de fracaso escolar o una mayor necesidad de compensación, las Administraciones educativas establecerán reducciones sobre el número máximo de alumnos por aula previsto en la Disposición Adicional tercera, punto 3, de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo. Esa reducción será asimismo aplicable a aquellos grupos de cualquier centro que escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales.

3. Las Administraciones educativas garantizarán que en todos los centros que impartan enseñanza secundaria se ofrezcan programas de diversificación curricular, así como programas específicos de garantía social a que hace referencia el artículo 23, puntos 1 y 2, de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.

4. Para el alumnado con más de quince años que haya permanecido un año más en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria y que, a juicio de su equipo educativo, no esté en condiciones de cursar con aprovechamiento los contenidos de la mayor parte de las áreas del siguiente curso, se podrán organizar programas específicos de diversificación curricular, de dos años de duración, orientados a que dicho alumnado pueda alcanzar los objetivos de la etapa y el Título correspondiente, mediante una atención más individualizada y una adaptación de los contenidos y métodos en las áreas comunes. Excepcionalmente se podrán beneficiar de estos programas otros alumnos con más de 15 años, siempre que se formule la correspondiente propuesta por la mayoría del equipo educativo, asesorado por el Departamento de Orientación, y se cuente con el visto bueno de sus padres o tutores.

Artículo 5. De las acciones de carácter compensatorio

1. Las Administraciones educativas desarrollarán las acciones de carácter compensatorio, dirigidas a personas, colectivos o ámbitos territoriales, que se encuentren en situaciones desfavorables, de cara a hacer efectiva la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación.

2. Con el fin de atender a las nuevas demandas sociales de las familias y disponer del espacio y medios para ejercer la función compensadora, las Administraciones educativas establecerán disposiciones para garantizar la apertura de los centros públicos fuera del horario escolar y asignarán los recursos necesarios para ofrecer un programa de servicios y actividades. Este programa, que concretará el Consejo Escolar de cada centro, comprenderá, al menos, servicio de biblioteca y aulas de estudio asistido, servicio de apertura temprana, servicio de comedor, actividades deportivas, lúdicas y de ocio, así como actividades formativas y culturales.

3. Las Administraciones educativas podrán establecer convenios con los Ayuntamientos respectivos para la financiación, organización y puesta en marcha de tales servicios y actividades. Asimismo, dichas Administraciones podrán establecer convenios con las Universidades públicas de su ámbito competencial a fin de que su alumnado pueda colaborar en las actividades de estudio asistido, con el consiguiente reconocimiento de la dedicación horaria como créditos de libre configuración, además de la asignación de una beca para gastos derivados de la prestación del servicio.

4. Las Administraciones competentes establecerán planes de acogida e inmersión lingüística para atender al alumnado inmigrante que pueda presentar, previa evaluación de su competencia curricular, problemas de adaptación a nuestro sistema educativo, ya sea por desconocimiento o dificultades en el manejo de la lengua en que se desarrolle la actividad escolar, o bien por presentar necesidades específicas de refuerzo en determinadas áreas del currículo. Tal atención se llevará a cabo en los propios centros de enseñanza, por profesorado con la formación adecuada y de manera simultánea a su escolarización en grupos ordinarios. Entre los recursos humanos destinados a estos planes podrá contarse además con trabajadores sociales, que actúen como mediadores interculturales y, en su caso, con profesorado nativo de apoyo.

5. Para reducir las altas tasas de fracaso y abandono escolar en zonas con condiciones socioeconómicas desfavorables, las Administraciones competentes las declararán áreas de atención educativa preferente, estableciendo planes específicos de compensación que incluirán mayor dotación de profesorado de apoyo, disminución de ratios, una mayor asignación de recursos materiales y un programa de colaboración con los servicios sociales de la zona.

6. Las Administraciones educativas elaborarán planes específicos de compensación para aquellos centros que escolaricen alumnado de minorías étnicas, estableciendo cauces de colaboración con las familias y los servicios de asistencia social. Asimismo establecerán planes para garantizar la continuidad de la escolarización en la enseñanza básica de alumnos cuyas familias tengan trabajo con domicilio itinerante. Por último atenderán, mediante la apertura de aulas específicas hospitalarias y la dotación de profesores de apoyo domiciliario, a aquellos alumnos de la enseñanza básica, que por procesos de larga enfermedad se vean o hayan visto privados de asistir a las aulas ordinarias.

7. Además de las acciones contempladas en los puntos anteriores, las Administraciones educativas establecerán un sistema de becas y ayudas al estudio que contribuyan a compensar condiciones socioeconómicas desfavorables. El sistema deberá garantizar la extensión y suficiencia de recursos para que, en el período de la enseñanza obligatoria, toda la población escolar que cumpla los requisitos establecidos se beneficie de estas prestaciones. En las enseñanzas postobligatorias se seguirán percibiendo dichas becas y ayudas, siempre que se mantenga un rendimiento escolar satisfactorio.

Artículo 6. De la capacitación del alumnado para acceder y utilizar la información

1.Las Administraciones educativas pondrán a disposición de los centros los recursos necesarios para potenciar en el alumnado el aprendizaje de las habilidades básicas de búsqueda, utilización y comunicación de la información. En particular estimularán programas de fomento de la lectura y programas de utilización de las bibliotecas de aula y Biblioteca de centro, dotándolas de los fondos y apoyos técnicos y humanos necesarios para su uso en el trabajo de aula.

2.Las Administraciones educativas establecerán, en el periodo de aplicación de la presente Ley, los planes necesarios para generalizar, y mantener actualizados en los centros, los avances que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ofrecen a la sociedad. Dichos planes contemplarán asimismo la realización de actividades de formación del profesorado con el fin de asegurar su capacitación para el uso didáctico de tales tecnologías.

Artículo 7. De la formación y condiciones laborales del profesorado

1. Las administraciones educativas garantizarán una formación inicial del profesorado acorde con las exigencias y requerimientos que conlleva la función docente en sus distintas etapas y modalidades. Dicha formación deberá incluir, además de los conocimientos específicos para impartir los currículos de unas u otras etapas educativas, capacitación psicopedagógica y didáctica adecuadas, conocimientos sobre el uso didáctico de las nuevas tecnologías, sobre el trabajo en equipo, sobre procesos de innovación e investigación educativa, y una implicación en el trabajo de aula y centro mediante la realización de prácticas tutorizadas en los centros educativos durante un período no inferior a un curso académico.

2. La formación permanente de los profesores en ejercicio se realizará preferentemente en los centros educativos, dentro de la jornada laboral del profesorado, mediante proyectos propuestos por los mismos profesores o por las administraciones educativas. Las instituciones de formación podrán intervenir para asesorar, hacer el seguimiento y proporcionar las ayudas necesarias.

3. Las administraciones competentes organizarán programas específicos de formación del profesorado dirigidos a capacitar a los docentes que deban atender a alumnado con necesidades educativas especiales, ya sea por sus condiciones personales o por su pertenencia a otras culturas o a grupos socialmente desfavorecidos. En el marco de tales programas se contemplarán acciones formativas de educación intercultural, especialmente dirigidas a proporcionarle al profesorado conocimientos y recursos didácticos que contribuyan a la integración del alumnado inmigrante en el aula y en el centro.

4. Las administraciones educativas, previo acuerdo con los representantes sindicales del profesorado, regularán el marco de condiciones laborales de los docentes que incluirá, al menos, un sistema de incentivos profesionales en función de las actividades desarrolladas; la limitación del número máximo de alumnos y grupos a los que un profesor puede impartir clases en cada curso académico; un sistema que establezca los mecanismos de promoción entre los cuerpos docentes de todos los niveles educativos, incluida la Universidad; el disfrute de períodos sabáticos de formación para todo el profesorado, a lo largo de su vida profesional, de una duración global no inferior a un curso académico; medidas para el rejuvenecimiento de las plantillas que contemplen la reducción horaria lectiva sin merma salarial para los mayores de 55 años y la jubilación voluntaria a los 60 años en las condiciones establecidas en la LOGSE.

5. Las Administraciones educativas desarrollarán actuaciones para conseguir un mayor reconocimiento social de la función del profesorado. En el diseño y aplicación de las mismas intervendrán los distintos sectores de la comunidad educativa del ámbito correspondiente.

Artículo 8. De la autonomía de los centros educativos

1. Las administraciones educativas, sin menoscabo del cumplimiento de lo establecido con carácter general, deberán reconocer a los centros autonomía para organizar sus enseñanzas, en cada año académico, de modo que su oferta educativa se pueda ajustar al máximo a las demandas, características y necesidades de su alumnado. Dicha autonomía se podrá concretar, entre otras posibilidades que los centros planteen, en la organización de agrupamientos flexibles, en la reducción de la ratio o en la ampliación horaria de algunas áreas de conocimiento para determinados alumnos.

2. Asimismo se reconocerá la autonomía de los centros para adoptar medidas organizativas tendentes a mejorar la coordinación didáctica del profesorado de un mismo grupo y, en general, cuantas contribuyan a una mayor adecuación de la organización escolar al proyecto educativo del centro.

3. La normativa que, en cada Comunidad Autónoma, regule los aspectos de gestión económica de los centros educativos deberá reconocer la autonomía de los mismos para administrar sus recursos en función de sus necesidades y prioridades, que serán establecidas por el Consejo Escolar, de acuerdo con la programación general anual.

4. Las administraciones competentes promoverán el asociacionismo y la participación democrática de toda la comunidad educativa en la gestión de los centros, en particular del alumnado y de padres y madres. Para ello se potenciarán los Consejos escolares de centro, municipales y autonómicos, dotándolos de competencias ejecutivas y no meramente consultivas.

5. A fin de hacer efectiva la necesaria corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la educación integral de sus hijos, se adoptarán medidas que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la familia y la escuela. A tal fin se organizarán actividades de formación para madres y padres y, a efectos laborales, se reconocerá su asistencia a las reuniones o entrevistas programadas por los centros educativos como deber público de carácter inexcusable, incluida la asistencia a las reuniones del Consejo Escolar de los representantes de los padres y madres.

Artículo 9. De la evaluación y el control del sistema educativo

1.Con el fin de mantener el sistema educativo en las mejores condiciones para responder a las demandas que le hace la sociedad, se procederá a evaluar periódicamente su funcionamiento a través de las instituciones y servicios creados con tal finalidad.

2.Cada centro docente realizará asimismo una autoevaluación periódica de su funcionamiento general que incluya el funcionamiento específico de sus órganos de gobierno y departamentos, así como la efectividad de sus diferentes planes de centro y proyectos curriculares de etapa. Para ello podrá solicitar apoyos externos, que le serán facilitados por la Administración educativa.

3.Las Administraciones educativas diseñarán, contando con sus organismos de evaluación y en todo caso con los Servicios de Inspección Educativa, un plan de evaluación externa de los centros docentes, que periódicamente se aplicará a una muestra de ellos y, en su caso, a determinados centros cuyas circunstancias aconsejen hacer las correspondientes comprobaciones sobre el grado de adecuación de sus enseñanzas a los fines previstos para el sistema educativo en el artículo 1 de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo. El plan de evaluación y los resultados obtenidos se pondrán a disposición de los órganos de participación de la comunidad educativa para su conocimiento y debate.

4.Con el objeto de comprobar el grado de adquisición por el alumnado de las competencias básicas a lo largo de la enseñanza obligatoria, las Administraciones educativas, en colaboración con el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, realizarán periódicamente pruebas diagnóstico a muestras significativas de alumnos escolarizados en el último curso de la educación primaria y en el último curso de la educación secundaria obligatoria. Los resultados de tales pruebas proporcionarán información indispensable para evaluar el funcionamiento del sistema y, en su caso, adoptar las medidas pertinentes.

5. Las Administraciones educativas garantizarán, a través de los órganos y servicios correspondientes, que todos los centros sostenidos con fondos públicos desarrollan su actividad en condiciones de igualdad, especialmente en lo relativo a escolarización del alumnado, gestión democrática, control social de los fondos públicos y condiciones laborales y de acceso del profesorado.

6. Los Servicios de Inspección Educativa desarrollarán funciones de asesoramiento y apoyo a los centros docentes, al profesorado, y al alumnado y sus familias, tanto en su tarea diaria como en los procesos de autoevaluación. Asimismo ejercerán labores de supervisión y control de los centros educativos en sus diferentes ámbitos de actuación. Para su propio funcionamiento tales servicios podrán contar, además de con los funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educación, con funcionarios docentes adscritos temporalmente a la función inspectora, y que accederán a ella previo concurso de méritos y superación de un curso específico de formación teórico-práctica.

Disposiciones adicionales

Primera.- Lo establecido en la presente Ley se aplicará progresivamente a lo largo de seis años a partir de su entrada en vigor.

Segunda.- En el plazo de seis meses a partir de la aprobación de esta Ley, el Gobierno de cada Comunidad Autónoma presentará un Libro Blanco sobre la situación educativa en su ámbito competencial. El Instituto Nacional de Calidad y Evaluación deberá colaborar con las correspondientes administraciones educativas, a petición de éstas, para la elaboración de los respectivos Libros Blancos.

Tercera.- En cada Comunidad Autónoma, a partir de los datos y análisis de su Libro Blanco y del debate social que en torno al mismo se promueva, el Gobierno respectivo elevará a la Cámara Legislativa de su Comunidad un Proyecto de Ley de Calidad para su ámbito competencial.

Cuarta.- La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá aprobarse en un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. Contendrá las actuaciones de calidad previstas, junto con un calendario de aplicación en cuatro años y una memoria económica que detalle el incremento de gasto educativo necesario para cada año de aplicación y la consolidación en su caso al final del proceso.

Quinta.- La financiación de las actuaciones contenidas en la Ley de Calidad de cada Comunidad Autónoma será asumida parcialmente desde los Presupuestos Generales del Estado con carácter finalista, en una cantidad comprendida entre uno y dos tercios del total. Para la determinación de la financiación exacta, desde los Presupuestos Generales del Estado, que corresponda a cada Comunidad Autónoma se estará a lo dispuesto en el Convenio que firmará el Gobierno de cada Comunidad con el Ministerio de Educación , Cultura y Deporte, previo estudio en la Conferencia Sectorial de Educación y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, atendiendo con mayor proporción a aquellas Comunidades que presenten mayores déficits educativos en lo que se refiere a factores de calidad y mayores tasas de fracaso escolar.

Sexta.- La financiación acordada en cada Convenio se realizará en cuatro anualidades consecutivas, a partir de la aprobación de las respectivas Leyes de Calidad autonómicas, y quedará consolidada a excepción de las partidas que correspondan a inversión nueva. La cantidad que se destinará a estos fines desde los Presupuestos Generales del Estado supondrá un incremento anual en el presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en cada uno de los cuatro ejercicios previstos, como máximo, de una décima del PIB correspondiente a ese año.

Séptima.- El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, incluirá en sus Presupuestos las partidas necesarias para llevar a cabo las actuaciones previstas en la presente Ley en Ceuta y Melilla y en los demás centros educativos que sigan bajo su dependencia administrativa.

Octava.- En el plazo de seis meses a partir de la aprobación de esta Ley, el Gobierno encargará al Consejo de Coordinación Universitaria la elaboración de un Informe, según lo previsto en el artículo 34.1 de la Ley Orgánica de Universidades, a los efectos de transformar las enseñanzas correspondientes a los diferentes títulos de Maestro en una titulación con nivel de licenciatura.

Novena.- El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte incluirá un apartado especifico sobre la aplicación de la presente Ley en el preceptivo informe anual ante la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados y ante la Comisión de Educación, Universidades, Investigación y Cultura del Senado, según establece la Disposición Adicional Tercera, punto cuatro, de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo.

Disposiciones transitorias

Primera.- En tanto se mantenga vigente el actual régimen de conciertos educativos, las medidas para favorecer la calidad de la enseñanza contenidas en esta Ley podrán ser extensivas a los centros privados sostenidos con fondos públicos, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 48 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, así como las condiciones que se recogen en el artículo 9, apartado 5, de la presente Ley.

Segunda.- Mientras no se revise el actual Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español, así como los suscritos con otras confesiones religiosas, las enseñanzas de religión en los distintos niveles educativos se impartirán fuera del horario escolar y, en salvaguarda del artículo 16, punto 2, de la Constitución, no constará en la documentación académica oficial del alumno referencia alguna a haberlas cursado o no.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Disposición final

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.