El Coordinador Federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, y Lola Sánchez, Secretaria de Áreas y Programas han mantenido hoy en la sede federal de IU una reunión con representantes de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid

El Coordinador Federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, y Lola Sánchez, Secretaria de Áreas y Programas han mantenido en el día de hoy en la sede federal de IU una reunión con representantes de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) entre los que se encontraba su portavoz Ángel Navarro. En esta conversación han mostrado su preocupación por la situación actual de los procesos privatizadores de la sanidad pública y han coincidido en que de seguir así se podría producir su posible desmantelamiento en un futuro no muy lejano, todo ello en un entorno en donde otros países como Canadá o Reino Unido se están alejando del modelo que en su tiempo implantaron en sus respectivos países y que hoy se quiere implantar a toda costa en especial en aquellas comunidades gobernadas por el Partido Popular, según ha señalado Cayo Lara al término de la reunión

En el encuentro, Lara y Navarro, coincidieron en que el problema de fondo radica en la ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión en el sistema nacional de salud. Norma del gobierno de Aznar, pero votada a favor por el PSOE, que planteaba la búsqueda de fuentes de financiación para un sistema de recursos limitados como lo es un sistema público y que ha sido fundamental para el desarrollo de los procesos de privatización al permitír entrar a las empresas con ánimo de lucro en la sanidad pública y, por tanto, privatizarla.

Para Navarro la sanidad pública no debe de estar ni condicionada ni gestionada por las decisiones de las empresas privadas, porque la entrada de las empresas en la sanidad pública no mejora la eficiencia del sistema sanitario y en cambio sí reduce el gasto en profesionales y en la atención a los pacientes. Por todo ello, reclamó de Izquierda Unida que adoptará las medidas a su alcance para que se procediera a la derogación inmediata de esta Ley ante el clamor popular existente por la sanidad en tanto que es un servicio público garante de la equidad y la universalidad, tal y como vienen a mostrar las 400.000 firmas registradas a principios del mes de mayo por distintas entidades en el Congreso de los Diputados.

Por su parte Lara trasladó a los representantes de CAS que Izquierda Unida defiende a ultranza una sanidad pública de calidad, no valiéndole ni sistemas mixtos ni mucho menos privados, sistemas defendidos por el PP y por el Presidente Rodríguez Zapatero tal y como parece deducirse de las declaraciones realizadas en la pasada campaña europea ante los empresarios asistentes a la Asamblea del Instituto de Empresa Familiar en la que los animó a que invirtieran en temas relacionados con la dependencia y la salud. Así mismo les informó que ya en el mes de mayo del pasado año, nuestro diputado Gaspar Llamazares planteó en el Congreso de los Diputados dos iniciativas parlamentarias para modificar la ley 15/1997 con el fin de excluir de ésta la posibilidad de prestar y gestionar mediante acuerdos, convenios o contrato con personas o entidades privadas los servicios sanitarios.

Por último el Coordinador Federal se comprometió a llevar al Parlamento cualquier iniciativa que se oponga a la privatización de los servicios públicos, así como apoyar cualquier manifestación relacionada con el tema.